PLIEGO DE CARGOS AL ALCALDE DE TUNJA

PLIEGO DE CARGOS AL ALCALDE DE TUNJA

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el alcalde de Tunja, Jairo Aníbal Díaz, por presuntas irregularidades en la celebración del contrato con la firma Matiz Bustos, cuyo objeto era el cobro del impuesto predial en la ciudad.

06 de agosto 1999 , 12:00 a. m.

Por su parte, y por el mismo contrato, la Fiscalía 19 dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, contra el Jefe de la División Financiera y la Jefe de Tributos del municipio. La decisión también cobija al contratista Jorge Matiz Bustos.

Los encartados deberán responder por los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en celebración de contratos.

José Danilo Amézquita Amézquita, director de Recursos Financieros del municipio y Luz Marcela Peña Russi, jefe de la División de Tributos del municipios no podrán salir del país, mientras el Alcalde decide la suspensión de sus cargos, -en un plazo menor a cinco días- pues fue conminado a ello por la Fiscalía.

La investigación contra el Alcalde, los dos funcionarios y el contratista se inició a instancias de la Personería Municipal y posteriormente fue asumida por la Procuraduría.

Fue la Procuraduría la que formuló pliego de cargos al Alcalde y la decisión contra él se encuentra para fallo en la Procuraduría Delegada para la Contratación Administrativa. También fue la Procuraduría la que compulsó copias a la Fiscalía. Ahora al municipio le corresponde constituirse en parte civil dentro del proceso.

Contrato ilegal Esta medida es la primera que se produce desde que los organismos de control iniciaron la investigación sobre el contrato de prestación de servicios que el Municipio y la firma Matiz Bustos celebraron en diciembre de 1998, con el fin de que esta última realizara la recuperación de la cartera morosa del impuesto predial.

Al parecer, al realizar la negociación, la Administración violó normas de transparencia y legalidad en la celebración de contratos, pues delegó funciones propias en terceros. El Fiscal, Germán Soler Mantilla, consideró que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 contempla que no es factible realizar este tipo de contratos cuando la entidad, en este caso el municipio, cuenta con el personal y equipos para realizar la labor.

El cobro coactivo debe estar delegado en el tesorero municipal , dijo un abogado consultado sobre el particular.

Adicionalmente a lo anterior, el contrato firmado con Matiz Bustos es de carácter indefinido y en administración pública los contratos deben tener un término.

Además, el alcalde, Jairo Aníbal Díaz Márquez, según las denuncias, no realizó una invitación pública o privada para que varias empresas especializadas presentaran sus propuestas, y también fijó un pago demasiado alto al contratista (20 por ciento) por la recuperación de cartera, con lo que se estarían lesionando los intereses del municipio.

Con respecto al tema, el Alcalde, Jairo Aníbal Díaz, indicó que se trata de una etapa en el proceso, en el que se vencieron unos términos a los que hay que dar cumplimento. No se trata de que haya algo ilegal ni nada por el estilo. Simplemente entregaremos las pruebas que se requieren para demostrar que no hemos cometido ninguna irregularidad , dijo Díaz Márquez, quien se abstuvo de hacer más comentarios.

Recuadro Los encartados Marcela Peña Russi y Danilo Amézquita, son los funcionarios de la Administración Municipal afectados por la medida de aseguramiento. La primera es Jefe de la División Tributaria y supervisora del contrato, mientras que Amézquita, es el jefe de la División de Finanzas.

El tercer afectado por la medida de aseguramiento es el contratista Jorge Matiz, quien por su calidad de servidor público (un particular que contrate con el Estado se convierte en servidor público), enfrenta el mismo cargo. Al cierre de esta edición Matiz no había sido aun notificado por la Fiscalía.

A los encartados la Fiscalía les determinó como lugar de reclusión la cárcel para funcionarios públicos de Chiquinquirá.

CUMPLIENDO NORMAS Habla el Alcalde El siguiente es el contenido de una entrevista realizada por Boyacá 7 días hace cinco meses, cuando comenzó la investigación.

Boyacá 7 días. Por qué entregó a particulares una función que sólo debe ser ejercida por la misma administración? Jairo Aníbal Díaz Márquez. Mi administración no contrató a unos chepitos , sino una tecnología y un sistema moderno para actualizar la base de datos de los morosos del predial. La empresa Matiz Bustos tiene la infraestructura y el sofware para lograrlo. En ningún momento están oficiando como cobradores de cuentas morosas. Esta empresa hizo en pocos días lo que nosotros sabemos cómo se hace pero que no tenemos la tecnología ni la capacidad para realizarlo, como es el hecho de tener que actualizar la información de unos nueve mil predios, liquidar la deuda a cargo de cada contribuyente, construir una base de datos confiable y elaborar y enviar a cada propietario la factura de cobro respectiva.

Por qué su administración contrató a la empresa Matiz Bustos, sin haber hecho una invitación pública o solicitud de propuestas a varias empresas especializadas en cobro?.

Precisamente porque no se trata de realizar los cobros sino de prestarnos el apoyo logístico para que nosotros los podamos efectuar. En el mercado boyacense no hay empresas de este tipo. Hay firmas especializadas en cobranza pero no con el sofware que ya le mencioné y que es el que nos ha facilitado a la fecha de hoy, saber cuánto nos deben realmente los contribuyentes del predial.

B7D. Cuánto es el monto de la cartera morosa?.

Inicialmente se había dicho que la cartera ascendía a los seis mil millones de pesos. Después de realizar el proceso de depuración, proceso que hicimos desde principios del año pasado, y después de terminar la primera fase del cobro de cartera morosa, tenemos claro dos cosas: del total de la cartera, solamente el 45 por ciento corresponde a capital y el 55 por ciento restante corresponde a intereses de mora, sanciones y multas. Y el valor real de deuda recuperable por este concepto se acerca a los 3.500 millones.

El valor de los honorarios que su administración le paga a la empresa Matiz Bustos es el equivalente al 20 por ciento de la suma recaudada. Este valor no es demasiado alto y lesivo para los interese del municipio? Hay que aclarar que aunque en el contrato se determinó un monto del 20 por ciento sobre la suma recuperada, este se hace efectivo sobre el valor del capital y no del total recaudado. Ya dije que el capital real de la cartera equivale aproximadamente al 45 por ciento, suma sobre la cual se cancela el porcentaje citado y que del total del valor recuperado vendría a ser más o menos el nueve por ciento.

Si usted sabía que la cartera morosa por concepto de predial era tan alta, aun antes de posesionarse como alcalde de Tunja, por qué hasta ahora se decidió a realizar el cobro del impuesto, otorgando un plazo tan corto para su pago y de paso con amenaza de cobro coactivo? El proceso de cobro empezamos a realizarlo desde los primeros meses de mi administración. Primero había que depurar la información. Ese fue el primer paso. Conseguido este objetivo procedimos a dar el segundo paso que fue contratar la empresa. En cuanto a que el plazo es corto, no es cierto, porque desde años atrás se venían desarrollando los cobros por la anterior administración.

En cuanto a la amenaza de cobro coactivo, creo que no la hay porque la ley nos faculta para recuperar la cartera y el cobro coactivo es una de las medidas que se pueden tomar. La advertencia no sobra porque es mejor que la gente sepa a qué atenerse.

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