IMPUESTOS CONFISCATORIOS

IMPUESTOS CONFISCATORIOS

Con la ley 97 de 1913 se crea el Impuesto de Industria y Comercio, para la ciudad de Boyacá que posteriormente la ley 84 de 1915 extendería para el resto del territorio nacional.

12 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

La ley 97 no definió claramente el hecho generador, la base gravable, ni los sujetos pasivos del impuesto, dejando en libertad a los municipios para señalar tarifas y reglamentos al respecto. De tal manera que la base gravable para algunos municipios era el capital vinculado al negocio, para otros las utilidades, las ventas brutas, otros tomaban los ingresos netos y otros lo hacían de acuerdo a la localidad. Podía decirse que había tantas reglamentaciones como municipios en el país.

La ley 14 de 1983 generaliza el impuesto de Industria y Comercio unificando para todo el país, las actividades comerciales, industriales y de servicios, ejercidas por personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho. Creó las tarifas y señaló como base gravable el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior.

Con ésta estructura el Impuesto de Industria y Comercio trata por igual a ganadores y perdedores en el momento del recaudo, toda vez que está desconociendo los costos en que ha incurrido el contribuyente y por ende le es indiferente si obtuvo utilidades o pérdidas durante el periodo gravable.

El hecho generador del impuesto de Industria y Comercio está constituido por el ejercicio o la realización de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, lo cual va en contravía de la causa legal de la tributación porque la persona no se grava por el solo hecho de su existencia, sino por los bienes que posee o las rentas que disfruta, quiere esto significar que la causa de la tributación son los bienes y las rentas y como quiera que el gravamen en cuestión se refiere directamente a las ventas, al contribuyente que le fueran adversas las utilidades en un periodo se vería obligado a erosionar aun más su patrimonio para poder cumplir con la obligación impositiva.

En este orden de ideas el impuesto de Industria y Comercio podría resultar confiscatorio, violando el Art. 34 de la Constitución Nacional, ya que todo gravamen debe cobrarse en consideración de la capacidad económica del contribuyente sin llegar a desangrar sus activos para ello.

EL Art.. 363 de la Constitución Nacional, dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, y no resulta muy equitativo un impuesto que se está cobrando sin tener en cuenta la capacidad de pago del contribuyente.

Según este diseño impositivo resulta válido hacer el siguiente planteamiento: un contribuyente que hubiese realizado ventas en el año por valor de $2 millones y que hubiese resentido pérdidas, lo cual es apenas normal en medio de la crisis actual, estaría pagando más impuesto que otro contribuyente de la misma actividad económica con ventas por valor de $100 millones, pero con utilidad en sus estados financieros. Como quiera que la base gravable son las ventas brutas, la tasa impositiva recaerá sobre los $2.000 millones y $100 millones respectivamente, resultando irónicamente con un impuesto mayor el contribuyente que obtuvo pérdidas en el año.

Para concluir, reitero que cuando un contribuyente se ve obligado a afectar negativamente su patrimonio para generar recursos que le permitan pagar impuestos que resulten de un beneficio presunto, este impuesto está contradiciendo la esencia constitucional de los tributos.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.