EL NUEVO MAPA DE LA GUERRA

EL NUEVO MAPA DE LA GUERRA

Los gobernadores y alcaldes que se posesionaron esta semana sin duda alguna enfrentarán desde su posesión una difícil situación de orden público.

04 de enero 1998 , 12:00 a. m.

Si algo caracterizó el proceso electoral que culminó con la jornada de votación del pasado 26 de octubre, fue la agudización del conflicto armado interno, en especial producto de la decisión, sin antecedentes, de las Farc y del Eln, de sabotear las elecciones en la mayoría del territorio nacional.

Una forma de analizar la situación que enfrentarán los mandatarios regionales y locales, puede tener como punto de partida el mapa de lo que realmente ocurrió.

En la cadena radial Radionet, como parte de un ejercicio que se realizó para hacerle seguimiento al proceso electoral, se definieron los lugares en donde la guerrilla finalmente logró afectar las elecciones.

Como se puede ver, tres regiones quedaron claramente identificadas. Una al norte, en el interior de la costa Atlántica, que va desde la serranía del Perijá y el Catatumbo en el oriente (departamentos de Cesar y Norte de Santander) hasta el occidente del departamento de Antioquia, sin entrar en el Chocó.

Una segunda en el centro, mas pequeña, ubicada en el departamento de Cundinamarca, especialmente en los flancos oriental y sur de la capital del país.

Y finalmente, una tercera, la mas grande de todas, que abarca prácticamente todo el sur del país y que incluye una parte del oriente. La conforman la región del Ariari en el departamento del Meta, el centro y sur del Huila, y los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo.

En esta región la presión de la guerrilla implicó cambios significativos en el comportamiento electoral de los dos últimos departamentos mencionados.

En Caquetá se pasó de 64.442 votos en las elecciones para gobernador de 1994, a 30.566 en las del pasado 26 de octubre. En Putumayo, por su parte, se pasó de 48.295 a 14.882 votos (cifras tomadas del boletín No. 12 de la Registraduría).

Desde el punto de vista del futuro que van a tener que enfrentar los mandatarios recién posesionados, el mapa no debe interpretarse como el resultado final de un proceso, sino como el punto en que se encuentra actualmente el conflicto y cómo se desarrollará en el futuro.

En tal sentido son varias las preguntas que surgen. logró la guerrilla su objetivo? qué significado tiene lo que logró? cuál es el futuro del conflicto? cómo va a afectar esta situación a los mandatarios locales? La primera conclusión es que la evolución en que se encontraba la guerrilla desde inicios de los años ochenta hacía esperar que su capacidad de sabotaje fuera mucho mayor.

Según estimaciones hechas por la misma guerrilla, el objetivo real que se podía lograr era afectar alrededor de 600 municipios, más de la mitad del país. Por su parte, estimaciones hechas por el Gobierno semanas antes del día de las elecciones establecían que máximo 239 municipios podrían llegar a ser afectados.

Al final el resultado fue elocuente: solo 88 municipios (gris oscuro y negro) tuvieron un colapso en el proceso electoral, cifra que se puede considerar como baja ya que se constituye en el 8% de los municipios. Con un atenuante: el saboteo se hizo en zonas despobladas ya que la población de estos municipios es de alrededor de 1 365.000 personas (4% del total nacional), mientras el potencial de sufragantes, fue de aproximadamente 864.000 (4%) y el número de mesas 1.762 (3.5%).

Abstención no bajó Lo anterior, sin embargo, no debe llevar a sacar conclusiones apresuradas. Ante todo es claro que la guerrilla sí logró afectar el proceso electoral. Si bien el Gobierno ha querido mostrar que la votación del 26 de octubre fue extraordinaria, eso no fue así.

La abstención comparada con las elecciones de 1994 solo descendió un punto porcentual (pasó del 55% al 54%), lo cual implica un balance en los cambios ocurridos en las votaciones a nivel urbano y rural. La guerrilla puede reivindicar que en varias zonas del país los campesinos no votaron. No obstante, su felicidad no debe ser mucha. La baja en la votación en las zonas rurales fue fruto de la amenaza que impusieron las Farc y el Eln de aplicar la pena de muerte a aquellos que quisieran votar; no fue entonces un gesto de solidaridad popular al sabotaje de las elecciones.

Por lo demás, el alza en la votación urbana sí se puede interpretar como un ejercicio de libertad que implica un rechazo a la actitud de la guerrilla, y que se manifestó en la masiva votación por el Mandato por la Paz.

Si bien el mandato estaba dirigido a diferentes actores del conflicto, uno de ellos fueron los alzados en armas.

Por otra parte es evidente que la guerrilla terminó por hacer del sabotaje electoral un ejercicio en el que se muestra en un proceso de repliegue.

Lo lógico es que hubiera afectado las elecciones en municipios en donde su influencia había crecido como producto de su proceso de expansión. El mapa, por el contrario, muestra que se sabotearon las elecciones en lugares históricos en donde su influencia política era tradicional.

Arauca fue la excepción, toda vez que las regalías petroleras impidieron crear un trauma en los esquemas partidistas locales, que desde hace varios años sufren la presión permanente de la guerrilla.

Guerrilla en repliegue La pregunta obvia es por qué la guerrilla se encuentra en repliegue? Dos son las respuestas. La primera la constituye el fenómeno paramilitar que se ha consolidado significativamente en los últimos dos años. En Córdoba y Urabá, en la región esmeraldífera con sus extensiones en los llanos orientales, y en el Magdalena medio el avance paramilitar es evidente.

Este fenómeno tiene un elemento adicional: que avanza sin que al parecer la guerrilla pueda evitarlo. El mapa de los municipios afectados probablemente será el mapa en donde se centrará el conflicto en los próximos años, lo que a su vez debe prevenir a los mandatarios seccionales.

Si en general el desarrollo del enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares, que ganan estos últimos, le genera profundos problemas al Estado y a su legitimidad, éste hecho se hará evidente con la impotencia que seguramente experimentarán gobernadores y alcaldes.

La segunda respuesta que explica por qué la guerrilla se replegó radica en la acción de las Fuerzas Militares y la Policía. Si el auge paramilitar es producto de que la sociedad y el Estado han permitido que la fuerza pública salga del conflicto, el proceso electoral mostró un interés marcado de los mandos militar y policial por no dejar que esto ocurriera.

Sin que hayan logrado todavía tener la iniciativa, la Policía ha logrado reducir sustancialmente los ataques a puestos policiales, mientras los militares mantienen ofensivas en lugares como los llanos del Yarí (Caquetá), los páramos de Sumapaz (Cundinamarca) y Las Hermosas (Tolima), el sur de Bolívar, la sierra nevada de Santa Marta y el eje cafetero.

El punto negativo ha sido el asalto al centro de comunicaciones en el cerro de Patascoy, que para la mayoría del país muestra a la guerrilla con un poder bélico que si tiene, pero que ya no puede desplegar por todo el país.

Su impacto, incluso, llegará bien entrado el nuevo año, con lo cual se olvidarán operaciones como la de San Miguel, Putumayo, en donde se confiscaron a la guerrilla 8 toneladas de munición y 2 mil galones de éter.

El Gobierno en sus siete últimos meses debe establecer una política hacia gobernadores y alcaldes que se enmarque en hechos reales: mínimas posibilidades de negociación con la guerrilla, avance del paramilitarismo y búsqueda de la fuerza pública por tomar una iniciativa que prácticamente nunca ha tenido.

*Profesor del Departamento de Ciencia Política e integrante del Programa Paz Pública, Universidad de los Andes.

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