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EL VALOR DEL JURAMENTO

EL VALOR DEL JURAMENTO

El Procurador Arrieta ha puesto sobre el tapete un tema de máxima importancia para el país, que ya este columnista había criticado repetidamente. Se trata de la credibilidad del testimonio, como producto de la negociación de las penas. A juicio del Procurador, con quien me encanta estar de acuerdo por primera vez, la fidelidad de un testimonio podría debilitarse cuando es el producto de una delación, pagada por medio de una rebaja de penas. El delincuente, para trasladar la culpa a otros, podría incriminarlos ficticiamente. Y con ese mecanismo, en lugar de avanzar la investigación criminal, lo que se hace es detenerla, desorientarla, y producir una gigantesca impunidad. Pero en realidad el tema va mucho más allá. En el derecho anglosajón, el testimonio es la espina dorsal del sistema probatorio. Con una persona que rinda declaración, y sin elemento probatorio adicional, se puede derrumbar una organización criminal. Pero ello es así por una razón cultural y moral profunda. Porque el

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
27 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

En Colombia, en cambio, se rinde declaración sin juramento, y el perjurio es visto como una argucia de defensa legítima.

En el sistema educativo inglés, el primer valor moral que se comunica a los niños es el de decir la verdad. Sobre este rasgo se ha edificado una cultura. Y la confesión voluntaria de la culpa se convierte en el comienzo del perdón. La psicología colombiana, pervertida por la malicia, funciona al revés. Aquí todo el mundo es inocente. La flagrancia en el delito no constituye prueba de el. El asesino tiene en sus manos, aún, el cuchillo con sangre, y reclama total inocencia. Hay que probarle con elementos distintos de la flagrancia la comisión del delito. Y no confiesa jamás.

Quienes recuerden el Caso Profumo tienen un ejemplo de toda una estructura política basada en la credibilidad del juramento. El ministro Profumo había sido amante de la espía soviética. Pero tenía el privilegio constitucional de hacer un statement, es decir una declaración jurada, ante el parlamento, para poner fin al juicio político. Esa declaración sería tomada en su valor formal porque era el producto de un juramento. Profumo se cayó del cargo, no por el lío de faldas, sino por el perjurio...

Para recuperar entre los colombianos el valor del juramento, que es lo que le da validez al testimonio, hay que acometer una profunda reforma moral. Que comienza en los pupitres de la escuela primaria. Tenemos que volver a trabajar sobre la transmisión de los valores morales, que hemos dejado en manos de un Estado inepto y cegatón. Y en manos de la izquierda. El sistema educativo colombiano empobrece moralmente a la juventud, y en lugar de construir, destruye todo un acervo cultural que es el cimiento de la nacionalidad.

Por ello hay que devolver la educación a las comunidades, y a las familias, para que ellas decidan, sin intervención del Estado, qué tipo de valores morales y espirituales quieren transmitir a la siguiente generación.

La negociación de las penas, como práctica generalizada, es testimonio del derrumbe de la capacidad inquisitiva del Estado. Este es incapaz de probarle nada a los delincuentes, y decide rogarles que confiesen algo, cualquier cosa, cualquier banalidad, para poderles aplicar un castigo mínimo. Y ahora el gobierno ha resuelto, en lugar de endurecer las leyes para que sean disuasivas, rogarle a los criminales, por la televisión, que no se asusten con la justicia porque ella no muerde. Y se les ofrece el 40 por ciento de los bienes malhabidos, para que entiendan que el delito sí paga... Esto ya es el colmo.

Se ha querido convertir a la Fiscalía que debía ser la encargada de la investigación criminal en una agencia de exoneraciones políticas y de comercio sobre la ley.

Comprendo la frustración del valiente fiscal De Greiff, en sus últimas declaraciones.

Y es evidente que hay que replantear la política criminal, y la graduación de las penas, no solo para fortalecer la capacidad inquisitiva del aparato judicial, sino para volver a tener penas que asusten, en lugar de aliviar, al delincuente.

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