ACCIONES POPULARES, EN MARCHA

ACCIONES POPULARES, EN MARCHA

Si usted considera que en materia de prestación de servicios públicos, protección del medio ambiente, salubridad, espacio público, seguridad o moralidad administrativa no le están cumpliendo como debe ser, ahora la ley ha puesto a disposición de las comunidades las acciones populares, que buscan la protección de los derechos colectivos.

01 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

En Tunja la Personería está adelantando dos acciones populares: una contra Ferrovías, la cual fue aprobada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá el 17 de septiembre, a través de la cual se busca la protección al derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Con esta acción popular se quiere que Ferrovías ponga casetas, señalización y personal que controle el paso del tren y de los vehículos a fin de evitar un accidente, en interjecciones como la localizada en la entrada del barrio Santa Inés, en la Avenida Olímpica, en la carrera quinta con calle quinta y en la Avenida Los Patriotas con calle séptima, entre otras , expresó el personero de Tunja, Javier Fernando Castro Díaz.

La otra acción, que será presentada al Tribunal Contencioso en los próximos días por la Personería, es contra la Administración Municipal, y busca que la alcaldía retire unas piedras que se encuentran localizadas en la Avenida Oriental con calle 25, cuyo objetivo es reforzar una calle, y las reemplace por un muro de contención o gaviones.

Esta acción también busca prevenir que esas piedras se caigan a causa de las fuertes lluvias que están cayendo por estos días y ocasionen una tragedia. La personería decidió adelantar la acción popular en virtud a que se ha oficiado varias veces a la Administración acerca del peligro que significan esas piedras y no se ha tomado ningún correctivo hasta el momento , señaló Castro Díaz.

El representante del Ministerio Público explicó que las acciones populares fueron reglamentadas por la Ley 472 de 1998 y pueden ser instauradas por cualquier persona ante el Tribunal Contencioso Administrativo, si es contra una institución pública, y ante el Juez Civil del Circuito, si es contra una persona particular.

Anotó también que los términos de esta herramienta de defensa de los derechos colectivos son un poco más largos que los de la tutela, ya que le da 30 días al Tribunal o al Juez, para fallarla.

Castro Díaz señaló que cualquier persona que quiera saber más a cerca de las acciones populares puede acercarse a la Personería Municipal.

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