EL IMPUESTO PREDIAL

EL IMPUESTO PREDIAL

La inusitada afluencia de solicitudes de autorización para no reajustar el autoavalúo de los predios e inmuebles urbanos, es una clara indicación de la incorfomidad ciudadana con la disposición que obliga a hacerlo en un 14 por ciento, que es la inflación esperada para este año, pero que no es, necesariamente, el incremento en el valor de los inmuebles, en un momento de severa recesión, como el que vivimos.

19 de marzo 1999 , 12:00 a. m.

Recesión que ha incidido especialmente, por razones muy particulares, sobre el sector de los bienes raíces, que han disminuido su valor comercial, a causa de la acumulación de inventario en poder de las entidades crediticias, que debieron recoger una inmensa cantidad de propiedad de constructores arruinados y de propietarios que no pueden pagar las cuotas, que servirán para la oferta de los próximos años y son, precisamente los que impiden una reactivación del sector de la construcción.

Ante la fuerte recesión que sufre el país, la reacción de las autoridades tributarias ha sido apremiar más y más al contribuyente, con nuevos tributos y con aumento de los existentes, que no hace más que aumentar la recesión al trasladar recursos que podrían utilizarse para reactivar la economía, al sector público, que es en su mayor parte improductivo. Una condición indispensable del tributo es que sea justo, para que no invite a la evasión, ni a producir protestas como la que ahora vemos contra el reajuste de los avalúos.

Es indudable que la inflación no es un índice apropiado de la valorización de los bienes raíces. Tal vez en épocas de alta inflación, pueda haber alguna correlación, pero cuando la inflación desciende, como está ocurriendo afortunadamente en Colombia, ya no es tan fácil ligar las dos variaciones de precios, pues el mercado inmobiliario está influido por factores de demanda, que afectan los precios que rigen en él.

Varias veces nos hemos referido a este problema, que ahora adquiere pública figuración, por el rechazo de las gentes a afectar el avalúo de sus propiedades con un índice que ellos sienten que es irreal y que además les produce un aumento de sus impuestos que les afecta aún más su ya disminuida capacidad de pago.

El exalcalde Jaime Castro presentó al Congreso, hace meses, un proyecto de ley, que permitía a los propietarios, no aumentar el avalúo si consideraban que sus bienes raíces no se habían valorizado en el año anterior y si mal no estamos, con base en un certificado de un miembro de la Lonja, que el contribuyente debería guardar para exhibirlo ante los funcionarios del Distrito, en caso de que se lo exigieran. Este proyecto no avanzó en el parlamento, pues no tenía padrinos y más bien contaba con la oposición del gobierno capitalino. Parece que en la actualidad cursan el Congreso otros proyectos en el mismo sentido, cuyo destino no parece ser distinto al mencionado.

Pero no contento con la situación general descrita, el Distrito Capital reavaluó cerca de 50.000 predios, con aumentos superiores al 15 por ciento obligatorio. Los casos que conocemos son francamente injustos, pues se trata de propiedades modestas, situadas en conjuntos donde hay numerosas unidades para la venta, cuyos precios descienden cada día. El ánimo alcabalero del Distrito Capital, no hace honor a su administración, que hemos defendido en muchas ocasiones.

Sería el momento para revisar las disposiciones legales que regulan estos aspectos de la tributación municipal, para adoptar esquemas más justos y que contemplen todas las circunstancias posibles, especialmente ahora que se reduce en forma apreciable la cifra de la inflación, que ya tiende hacia la meta de un dígito que han acariciado desde hace tiempo economistas y dirigencias económicos.

Debemos felicitar al doctor Mario Suárez Melo y a la fundación que preside, por haber sensibilizado a la comunidad sobre este tema, de gran importancia para la ciudad y para sus habitantes. Esperamos que continúe con sus campañas cívicas y que insista en el tema del impuesto predial, que se ha vuelto de gran importancia por su incidencia en las finanzas de los bogotanos.

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