DESVÍAN PLATA DE RESGUARDOS

DESVÍAN PLATA DE RESGUARDOS

Recursos por 516 millones de pesos asignados a los resguardos indígenas de la media y alta Guajira fueron presuntamente desviados por el entonces el alcalde de esta ciudad, Wilmer González Brito.

04 de marzo 1999 , 12:00 a. m.

Así lo estableció la Contraloría Departamental de La Guajira durante una auditoría realizada a los resguardos del municipio de Uribia y luego de que el informe pasara por la Dirección de Investigaciones Fiscales de la Contraloría. El organismo de control ordenó una investigación formal por el hecho.

Según Martha Ospino Barros, directora de la división, en la suma anteriormente citada está incluida un presunto faltante de 244 millones de pesos, correspondiente a una parte de la cuota del tercer bimestre, como lo señalan los extractos de la cuenta corriente por la cual el municipio de Uribia maneja los recursos de los resguardos , expresa el informe.

La funcionaria anunció que en el transcurso de la investigación se buscará aclarar el giro y cobro de cheques sin soporte hallados al realizar la auditoría por 177 millones de pesos, así como avances a favor de los tesoreros de Uribia durante la vigencia de 1997.

El ex alcalde Wilmer González Brito, quien en estos momentos se encuentra en detención domiciliaria por presunta celebración indebida de contrato, afirmó a El Tiempo Caribe que no ha habido tal desviación de recursos.

Nosotros manejamos esos dineros de acuerdo con lo que establece la ley 60 de l993, es decir fue aplicada la norma e invertidos los dineros previa suscripción de los respectivos convenios con los representantes legales de cada comunidad , dijo desde su casa.

González Brito aseguró que en cuanto pueda iniciará el proceso para demostrar que en ningún momento se ha dado la desviación de recursos de que habla la Contraloría: una vez se nos ponga a disposición el expendiente, vamos a desvirtuar lo que afirma , dijo.

La investigación por la cual se le dictó medida de detención domiciliaria a González Brito responde a la suscripción de una orden de trabajo por 300 mil pesos para la prestación de un servicio a la administración, realizada durante su gobierno.

Tengo la conciencia tranquila, porque actué conforme a la ley , dijo ayer el ex gobernante frente a la nueva investigación que deberá afrontar.

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