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QUINDÍO: DANZA DE AUXILIOS

Auxilios parlamentarios por cerca de 135 millones de pesos, mediante la modalidad de becas estudiantiles, fueron pagados en el Quindío por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) este año, sin importar que la Constitución los prohíba. La directora regional del Icetex, Norma Constanza Uribe Londoño, le confirmó a El TIEMPO el pago de estos auxilios, entre enero y febrero, a siete fondos educativos creados por los congresistas regionales. Según la funcionaria, el manejo de la entidad a su cargo se ajustó a la legalidad por cuanto los dineros correspondían a la vigencia de 1991.

Asimismo, se repartieron 400 becas a través de los fondos Izquierda Liberal, de Rogelio González Ceballos; Eduardo Santos, del liberal David Barros Vélez; Tomás Cipriano de Mosquera, de Alberto Marín Cardona (fallecido); Luis Granada Mejía, del conservador Juan Zuluaga; Inés Sánchez de Niño, del liberal Jesús Antonio Niño; Izquierda Liberal, del actual gobernador Mario Gómez Ramírez, y Rafael Grisales Grisales, del liberal Luis Emilio Valencia.
Cada beneficiario propuesto por los parlamentarios recibió la beca correspondiente, según Uribe Londoño, luego de acreditar su actividad estudiantil mediante constancia oficial.
El fondo Izquierda Liberal, de Rogelio González Ceballos, recibió 230 becas por un valor cercano a los sesenta millones de pesos.
Gonzalez Ceballos fue acusado el fin de semana por más de diez estudiantes del municipio de Circasia, su bastión electoral, de no pagar la totalidad de las becas y quedarse con más del 70 por ciento de los dineros para financiar la pasada campaña electoral.
Ante la notaria única de Circasia, María Luisa Echeverri, los estudiantes se presentaron a autenticar declaraciones extraproceso donde sustentaron sus denuncias.
Nelly Franco, de 19 años, del Colegio San José de Circasia, dijo que en enero de este año cobró en el Icetex una orden de pago por 256.000 pesos, de los cuales solo se quedó con treinta mil, pues el resto me lo quitó una líder de la Izquierda Liberal, Nidia Rincón, dizque para pagar la campaña .
Luz Miriam Hernández Loaiza, otra estudiante universitaria becada, afirmó que en febrero cobró una beca de 164.000 pesos, de los cuales solo recibió cuarenta mil. El resto se lo entregó a Valentina López de González, esposa de Rogelio González Ceballos.
La señora López de González manifestó telefónicamente a EL TIEMPO que no eran ciertas las acusaciones de la estudiante, aunque admitió conocer a la estudiante. Agregó que estaba dispuesta a enfrentar cualquier investigación porque tenía sus manos y su conciencia limpias.
EL TIEMPO pudo constatar que, efectivamente, las dos estudiantes aparecen en los listados de becas pagadas por el Icetex, en la cuenta del Fondo de Izquierda Liberal. Igualmente aparecen con becas familiares de la alcaldesa electa de Circasia, Julieta Gómez, y profesionales, quienes cobraron como estudiantes de educación media.
Un concejal, que pidió reserva de su nombre, señaló que la corrupción con las becas se viene presentando desde hace muchos años en el Quindío y otras departamentos del país.
Las denuncias de los estudiantes motivaron el desplazamiento, desde Bogotá, de una comisión de la Procuraduría General de la Nación para investigar y determinar los cargos contra los comprometidos en los ilícitos. Averiguación preliminar
La Procuraduría Regional, por su parte, inició una averiguación de oficio para determinar si abre pliego de cargos contra el ex gobernador Alberto Restrepo Jaramillo por la entrega de auxilios a fundaciones y entidades privadas del departamento.
La indagación preliminar se inició con base en un editorial del periódico La Crónica del Quindío, donde se afirma que el ex mandatario seccional incurrió en las mismas anomalías del alcalde de Bogotá, Juan Martín Caicedo.
Según la Contraloría departamental, el Quindío entregó auxilios por 547 millones de pesos, durante 1991, aprobados ilegalmente en consejo de gobierno durante los mandatos de los ex gobernadores Samuel Grisales Grisales y Alberto Restrepo Jaramillo, bajo el amparo de la circular 09 del Ministerio de Gobierno, que indicaba cómo reglamentar auxilios incluidos en el presupuesto.
La Contraloría denunció ante la Corte Suprema de Justicia y las procuradurías regional y de la Nación las irregularidades en torno a esos auxilios departamentales. Esto motivó una investigación contra Grisales Grisales, que actualmente cursa el trámite en Bogotá.
En esa oportunidad se hicieron pagos a más de cien entidades y en viáticos a magistrados. El más alto fue de 200 millones de pesos, por concepto de auxilo departamental obras varias , que, según la Contraloría, fueron invertidos en Quimbaya, bastión electoral de Grisales Grisales.
El gobierno departamental también pagó auxilios ordenanzales por 179 millones de pesos, contemplados en el presupuesto de 1991. Acerca de estos auxilios, la Contraloría consideró todo ajustado a la ley.
Esos dineros beneficiaron a 28 entidades, entre ellas la Fundación de Desempleados del Quindío (Fundasquin), que recibió 74 millones de pesos.
Esa entidad fue fundada por la alcaldesa elegida para Armenia, Alba Stella Buitrago, quien renunció a la dirección hace varios meses.
La inversión de los 74 millones de pesos, según dirigentes de Fundasquin, se hizo en movimientos de tierra realizado en la urbanización Villa Carolina, programa habitacional para gente de escasos recursos de Armenia.
La Contraloría auxiliar, que maneja lo concerniente a obras públicas del departamento, constató que se ejerció la vigilancia fiscal sobre cada una de las actas de recibo de obra en dicha urbanización y todo se ajustó a la ley.
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