LUZ SUBIRÁ POR ENCIMA DEL 16

LUZ SUBIRÁ POR ENCIMA DEL 16

Aprovechando la temporada navideña que acaba de pasar, el Gobierno expidió un decreto que abrió la posibilidad para que las tarifas de energía en este año suban por encima de la meta de inflación en la mayoría de municipios del país.

06 de enero 1998 , 12:00 a. m.

El decreto 3087 del 23 de diciembre pasado, firmado por el presidente Ernesto Samper y por los ministerios de Hacienda y de Minas y conocido por EL TIEMPO, autoriza a las empresas de energía y gas para que hagan los ajustes tarifarios requeridos cuando el monto de los recursos que el Gobierno nacional les envíe para pagar los subsidios de los usuarios pobres no sea suficiente.

El ministro de Minas, Orlando Cabrales, dijo que este año apenas se dispone de un monto aproximado a los 130.000 millones de pesos para pagar subsidios y que esa cantidad no va a alcanzar, por lo que las empresas podrán subir las tarifas.

En total, se estima que el Gobierno debe girar el próximo año algo más de 300.000 millones de pesos para financiar el denominado consumo de subsistencia , es decir los primeros 175 kilovatios de energía que utilicen las familias más pobres cada mes.

Hace un par de meses, el Ministerio de Hacienda había hecho saber que no estaba dispuesto a continuar pagando esa carga por sí solo y sustentó su posición con una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se expresa que la Nación no tiene la obligación de asumir el costo de todos los subsidios.

En consecuencia, ese déficit de 170.000 millones de pesos que hacen falta son los que, en su gran mayoría, las empresas quedaron facultadas para conseguir a través de reajustes tarifarios.

Creación del Fondo El decreto da una fórmula para colaborarles a las empresas en la obtención de esos recursos: el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

Se trata de un ente que se encargará de captar los dineros de las empresas de energía con buenos balances financieros y repartir esos recursos entre aquellas empresas que presentan déficits y que no podrían asumir el costo de los subsidios.

En algunos casos, especialmente para las empresas distribuidoras de gas que acumulan grandes déficits, este Fondo representa una especie de tabla de salvación pues obliga a las empresas superavitarias a transferir esos excedentes de manera retroactiva al momento en que empezó a regir la ley 142, es decir a julio de 1994.

Sin embargo, según el propio ministro Orlando Cabrales, ni el fondo ni el proceso de desmonte gradual de los subsidios son las soluciones totales para el sector eléctrico.

En su opinión, la solución total se logrará cuando las nuevas tarifas reflejen el verdadero costo de referencia, es decir cuando al consumidor se le cobre lo que realmente vale la prestación eficiente del servicio.

Y para lograr esa eficiencia, dijo, es necesario que las empresas se ajusten a severos planes de control y de vigilancia de su gestión.

La esencia del Fondo es captar la contribución que hacen desde hace varios años los usuarios residenciales de estratos altos (5 y 6) así como los de los sectores industriales y comerciales, y repartirlos como subsidios entre los consumidores de estratos bajos (1 y 2, principalmente).

Para efectuar esa redistribución, el decreto estableció que las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios deberán, en contabilidad separada, llevar las cuentas detalladas de las contribuciones de solidaridad recaudadas y de las rentas recibidas por transferencias de otras entidades.

Cuando una misma empresa de servicios públicos tenga por objeto la prestación de dos o más servicios públicos domiciliarios, las cuentas deberán llevarse de manera independiente para cada uno de los servicios que se presten y los recursos no podrán destinarse para otorgar subsidios a usuarios de un servicio público diferente de aquel del cual se percibió la respectiva contribución.

El decreto establece que el Ministerio de Minas definirá los criterios con los cuales el Gobierno nacional asignará los recursos del presupuesto nacional a sufragar los subsidios y propondrá la distribución de los recursos del Fondo, pero deberá tener en cuenta para su asignación a los usuarios que residan en aquellos municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus propios recursos.

La polémica norma que autoriza a hacer alzas en las tarifas es el parágrafo del artículo 12 y reza así: Cuando el monto de los recursos apropiados en el Fondo de Solidaridad y en los presupuestos departamentales, distritales y municipales no sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios previstos, la entidad prestadora de los servicios públicos domiciliarios deberá prever el plan de ajuste requerido .

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