STATUS POLÍTICO Y BELIGERANCIA

STATUS POLÍTICO Y BELIGERANCIA

Algunos sectores, de los llamados dirigentes, no parecerían darse cuenta de la responsabilidad insoslayable que les incumbe en la situación del país. Siguen enredados en sus pequeñas rencillas, o preocupados por un mero afán de figuración incompatible con la circunstancia histórica. No podemos pretender ingresar al siglo XXI en medio de una guerra que nos está retrasando y amenaza con afectar la viabilidad misma de Colombia como nación. Otros no quieren entender que la revolución, por la cual vienen luchando, sucumbió. No hace parte de los prospectos del desarrollo más equitativo y de la transformación progresista, tecnocientífica, que dejaron atrás, también, a una sociedad encerrada en viejos y nuevos privilegios. Es la guerra como método para resolver los conflictos de una nación lo que ha hecho crisis, irremediable, porque la violencia lo pervierte todo.

11 de marzo 1999 , 12:00 a. m.

El reconocimiento del status político a la guerrilla, que acertadamente ha hecho el presidente Pastrana Arango, hace parte, como el despeje de una amplia zona, de los actos de paz, de buena fe, de un gobierno que ha venido buscando aproximaciones audaces con los alzados en armas, que no se pueden encasillar en posiciones de partido o de clase.

Como lo expresó la Academia Colombiana de Jurisprudencia (en julio de 1997): Hay quienes se atribuyen una especie de derecho a la guerra mientras es el Estado el que tiene la obligación de la paz, que debe obtenerla inclusive contra el querer de los violentos...

Desde un punto de vista amplio, hay una diferencia sustancial, irremovible, entre el reconocimiento del status político a las guerrillas y un presunto reconocimiento de la calidad de beligerante. El primero se orienta al diálogo, levanta impedimentos, abre la puerta para utilizar instrumentos del derecho humanitario, que llegan más allá que la ley estricta. Supone entablar negociaciones, no apenas conversaciones, para acuerdos viables, ratificables no simplemente por las partes en combate, sino por el pueblo colombiano, en su conjunto, exasperado por la confrontación que lo empobrece y martiriza.

Se trata de resolver, gradual y civilizadamente, pero con hechos irreversibles, a través de concesiones mutuas razonables, acordes con el entorno internacional, las contradicciones salvables entre proyectos político-económicos e institucionales, de lo que podemos llamar el establecimiento y de quienes se han alzado en armas contra este. Mantener el statu quo, como si aquí no estuvieran pasando cosas tan graves y dramáticas como vienen pasando, es tan irrealizable como presumir que las mayorías nacionales se sometan a una revolución que no solo carece de respaldo popular suficiente, sino que no interpreta el espíritu de nuestro tiempo. Se quedó congelada en lo que pereció con el colapso soviético y tercermundista afín. Sería un cuerpo extraño en el mundo y en el continente; carecería de oxígeno histórico.

Hay que pasar todos de la lógica de la guerra y el exterminio a la lógica del reconocimiento mutuo con sentido de las proporciones y posibilidades de cambio. Ello supone concesiones recíprocas, encaminadas a la cesación de las hostilidades, con garantías suficientes para los combatientes. Con una participación internacional neutra, acordada por las partes.

El reconocimiento de la beligerancia sería lo opuesto. Implicaría conferirle vigencia al animus belligerandi, la decisión de seguir beligerando, de continuar, extender y profundizar el conflicto. Esta institución proviene de una etapa en que primaba la guerra entre naciones, y en que el juego de las alianzas de potencias hizo surgir la figura de la neutralidad. Con la aceptación universal de 1945, en la ONU, de un sistema de Seguridad Colectiva, los criterios básicos de neutralidad y beligerancia cambiaron. Entraron en desuso, y aplicarlos en un conflicto sin carácter internacional , como el colombiano, resultaría en contravía de las tendencias dominantes. La legitimidad del régimen colombiano no está en entredicho ni se trata de una dictadura que se niega a la solución negociada. Como lo señalan tratadistas autorizados, la neutralidad dejó de ser una barrera a la extensión de la guerra para convertirse (salvo excepciones aceptadas) en un incumplimiento de los deberes de la solidaridad. Que es ley de oro de la Seguridad Colectiva, tanto en la ONU como en el sistema regional de la OEA.

La Seguridad Colectiva está edificada sobre la multilateralización de la respuesta, que deja de ser intervencionismo indebido, descarta el unilateralismo y modificó el reconocimiento de la beligerancia. Porque no se ha construido para dejar a los Estados en el desamparo insolidario.

El marco jurídico se completa con el derecho humanitario vigente, que es también universal. Ningún Estado o movimiento guerrillero puede reformarlo o condicionarlo. Así el artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra establece que su aplicación no tendrá efecto sobre el status jurídico de las partes contendientes en un conflicto sin carácter internacional. Es decir, que no supone el reconocimiento de la beligerancia. Y el artículo 3 del Protocolo II de Ginebra, al definir la no intervención , reconoce la responsabilidad del Estado para mantener o restablecer el orden, defender la unidad nacional y la integridad territorial... por todos los medios legítimos .

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