JALÓN DE OREJAS A FISCALÍA POR INSUBSISTENCIA A FISCAL

JALÓN DE OREJAS A FISCALÍA POR INSUBSISTENCIA A FISCAL

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado anuló la resolución de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual declaró insubsistente el nombramiento de Fiscal Delegado ante los jueces municipales y promiscuos de la seccional de Fiscalías de Montería, de Antonio Musiri Gutiérrez.

22 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

La alta corporación ordenó a la Fiscalía reintegrar a Musiri al mismo cargo que venía desempeñando o a otro igual o similar.

También condenó al organismo investigador a pagarle los sueldos y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo el retiro del servicio y hasta cuando sea reintegrado al mismo.

Los magistrados del Consejo de Estado consideraron como un acto ilegal la decisión de la Fiscalía en contra de Musiri Gutiérrez.

El pronunciamiento del Contencioso Administrativo se conoció como respuesta al recurso de apelación que el demandante interpuso al fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba que denegó su solicitud.

En la demanda Musiri Gutiérrez subraya que para llegar al cargo de Fiscal, --que desempeñó desde el 9 de junio de 1994 hasta el 26 de marzo de 1997-- tuvo que superar un concurso público de méritos que se realizó en Barranquilla.

Expresa también que durante el tiempo que prestó sus servicios demostró eficiencia, idoneidad y eficacia, y nunca fue sancionado ni investigado penal ni disciplinariamente. Por tanto, aseguró, la Fiscalía General desconoció mandatos constitucionales y legales de la función pública y carrera administrativa.

Subrayó igualmente el demandante que al momento de ser desvinculado del cargo aún no se había designado a la persona que debía reemplazarlo, lo que equivale a una desmejora del servicio.

En sus consideraciones definitivas el Consejo de Estado concluyó que la provisión de los empleos en la Fiscalía debe adelantarse previa superación de las etapas de concurso.

Finalmente afirma que no era jurídicamente viable el retiro mediante la insubsistencia en ejercicio de la discrecionalidad del Fiscal General, sino por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación al régimen disciplinario o por las demás causales previstas en la Constitución y la ley .

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