La decisión del mandatario de disolver el Congreso bicameral no está prevista en la Constitución peruana, en vigor desde 1980, cuando este país andino recuperó la democracia tras doce años de gobiernos militares.
De inmediato, las Fuerzas Armadas otorgaron su respaldo y apoyo al presidente Fujimori en la decisión de disolver temporalmente el Congreso de la República, en un comunicado suscrito por los comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y la Policia Nacional.
Entre tanto, en la capital, Lima, se registraba un notable despliegue militar.
Perú está afectado por una grave recesión económica y por la insurgencia guerrillera más violenta y extendida de todo el hemisferio.
Ante esta situación, observadores políticos consideraron que Perú enfrenta una grave crisis institucional de imprevisibles consecuencias.
Anoche se vivía una tensa calma en Lima, mientras las fuerzas de seguridad tomaban el control de la capital.
Fujimori dijo que la disolución del Congreso tiene carácter temporal, que el Gobierno legislará por decreto, y que una nueva estructura constitucional del país será creada por una comisión de notables que convocará y posteriormente será sometida al referendo del pueblo, en fecha que no precisó.
Agregó que tomó esa medida de excepción para acabar con el viejo y podrido orden que impide el ejercicio de una verdadera democracia , tras una durísimo ataque a los poderes legislativo y judicial.
Destacó que tomaba las medidas para superar los formalismos seudodemocráticos en Perú , invocando los objetivos de las grandes mayorías nacionales que lo eligieron en junio de 1990.
Fujimori dijo que como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y policiales ha dispuesto que se tomen las medidas para garantizar el orden y aplicar las decisiones que anunció el país. Los desafíos de Fujimori Lima (AP) Fujimori, que asumió el cargo en julio de 1990, ha enfrentado graves problemas.
En varias ocasiones ha criticado duramente al Congreso, en su búsqueda de un programa de austeridad económica en una época de hiperinflación y creciente desempleo.
Cerca de 25.000 personas han muerto en hechos de violencia política desde que el grupo guerrillero Sendero Luminoso inició la lucha armada en 1980.
La mayoría de las víctimas son campesinos de las mesetas andinas atrapados en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los rebeldes.