CANTERA PONE EN LÍOS JURÍDICOS A LA CVC

CANTERA PONE EN LÍOS JURÍDICOS A LA CVC

La prohibición para la explotación minera en una cantera tiene por primera vez al director de la máxima autoridad ambiental de un departamento al borde de un juicio. (VER MAPA: UBICACION DE LA MINA)

23 de julio 1998 , 12:00 a. m.

En esta historia se mezclan argumentos jurídicos y legales con los que propugnan por la defensa de medio ambiente y los recursos naturales.

Oscar Libardo Campo, director de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (Cvc) y Hernán Lara, subdirector, son objeto de investigaciones penales por parte de las autoridades judiciales.

Se trata de la decisión de la Cvc de prohibir la explotación de materiales para construcción por la Compañía Minera Dapa S.A., la cual se sustenta, según Campo, en estudios ambientales realizados por la Cvc en la zona que detectaron fuerte deterioro ambiental irreversible de la parte baja de la cuenca del río Arroyohondo El área donde se realiza la explotación de materiales de construcción como resultado de la trituración de rocas diabásicas, provenientes de las formaciones volcánicas de la región, está situada en la vereda Las Pilas, en Dapa, jurisdicción de Yumbo.

El área de la cantera está influida por la cuenca del río Arroyohondo hacia el nororiente, por la subcuenca de la quebrada Pérez hacia el noroccidente y otra microcuenca en la parte central de 126 hectáreas conformada por drenajes naturales, obstruidos según la Cvc por los frentes de explotación de la cantera.

La decisión de la Cvc obedece, según su director, a que la explotación ha sido causante del deterioro progresivo de la microcuenca en donde resultó seriamente afectado el suelo, el bosque, la fauna, el paisaje, el aire y demás variables ambientales.

No estamos en contra de ninguna actividad económica, pero si debemos hacer cumplir las leyes , dijo Campo.

Señaló que le ha sorprendido la decisión adoptada en el último mes por la Fiscalía de acusar a los directivos de la Cvc después de haber precluido la investigación que lleva casi dos años.

El Fiscal dijo que habíamos actuado generosamente porque la decisión no necesitaba estudios ya que de acuerdo con las medidas policivas que nos otorga la ley, pudimos haber ordenado el cierre inmediato de la mina , dijo Campo.

Según el funcionario, la decisión involucra la prohibición de explotar en 126 hectáreas que conforman la microcuenca. Sin embargo, estipula que la actividad minera podría desarrollarse en otro lugar del área de explotación comprendida entre las 400 hectáreas que gozan de título minero.

Un concepto emitido por la Procuraduría Agraria del Valle del Cauca que ha hecho el seguimiento pertinente al proceso, hechos y acontecimientos relacionados con el caso, considera que durante el proceso ni las autoridades administrativas ni de control, ni la Fiscalía han abocado el conocimiento de los delitos ambientales cometidos dentro de la cantera.

En el mismo concepto, la Procuraduría solicita que se amplíe la queja presentada contra el Ministerio de Minas ante el Procurador Distrital para demostrar que ese Ministerio no ha obrado en el caso de la cantera Dapa, en coordinación con las otras autoridades que tienen a su cargo la preservación de los recursos naturales como lo contempla el Código de Minas.

El procurador Agrario del Valle, Alberto Ramos Garbiras, resalta en su concepto las quejas de la comunidad relacionadas con las continuas explosiones que realiza la Compañía Minera que generan ruidos y el polvillo resultante de los trabajos de triturado, además de las rocas que saltan de las toldas de trabajo, ponen en peligro a los habitantes de la vereda.

Campo dijo que espera que en su momento se aclaren las dudas respecto de la decisión adoptada por la Cvc atendiendo a las funciones que le competen como autoridad ambiental.

No nos queda más que esperar que se continúe el trámite que legalmente tiene que darse. Sin embargo, no compartimos esa decisión corporativamente porque la evidencia de los hechos es más que clara , concluyó Campo.

Más protección al medio ambiente Diferentes pronunciamientos se han suscitado frente al caso de la cantera de Dapa y sus implicaciones jurídicas.

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), en carta enviada al Fiscal encargado del caso, manifiesta su preocupación por las acusaciones hechas a los directivos de la Cvc.

Jorge Enrique Angel, presidente de Acodal, considera que lo más importante del asunto, la protección del medio ambiente, es lo que menos se ha tratado. Señala que en ese sentido la Ley faculta a las corporaciones a tomar decisiones como la adoptada por Cvc cuando se generan altos impactos ambientales.

Así mismo, 50 Organizaciones No Gubernamentales del Valle del Cauca, entre ellas la Fundación Ecológica Salónica, Grupo de Rescate Ecológico de Darién, Ecovida, Fundación Río Riofrío, Corpovida y la Red Ambiental del Norte del Valle, solicitaron respeto al derecho ambiental.

Dicen que la medida tomada por la Fiscalía de desconocer la preclusión del Fiscal de primera instancia y acusar es un atropello al medio ambiente regional y a las comunidades organizadas que propenden por gozar de un medio ambiente sano como lo ordena la Constitución Nacional.

Se declararon en estado de alerta por las determinaciones tomadas contra los directivos de la Cvc y piden que se propenda por la protección y defensa de los recursos naturales en el departamento.

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