ORDENAN ARRESTO CONTRA REPRESENTANTE DE FEDEALGODÓN

ORDENAN ARRESTO CONTRA REPRESENTANTE DE FEDEALGODÓN

La Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Valledupar ordenó arresto de diez días contra el representante legal de la Federación Nacional de Algodoneros, Javier González González, por desacato a una tutela que ordenó garantizar el traslado de unos plaguicidas almacenados en unas bodegas en el corregimiento de Caracolicito, municipio de El Copey (Cesar).

31 de julio 1998 , 12:00 a. m.

Esta decisión fue remitida a la Corte Suprema de Justicia para su consulta, y dependiendo de su concepto favorable se dejará en firme la sentencia para hacer efectiva la orden de arresto por parte de la Policía en Bogotá, domicilio del Funcionario.

El fallo resuelve el incidente de desacato interpuesto por la Fundación para la Defensa del Interés Público (Fundepúblico) en el que se pedía al Tribunal sancionar a la Federación, por el reiterado incumplimiento a la tutela que busca proteger la salud de los habitantes del mencionado corregimiento.

El caso se conoce desde mayo del año pasado cuando la Federación trasladó 1.800 canecas de Methil Paration y Toxafeno desde unas bodegas de Al Popular en Barranquilla a otras en Caracolicito. Varias personas resultaron intoxicadas durante las labores de descargue, pues estas no fueron advertidas de las sustancias que movilizaban.

La tutela contra la Federación falló favorablemente el 31 de septiembre del 97, pero la organización la incumplió . Con la medida se busca proteger los derechos fundamentales mencionados por considerar que éstos habían sido vulnerados y puestos en peligro por el traslado de sustancias tóxicas.

El Departamento Administrativo de Salud del Cesar (Dasaluc) y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), advirtieron el problema notificando al Ministerio del Medio Ambiente, que a su vez emitió una resolución, el 31 de octubre del 97, para garantizar el almacenamiento de los plaguicidas; identificar y clasificar las canecas según su estado y destruir el material cumpliendo unas recomendaciones.

El Minambiente concedió un plazo de 15 días, pero la Federación alegó que: no existe en el país la tecnología necesaria para la destrucción de las sustancias tóxicas y por ello, nadie puede ser obligado a lo imposible . Como alternativa propuso el confinamiento de dichos materiales.

Los materiales aún permanecen en las bodegas de Cenalgodón, desprendiendo fuertes olores que tienen en peligro la salud de los habitantes de Caracolicito.

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