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CAMBIO EN UNIVALLE ES UNA EXIGENCIA

CAMBIO EN UNIVALLE ES UNA EXIGENCIA

No es sólo el cuestionamiento a la entrega de unas becas. La Universidad del Valle debe dar un drástico cambio a la política que contribuyó a suscitar la crisis que la envuelve.

Después de cinco horas de análisis y debate, el Consejo Superior de esa institución estableció un nuevo plazo a la denominada Comisión de la Verdad, creada tras una serie de denuncias sobre manejos en la institución, para completar el análisis.

Así mismo, el Consejo le fijó plazo de una semana a los directivos para que formulen un programa orientado a salir de la actual crisis.

La Universidad fue declarada en infarto financiero desde el jueves de la semana pasada cuando una transferencia del Gobierno Nacional por 9.700 millones de pesos, destinada al pago de nómina, fue absorbida por el Banco Cafetero. Esa entidad, que venía abriendo créditos cada mes a Univalle, tomó esos recursos como consecuencia de la crisis en el mercado financiero nacional, según el informe de la Rectoría.

Pese a que existe una salida económica temporal, el Consejo definió un cese académico, aunque no en las gestiones para solventar la crisis.

El lunes, el gobernador Gustavo Alvarez Gardeazábal aseguró, a través de este medio, que los balances habían sido maquillados porque sólo unas horas antes le habían mostrado otras cifras. El rector Carlos Dulcey sostiene que buscó al mandatario para comentarle la situación con el banco.

La administración de la Universidad ha explicado que la información entregada no fue completa, lo que no quiere decir que fuera en ningún momento falsa , dijo ayer el Gobernador.

Sobre ese mismo asunto, el consejero presidencial del Valle, Armando Garrido, dijo que faltó una mejor presentación de la situación y de lo que podría ocurrir dadas las circunstancias en el mercado financiero con relación al cierre de créditos y las altas tasas de interés .

El martes, gracias a una gestión ante el Instituto Financiero del Valle, propuesta por Alvarez Gardeazábal, se pagaría la nómina de empleados, trabajadores y pensionados, por valor de 3.400 millones de pesos. Mientras tanto, se espera que el Banco Cafetero acepte la entrega de 9.600 millones, con la garantía de una transferencia del Gobierno prevista para el segundo semestre.

El comunicado El Consejo Superior solicitó a la Comisión de la Verdad terminar su trabajo en el menor tiempo posible para completar el diagnóstico encontrado por la misma y que compromete de alguna manera la administración anterior . No fue posible ayer conocer un punto de vista del anterior rector Jaime Galarza sobre este particular.

El rector y su equipo académico-administrativo, entre tanto, deberán presentar el próximo tres de julio un programa de ajuste y estrategias financieras y administrativas que permitan superar la crisis que vive la Universidad .

El gobernador Alvarez Gardeazábal dijo que el Consejo reafirma su trabajo permanente para conseguir que la Universidad tenga en el menor tiempo posible un drástico cambio en la política que contribuya a generar una situación que hoy se vive y para ello ha solicitado igual compromiso de la administración del rector Dulcey. Aspira a encontrar igual respaldo entre estudiantes, profesores y empleados .

Las Comisión de la Verdad está integrada por representantes de los profesores, los estudiantes, los trabajadores, los empleados y los gremios de la región. A mediados de semana trascendió que no alcanzaría a completar su informe y pediría un plazo.

Una de sus primeras conclusiones es que existen méritos para pedir explicaciones sobre algunas denuncias formuladas hace poco más de un mes. El plazo solicitado busca agregar nuevos documentos al análisis.

Cuatro becas y una escultura A cuatro de las becas ó auxilios otorgados por la administración anterior de la Universidad del Valle, la Comisión de la Verdad le encontró reparos.

Mientras tanto, la construcción de una escultura empezó a suscitar una controversia. Se trata del Pórtico , una obra encargada al escultor Eduardo Ramírez Villamizar.

La denuncia, en la cual figuran otros doce puntos, había sido formulada en marzo pasado por un grupo de docentes que se declararon preocupados por las irregularidades que se vienen presentando desde la pasada administración del rector Jaime Galarza y el vicerrector Carlos Dulcey .

Dulcey dijo ayer que no suscribió ninguna de esos cuatro auxilios para estudios en el exterior. Semanas atrás declaró que un funcionario de la Fiscalía Seccional lo visitó en atención a una solicitud que él hizo ante la circulación de cuatro anónimos que lo relacionaban con enriquecimiento ilícito.

La Comisión no dio detalles sobre los casos de las becas, aunque ha trascendido que algunas personas favorecidas no tienen relación con la Universidad.

En la reunión del Consejo Académico del 23 de abril la Vicerrectoría Académica presentó una lista de contratistas en el exterior en la cual se relacionan 24 de los 28 nombres aparecidos en el anónimo.

No aparecen Soraya Andrea Ospina, quien tendría una beca en España por 509,010 pesos mensuales; Juan Ernesto Montes (Francia, 1 307.000); Carlos Pazmiño (Bélgica, 1 200.000) y María Jimena Rengifo Muñoz (Francia, 850.000 pesos mensuales).

La vicerrectora Académica, Aída Rodríguez, dijo recientemente que la beca de Montes había sido cancelada. Admitió que esta y otras dos personas favorecidas no tenían vínculos con la Universidad y que fueron beneficiadas el año pasado por decisión del rector Galarza.

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