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AL ESTRADO 23 DIPUTADOS

AL ESTRADO 23 DIPUTADOS

Veintitrés de los 36 miembros de la Asamblea Departamental de Bolívar deberán ilustrar a la justicia sobre el manejo de 436 millones de pesos destinados, en teoría, a patrocinar los estudios de jóvenes pobres. Al menos tres de ellos habrán de decir, a instancias de una acción penal, por qué abandonaron su papel de benefactores y se apropiaron de dineros reservados al cumplimiento de un propósito social.

Los demás responderán cargos en el sentido de que exigieron comisiones a los beneficiarios de los auxilios canalizados, por exigencias de la ley, a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.

La intervención de la justicia penal fue demandada por la Procuraduría Departamental, que actualmente adelanta una formal investigación disciplinaria contra los presuntos implicados en la llamada ronda alegre de los auxilios .

El oficio que da traslado a la justicia ordinaria fechado ayer incluye los nombres de los diputados Manuel Antonio Buelvas Tovío, Robinson Rodríguez Zambrano, Aisor Arana Delgadillo, Nicolás Badran Castro, Simón Bosa López, Félix Ortega Torres, Carlos Guete Burgos, Andrés Ricaurte Armesto, Rafael Salazar Martínez, Pablo Emilio Sarmiento Maldonado, Alfredo Vega Sabagh, Oswaldo Vergara, Alejandro Arrázola Carrasquilla, Otomar Lascarro Silva, Elvira de Espinosa, Pedro Pereira Ramos, Fernando Tafur Díaz, Eligio Pérez Retamoza, Róbinson Rodríguez Zambrano, Fernando Colón Calados, Jaime Díaz Turizo, James Iglesias Romero, Libardo Simancas Torres y Luis Alfonso Meneses.

El expediente de la Procuraduría incluye los testimonios de nueve estudiantes, presuntamente beneficiados con la ayuda económica gestada en la Asamblea, que dijeron que la plata nunca les fue entregada.

Otros once, que reclamaron reserva para sus nombres, afirmaron que fueron utilizados para hacer un simple saqueo de dineros, ya que los diputados benefactores les exigieron comisiones, en muchos casos superiores al 60 por ciento de las sumas giradas a través de un banco.

Fuentes del Ministerio Público explicaron que el lío, afín a un caso de corrupción administrativa, tiene su origen en el desconocimiento de la Resolución número 01360 de junio 19 de 1989, mediante la cual la propia Asamblea estableció que los destinatarios finales de la ayuda financiera debían ser personas de escasos recursos económicos y de probados méritos académicos.

Curiosamente, en la lista de beneficiarios aparecen hijos de altos ejecutivos del sector empresarial y de dignatarios de cargos públicos que en realidad no necesitaban de auxilios.

Sin intención de prejuzgar, podría decirse que estudiantes solventes fueron utilizados para propiciar una fuga de recursos del fisco que fueron a parar a los bolsillos menos indicados , dijo uno de los investigadores.

Como lo Informó EL TIEMPO el 13 de marzo último, los pliegos de cargos se fundamentan en un posible desconocimiento de los trámites administrativos que incidieron en el manejo irregular de los 346 millones de pesos, incluidos por la Asamblea en el presupuesto de 1991.

Funcionarios de la Procuraduría dijeron que se adelanta una indagación en la seccional del Icetex con el propósito de determinar si este organismo se prestó de alguna manera para birlar el dinero.

Sin embargo, directivos del Instituto han declarado que éste se limita exclusivamente a cumplir la exigencia legal de canalizar el dinero, ya que en últimas quien determina las calidades del beneficiario es el propio diputado que constituye el fondo contratante del pago de los auxilios. El problema surge después del pago Funcionarios del Icetex rechazaron de plano versiones según las cuales algunas seccionales del Instituto han sido utilizadas para lavar auxilios .

Manuel Ramón Bula Bula, director del organismo en Bolívar, dijo que el problema que hoy motiva la intervención de la Procuraduría y de la justicia penal surgió después de girado el dinero.

Presuminos de buena fe que el beneficiario necesita realmente el dinero y recibe toda la plata. No estamos en capacidad de impedir que personas ajenas a él le quiten el auxilio , declaró.

Dijo que la valoración de la condición económica y la capacidad académica del beneficiario es una cuestión puramente subjetiva, que parte del hecho mismo de que es el diputado el que selecciona al aspirante.

El Icetex aportó la documentación necesaria para que la Procuraduría allegue nuevos elementos de juicio.

La Procuraduría ya ordenó la práctica de varias pruebas solicitadas por los diputados y en breve procederá a resolver de fondo.

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