LOS LAZOS FAMILIARES ENREDAN A SILVANIA

LOS LAZOS FAMILIARES ENREDAN A SILVANIA

Ricardo Castillo, quien entre 1995 y 1997 fue director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y secretario de Gobierno de Silvania (Cundinamarca), se tomó en serio el lema que identificaba a la alcaldía: un gobierno para todos.

02 de marzo 1999 , 12:00 a. m.

En realidad fue para todos, incluidos sus familiares, que entre abril de 1995 y septiembre de 1996 contrataron en 20 ocasiones con el municipio: 4 el papá, 4 la mamá, 2 el hermano y 10 el padrastro.

Castillo firmaba el recibo de los materiales que suministraban sus allegados, como ocurrió con una caja de vacunas entregada a la Umata por su padrastro Alfonso Aguirre, quien es obrero de construcción.

El artículo octavo del Régimen de Contratación Administrativa, advierte sobre la ilegalidad cuando funcionarios contratan con familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad (hermanos y primos), segundo de afinidad (cuñado o suegra) o primero civil (esposa).

No obstante, la mamá de Castillo, Arcelia Agudelo, quien a la vez era secretaria de la Caja Agraria, fue beneficiada con 4 contratos por valor de 1 millón 750 mil pesos. Una de esas cuentas fue cobrada por Castillo.

Quien también retiraba cheques de la tesorería municipal por concepto de pago de cuentas de cobro a terceros, era el concejal Antonio Gómez Gutiérrez.

Contratistas fantasmas Gómez cobró 21 cuentas que estaban a nombre de Héctor González, Manuel Riveros y Mario Peña, por valor de 10 millones 300 mil pesos.

Los dineros terminaron consignados en la cuenta de Bertha de Gómez, esposa del concejal, y quien afirmó que estaba autorizada por González, Riveros y Peña.

Sin embargo, Peña y Riveros, al ser indagados por la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, que lleva a cabo la investigación (ver recuadro), dijeron que nunca habían contratado con la alcaldía.

También tratando de esquivar las inhabilidades en la contratación, el entonces gerente de la Caja Agraria de Silvania, Alvaro Rojas Castro, acudió a otra fórmula .

El funcionario pedía las llantas a Bogotá y posteriormente le solicitaba a Evelio Baquero, dueño de un supermercado en Silvania, que presentara la cuenta de cobro ante la alcaldía. Así fue como Rojas contrató indirectamente en cinco ocasiones, por valor aproximado a los 20 millones de pesos.

Aún no se ha establecido la cuantía de este tipo de desembolso. Tres funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca están realizando una auditoría que ya intentaron hacer en noviembre de 1997. En esa ocasión, el investigador delegado terminó implicado en un proceso penal por supuestamente haber recibido dádivas de parte de funcionarias de la alcaldía de Silvania.

Yo retiro, tu retiras...

La tesorería de Silvania fue escenario de otros casos. El entonces alcalde, Willer Barrera, aceptó haber sacado de la tesorería dinero prestado . El hueco era cubierto con cheques que se autogiraba la administración.

Otra modalidad de sanear el retiro de los recursos era con pagos de suministros ficticios. Muchas de las cuentas eran de familiares de los funcionarios , dijo el director de Investigaciones de la Contraloría de Cundinamarca, Carlos Suárez.

Ante estos hechos, el ex alcalde Barrera pidió a la Fiscalía la sentencia anticipada. Actualmente está preso en la estación de policía de Fusagasugá.

Por similar solicitud optó Víctor González, empleado de la tesorería, quien admitió haber permitido el giro 11 millones de pesos a su esposa, Gladys Rodríguez. Aunque diez días después el dinero fue reintegrado, este había sido utilizado por la pareja en la compra de un lote, en sociedad con Pedro Pulido, también empleado de la tesorería.

Sin duda, un gobierno para todos.

Cinco con detención domiciliaria Cinco de los implicados en estos hechos están actualmente bajo detención domiciliaria.

Según la Fiscalía de Cundinamarca, se trata de Ricardo Castillo, ex secretario de Gobierno; Bertha de Gómez, esposa del concejal; Olga Janeth Beltrán, ex funcionaria de la tesorería; Pedro Julio Cruz, ex jefe de Control Interno y Edilberto Barrera Durán, ex tesorero de Silvania.

Otras seis personas fueron llamadas a juicio por la Fiscalía. El expediente está ahora en manos del juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá que proseguirá el proceso a Antonio Gómez, ex concejal; Alvaro Rojas Castro, ex gerente de la Caja Agraria; Arcelia Agudelo, ex secretaria de la Caja Agraria; Pedro Pulido Castro, ex funcionario de la tesorería; Luz Marina Suárez Bello, ex liquidadora de la tesorería y Hugo Humberto Herrera Manrique, ex investigador de la Contraloría de Cundinamarca.

El 15 de diciembre del año pasado la Fiscalía Seccional de Cundinamarca profirió resolución de acusación contra José Oliverio Castillo y Luis Eduardo Castillo, padre y hermano, respectivamente, del entonces secretario de Gobierno, por el presunto delito de violación al régimen de inhabilidades.

Igualmente contra Amanda Barbosa Cubillos, ex tesorera de Silvania.

Por el presunto delito de peculado por apropiación, la Fiscalía profirió resolución de acusación contra María Teresa Piernagorda, ex funcionaria del municipio de Silvania.

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