OJALÁ NO NOS MATEN

OJALÁ NO NOS MATEN

La terrible frase que encabeza esta columna la pronunció en días pasados el presidente del Tribunal Nacional, Mauricio Quintero, al referirse a la inminente desaparición de la justicia sin rostro.

14 de marzo 1999 , 12:00 a. m.

En efecto, en menos de tres meses será desmontada la llamada justicia regional, o de orden público, que surgió en el Gobierno Barco como respuesta del Estado a la feroz campaña criminal del narcotráfico contra los entonces jueces de instrucción o magistrados que se atrevían a fallar en su contra.

Fue un recurso defensivo del Estado contra el régimen de terror que montaron Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y sus secuaces para intimidar a la Justicia. Brutal campaña de exterminio que llegó a extremos espeluznantes.

Basta recordar el caso del magistrado Carlos Valencia, que dictó una providencia contra Pablo Escobar a las cuatro de la tarde y a las seis y media del mismo día estaba muerto. O el de la juez que falló contra Escobar por el asesinato de Guillermo Cano y le tocó salir del país, pero en represalia le mataron a su padre al otro día. O, para no ir más lejos, el de los ministros de Justicia Rodrigo Lara y Enrique Low, acribillados por el narcoterrorismo. Amén de los centenares de jueces, magistrados y testigos que fueron cobardemente asesinados.

Este recurso, que ha sido aplicado contra la mafia en países como Italia, se concibió para proteger a jueces y testigos de este tipo de violencia. Pero por mandato del Congreso los jueces sin rostro dejarán de operar a partir del primero de julio.

Es difícil entender que se esté dando este paso, cuando la violencia contra las instituciones sigue sin tregua y cuando se habla de que narcos hoy extraditables piensan revivir el narcoterrorismo.

No se puede negar que un sistema que fue ideado para narcotráfico y terrorismo comenzó a extenderse a muchos casos, como porte ilegal de armas e inclusive a los de corrupción política, y que hubo abusos, extralimitaciones y detenciones innecesariamente largas. El anonimato también se prestó en ocasiones para chantaje y extorsión.

La clonación de testigos en el juicio contra miembros de la Uso fue un claro ejemplo de abuso. Recuerdo un caso francamente grotesco, que implicó a dos periodistas amigos que, a raíz del célebre caso de Carlos Ossa, dijeron que la marihuana no era dañina, y terminaron demandados por apología del delito , rindiendo declaración ante juez sin rostro en cabina con voz distorsionada.

Pero esa no fue la regla. Con la justicia regional, el país comenzó a darse cuenta de que terroristas, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros sí podían ser llevados a la cárcel. Sin reserva de la identidad de los fiscales, y sobre todo de los testigos, muchas de estas investigaciones hubieran fracasado. Y las condenas tampoco se habrían producido.

Solo en el último año y medio se han dictado más de 2.600 resoluciones de acusación y 1.636 condenas por delitos de paramilitarismo, terrorismo y narcotráfico. Pero hoy estamos al borde de eliminar esta figura. Como si hubieran desaparecido las condiciones que la originaron.

Gran parte de las críticas contra la justicia sin rostro provienen de las ONG que consideran que ha habido violaciones del debido proceso. Lo que resulta un tanto paradójico es que sean precisamente estas organizaciones las que más resultados exigen en materia de masacres y asesinatos políticos, y que la gran mayoría de los éxitos judiciales en estos casos ha sido posible gracias a la reserva de identidad de los testigos. Quién declararía de cara abierta contra líderes paramilitares en Córdoba, o contra jefes de las Farc en zonas de influencia guerrillera? Vamos a terminar con honestos jueces con rostro y con un puesto asegurado en el cielo , dijo hace poco el Fiscal Gómez Méndez, quien ha advertido en forma reiterada el peligro que significa dejar a la Justicia totalmente indefensa frente a la intimidación de los violentos.

Ante el plazo perentorio para desmontar la justicia regional, qué pasará con los procesos en curso? Y con las personas que declararon bajo reserva de identidad? Al caerse estos procesos habrá excarcelaciones masivas? Los jueces regionales, que se la han jugado contra la gran delincuencia, van a quedar todos sin puesto? El Gobierno debe ponerse las pilas para impulsar el proyecto de ley que busca facilitar su permanencia laboral; que los procesos iniciados continúen como tales y que quede alguna cláusula para casos especiales.

Porque un país y unas instituciones sometidas a todas las formas imaginables de intimidación, no pueden dejar a su Poder Judicial de tal manera impotente. Y porque es mejor tener jueces sin rostro, pero con vida.

Hablando de estos temas, una tangencial observación final. Conozco a Alfonso Gómez Méndez y, aunque pueda no gustarme que le brinde al samperismo lechonas tolimenses en su casa, me parece tan desmedida como injusta e infantil la campaña de descrédito a la que pretende someterlo mi amigo Juan Carlos Pastrana.

La irreverencia tiene sus límites. Sindicar al Fiscal de complicidades de cualquier índole con el narcotráfico es no solo irresponsable, sino peligrosamente provocador. Primero, porque su carácter y trayectoria lo desmienten. Segundo, porque coloca a su hermano menor el Presidente en la insostenible posición de tener a un Fiscal General de la Nación que sería un enemigo del Estado.

Para no hablar de la incómoda situación de su homóloga gringa, la honorable y vehemente señora Reno, cuya reunión más importante en Colombia fue con Gómez Méndez. Ni de la del mejor policía del mundo, el intachable general Serrano, que también ha respaldado actuaciones del Fiscal.

Entonces, por favor, mesura. O, al menos, alguna señal de Andrés. Quizás en el sentido de que uno escoge a los amigos, a los aliados, o a los socios. Pero no a los hermanos.

Estos están sembrados, ahí, desde un comienzo. Y a veces toca aclarar, sobre todo cuando de política se trata, que no siempre están con uno

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