EL ACCIONISTA O LA RESERVA BANCARIA

EL ACCIONISTA O LA RESERVA BANCARIA

Pese al pedido de los antiguos dueños del Banco de Colombia, ahora accionistas minoritarios, de aplazar la asamblea de la entidad, programada para el próximo martes en Medellín, alegando lesiones en su derecho de inspección de los libros de la entidad, todo indica que no se cambiará ni el día ni la hora. Pero lo que sí se garantiza es que será una asamblea tensa por el enfrentamiento entre los nuevos dueños, el Sindicato Antioqueño, y los Gilinski, ahora accionistas menores y que a finales de 1997 vendieron la mayor parte de las acciones que permitieron la fusión de la entidad con el Banco Industrial Colombiano, BIC.

18 de marzo 1999 , 12:00 a. m.

Pero el asunto va más allá de la disputa, ya de por sí un asunto grave, tal como lo publicó PORTAFOLIO en su edición de ayer. Aunque no es la primera vez que ocurre, dada la magnitud y poder de las partes, lo que en el fondo implica es la apertura de un debate sobre dos temas: a partir de qué momento se considera que hay reserva bancaria en el sistema financiero y en segundo término, hasta dónde llega el poder de los accionistas minoritarios en una compañía cualquiera.

Accionista o reserva Tanto la Superintendencia Bancaria como la Supervalores se han pronunciado sobre el tema, cada entidad desde su propia óptica. El Sindicato Antioqueño se ha acogido al concepto de la primera en tanto que los apoderados de Gilinski creen en el segundo.

El asunto ya había sido debatido en ocasiones anteriores y específicamente en el caso de la corporación Granahorrar, antes de su intervención por el gobierno, en el momento en que los accionistas minoritarios acusaron a la administración de la entidad y a los socios con mayor participación, de limitarles el acceso a la información financiera. La realidad es que en ese momento como ahora, había una gran pelea entre unos y otros.

La Superintendencia Bancaria se pronunció en su momento favoreciendo a los accionistas mayoritarios, en los siguientes términos: ...si bien con fundamento en el derecho de inspección, los accionistas pueden conocer todos los libros y documentos que soportan los registros contables de la sociedad para verificar y examinar la situación financiera del establecimiento de crédito, tal derecho se circunscribe a datos generales que no involucren la información confidencial y comercial de su clientela como quiera que, de una parte, ésta se encuentra amparada por la reserva bancaria y el secreto comercial y, de otra, los socios permanecen al margen de la actividad operativa de la institución, lo cual lo constituye en terceros frente al conocimiento de la misma.

Por tanto, el hecho de divulgar a sus socios la información relacionada con sus clientes, en este caso los beneficios de un crédito constructor, vulnera el secreto comercial típico de esta clase de sociedades y adicionalmente, el conocimiento de tal información podría originar la transgresión de lo que doctrinal y jurisprudencialmente se conoce como reserva bancaria, generándole perjuicios no solo de índole económico al ente social, sino consecuencias de orden legal .

Pero por otro lado, el Código de Comercio le da a los accionistas el derecho a inspeccionar los libros y documentos, sin importar el número de acciones que tengan, con excepción de aquellos que versen sobre secretos industriales o aquellos que de ser divulgados pueden ser utilizados en algún momento en detrimento de la sociedad.

Hace unos días, el Superintendente de Valores, Gabriel Taboada, dijo que esa entidad ha venido trabajando en el derecho de inspección para proteger al inversionista minoritario, con el fin de que este pueda antes de la asamblea tener acceso a todo tipo de información, excepto la información de interés público que sea secreta como la fórmula de un producto. La Supervalores está en proceso de definir el alcance de esa inspección.

Dado que esta entidad tiene como misión estimular el crecimiento del mercado de capitales, parece lógica su posición de proteger al pequeño accionista, en el entendido que solo conociendo la realidad detallada de una empresa, un potencial inversionsita toma la decisión de comprar acciones de determinada empresa.

Los accionistas minoritarios se han dirigido a la Contraloría General de la República para que establezca si hay alguna violación por parte de la Superbancaria a sus derechos, privilegiando de paso al accionista mayoritario, en este caso el Sindicato Antioqueño.

El Contralor General, Carlos Ossa, se pronunciará con urgencia antes del próximo lunes, acerca de la actitud del Superintendente Bancario, Edgar Lasso.

De todas maneras, el concepto de Ossa no llegará al tema de fondo de la controversia, que no es otro que definir la supremacía entre el accionista, por pequeño que sea, o la reserva bancaria.

La verdad En los medios financieros se especulaba ayer acerca de las razones que llevaron al enfrentamiento entre las dos partes, más si se tiene en cuenta que sus relaciones fueron muy cordiales hasta mediados del año pasado.

Y la pregunta es: es solo un problema de suministro de información financiera? o Hay algo más grave?. La suspicacia da para todo.

Lo cierto es que el ejercicio de 1998 marcará un cambio en la tendencia de la entidad financiera: por primera vez en su historia, los accionistas paisas no recibirán dividendo alguno. Muchos culpan de ello a la fusión con el Banco de Colombia.

Al interior del antiguo BIC se comenta en voz baja que los antiguos dueños del Banco de Colombia no entregaron toda la información en el momento de la negociación y hasta han llegado a insinuar que el negocio no resultó como lo esperaban.

Lo que sí confían los accionistas antioqueños es poder manejar la asamblea del Banco sin mayor problema, no solo porque tienen la participación mayor, sino porque las acciones de los Gilinski son preferenciales sin derecho a voto y en esos términos no podrán vetar los estados financieros.

DESPROPORCION Acerca de la primicia de PORTAFOLIO, el Banco de Colombia, expidió ayer un comunicado, en el que entre otros puntos explica: 1. Los Gilinski han venido estudiando intensamente los estados financieros y demás libros y papeles del Banco, desde el 1o. de marzo de 1999, primer día hábil para el ejercicio del derecho de inspección que la ley consagra en favor de los accionistas, a través de distintas personas.

2. Para el efecto, el Banco ha puesto a disposición de ellos, de conformidad con la ley y la doctrina reiteradas por la Superintendencias Bancaria, de Sociedades y de Valores, libros y papeles, como el balance general a 31 de diciembre de 1998, actas de asamblea y de junta directiva, libro de registro de accionistas, comité de cartera, comité de auditoría, comité de activos y pasivos, informe del revisor fiscal, informe del presidente, correspondencia con la Superbancaria y Supervalores, Libro Mayor, correspondencia de la fusión, documentos sobre emisión de acciones, enajenación y venta de inmuebles, escrituras y estatutos del banco, balances y documentos sobre ajustes debido a la fusión.

3. También han pedido que se les suministre copia o fotocopia de todo lo anterior, a lo cual se les ha manifestado que tal solicitud es desproporcionada, pues ello implica duplicar prácticamente los principales archivos de la entidad, además de que, de conformidad con la ley, el derecho de inspección debe cumplirse dentro de las oficinas del banco y no por fuera de las mismas, lo cual excluye la posibilidad de suministrarles dichas fotocopias.

4. Adicionalmente requirieron información crediticia de 111 sociedades, algunas de las cuales tienen la calidad de accionistas del Banco. Al respecto, siguiendo doctrinas que la Superintendencia Bancaria mantiene desde 1996, se les explicó que dicha información estaba protegida por la reserva bancaria y que por consiguiente, sólo con la autorización del cliente se les podía suministrar.

5. Inconformes con nuestra posición y en ejercicio del derecho de petición, pidieron el 8 de marzo la intervención de la Superintendencia Bancaria, única entidad que en este caso puede dirimir la controversia de conformidad con el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, y esta, siguiendo la posición que viene sosteniendo desde 1996, les manifestó en carta del 11 de marzo que no es jurídicamente viable que el Bancolombia suministre la información solicitada en lo que respecta a las operaciones activas de crédito realizadas con su clientela y que no es legalmente procedente que Bancolombia permita que se fotocopie la información solicitada por los acciones y apoderados .

6. Como puede observarse, el Banco ya suministró a los accionistas que lo han requerido o a sus apoderados, lo que en sentido estricto son sus estados financieros y demás documentos que ordena la ley para el ejercicio del derecho de inspección.

7. Entre las distintas Superintendencias no hay conflicto doctrinal sobre el derecho de inspección, sino, por el contrario, hay una gran coincidencia sobre el particular.

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