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GOLPES, APAGONES Y DEBATES MORALES

GOLPES, APAGONES Y DEBATES MORALES

Venezuela y, a los dos meses, Perú. Dos golpes cercanos, seguidos y hasta cierto punto parecidos. Diferentes si acaso en forma y resultado. El peruano fue desde adentro. Como el que propinó Bordaberry en Uruguay en 1973. Fujimori, sin partido ni congresistas propios, de la mano del Ejército, disuelve el Congreso, la Corte Suprema y asume plenos poderes. El frustrado intento golpista de Venezuela fue desde afuera: un sector militar buscaba derrocar al presidente en ejercicio y asumir el poder. Un pinochetazo fallido.

Ambos, sin embargo, expresan una reacción frente a la clase política y el poder judicial. En Venezuela se manifestó contra el presidente Pérez y su partido político como símbolos de la descomposición reinante, mientras que en Perú, el golpe cívico-militar de Fujimori escogió al Apra, partido mayoritario, como blanco central de su presunta acción moralizadora.

Las expresiones de respaldo ciudadano que en ambos casos se han registrado reflejan el grado de descontento popular con la corrupción política y la ineficacia de la Justicia. Y, por supuesto, el malestar social creado por los programas de ajuste económico. Se trata, en fin, de dos experiencias golpistas muy seguidas en países limítrofes. Una inquietante muestra de la fragilidad que hoy exhibe la democracia latinoamericana. Un síntoma más de que la crisis se extiende (ojo al Brasil), en un Continente agobiado por la deuda externa y que no logra conciliar sus políticas de privatización y apertura económica con el eficaz funcionamiento de instituciones y partidos crecientemente cuestionados por el pueblo. En el caso del Perú, preocupa que lo sucedido pueda legitimar de cierta manera a Sendero Luminoso, que algunos temen podría capitalizar la oposición contra el nuevo régimen cívico-militar. Según Fujimori, la ingobernabilidad que había impuesto el Congreso impedía una acción eficaz contra la subversión. Falta ver si las medidas de excepción y la ausencia de garantías políticas fortalecen la lucha antiterrorista. O si más bien la debilitan. Lo que en este campo suceda tiene, por obvias razones, enorme interés para Colombia. Mal se podría achacarle a este Gobierno la culpa del racionamiento. El problema viene de atrás y fue precipitado por el peor verano de los últimos años. Pero ya la gente comienza a ubicar las responsabilidades concretas que le puedan caber en este drama colectivo. Y no sin razón, pues ha pecado por lo menos de imprevisión. El Gobierno parece haber sido tomado tan de sorpresa por el apagón como los incautos ciudadanos, que no tenían por qué saber lo que se venía. Pero el Gobierno sí. Y nunca lo advirtió. Por el contrario, anunciaba ambiciosos planes de apertura y modernización de la economía en los que el único obstáculo que jamás se mencionó, fue el de una crisis energética que lesionaría tan gravemente la capacidad productiva del país. La inadvertencia fue tal, que ISA estuvo sin gerente durante todo el año pasado. No se activaron la interconexión eléctrica con Venezuela, ni el mantenimiento de las termoeléctricas. Y se siguió repartiendo kilo-votos alegremente, pese a que los embalses ya mostraban niveles preocupantes. El propio presidente Gaviria ya sugirió que las empresas de energía habían cometido errores en el manejo de aguas el año pasado. A todo esto se suma el hecho de que, hace menos de un año, el 21 de mayo del 91, el Conpes (Consejo de Política Económica y Social) aprobó un documento de Planeación Nacional que hablaba de que el país tenía un sobredimensionamiento eléctrico del 30 al 40% y contaba con más del doble de las reservas necesarias en este campo. Difícil imaginar un despiste parecido. En mi columna del domingo me referí al peligro de que el sano afán moralizador encarnado por el juez 23 de Instrucción Criminal de Bogotá pudiera degenerar en una mal orientada cacería de brujas. Ya comienzan a aparecer ejemplos de lo anterior. El más aberrante es el debate que se ha pretendido montarle al ministro de Gobierno, Humberto De la Calle, por supuestas incompatibilidades cuando asumió su cargo. Pretender convertir en problema ético una circunstancia puramente formalista, relacionada con las fechas en que sustituyó sus poderes como abogado, no es la clase de cruzadas moralizadoras que el país espera y reclama. Sobre todo cuando se dirigen contra hombres que se han destacado por su probidad y rectitud. Tanto en el campo privado como en el de servicio al Estado. Lo que este país necesita son más funcionarios como Humberto De la Calle. Y menos falsos moralizadores en trance de acaparar titulares.

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