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UNIVALLE, CON MENOS INSTITUTOS Y PROYECTOS

Menos institutos y proyectos La desaparición de todo Instituto ó Centro que no haya surgido de un desarrollo académico previo en una facultad ó unidad académica está en las propuestas. La medida cobijaría los Institutos de Estudios del Pacífico; Altos Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones Internacionales; de Ciencias del Deporte, la Educación Física y Recreación; Ciencias Ambientales y de la Tierra (Ilama); de Automatización Industrial (IAI); Colombiano de Estudios Asiáticos (ICEA); de Historia y Literatura Regional y Old Providence. Así mismo, los Centros Internacional de Innovación Agropecuaria (CINNA); de Prospectiva y Estrategia; de la Universidad del Valle Multimedia; Telecomunicaciones; de Excelencia en Gestión y Tecnología; de Documentación e Investigación de los Lenguajes Asiáticos Populares (Dedilap). El Instituto de Ciencias del Deporte, la Educación Física y la Recreación deberá integrarse al Instituto de Educación y Pedagogía; y el Centro de Servicios de In

A definir el tamaño de la U.
Para la Universidad del Valle, según el documento propuesto, es clave asumir un compromiso de desempeño en los próximos dos años para su reestructuración administrativa y financiera.
Es necesario redefinir la relación Nación-Universidad. Conformar una comisión nacional a fin de estructurar una propuesta de presupuesto para 1999.
Uno de los lineamientos es la nacionalización de la Universidad.
Se solicitaría una adición presupuestal por parte del Gobierno para cubrir el faltante de 17.572 millones para pago de nómina y pensiones.
Se conformaría un comité entre el gobernador Gustavo Alvarez Gardeazábal, el secretario de Hacienda del Valle Carlos Andrés Jaramillo y el rector Carlos Dulcey, con asesoría de la firma Bonilla & Moreno Consultores, para las operaciones crediticias y la transformación de la deuda de tesorería.
La idea frente a los pasivos financieros a corto plazo, que ascienden a 9.819 millones, es reestructurarlos y que la Nación los asuma. El argumento es que la Universidad, entre mayo de 1993 y mayo de 1998, cubrió 18.938 millones por concepto de cesantías definitivas, su aporte a las pensiones y cubrió el aporte del Departamento.
Una comisión encabezada por el consejero presidencial del Valle, Armando Garrido, realizaría la gestión.
Se buscaría que el Gobierno Nacional entregue en diciembre el Bono Pensional del segundo semestre; también la garantía de que el Banco Cafetero u otra entidad similar realice los desembolsos necesarios para los compromisos laborales de julio. El año próximo se constituiría el Fondo Pensional.
El faltante para financiar la nómina es de 17.572 millones de pesos.
Los gastos de nómina y pensiones en este semestre son de 62.393 millones. Esto corresponde a 37.250 millones de nómina, 17.071 millones de pensiones y 8.072 de aportes para seguridad social y transferencias.
Los ingresos para cubrir este compromiso suman 44.281 millones: 18.177 millones de los faltantes de transferencias de la Nación (descontando el 2 por ciento de la transferencia del Icfes), el valor del Bono Pensional de la Nacional es 18.558 millones (en el mercado valen unos 15.774 millones), 5.906 millones del Bono de Cesantías que debe ser aportado por la Nación (cuyo valor es de unos 5.020 millones) y los Bonos Pensionales correspondientes al aporte del Departamento por valor nominal de 6.833 millones (unos 5.850 millones).
Obras prioritarias
La terminación del edificio del Servicio Médico es una de las prioridades. También los trabajos en el Museo y el Anfiteatro hasta su terminación antes del 18 de agosto, para evitar que se suspensa el semestre.
En cambio, se sugiere suspender la de remodelación en el Edificio de Ciencias Básicas en la Facultad de Salud, terminando sólo las obras indispensables para su estabilidad y protección.
En la reforma y ampliación del edificio de Administración, la Rectoría se declara de acuerdo con la Facultad de Ciencias de la Administración en el sentido de terminar de inmediato el primer contrato con Comaster, para lo cual la interventoría realizaría la liquidación de la obra en el estado en que se encuentra. Seguidamente se acogerían las pautas indicadas por la Dirección de Arquitectura.
Continuar las actividades del contrato No 1 para la Facultad de Artes Integradas hasta copar el monto de la reserva presupuestal de Findeter. Invertida la reserva actual, se suspenderían los contratos de construcción e interventoría para reiniciar una vez se garantice la reserva presupuestal.
Y suspender el contrato No 2, que se reiniciaría una vez se garantice un normal flujo de fondos en la Universidad.
Con la estampilla
Los recaudos de la Estampilla-Prounivalle están pignorados hasta el año 2008. Se sugiere que la categoría de gasto preinversión con esos recursos no se destine a sufragar nómina ó cualquier otro concepto.
Todo proyecto de inversión deberá estar acorde con los planes y necesidades de desarrollo de la institución. La Dirección de Planeación hará el estudio y priorización de éstos. Todo proyecto de inversión será conocido previamente por los Consejos Académico y Superior.
Otras propuesta es reestructurar de manera global todos los créditos de Estampilla, buscando asegurar con esta operación el pago de las deudas correspondientes a 18.759 millones, que implican, entre otras cosas, riesgos de demanda a la Universidad por incumplimiento.
Actualmente la distribución del gasto de inversión es la siguiente:
40 por ciento para planta física, dotación y compra de equipos para nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, comunicaciones y robótica.
25 por ciento para inversión en mantenimiento, ampliaciones de la planta física, compra de materiales y equipos de laboratorio, dotación de bibliotecas y el sistema regional.
10 por ciento para el pasivo prestacional y los gastos a cargo de Univalle por concepto de pensiones y cesantías.
15 por ciento para constituir tres fondos patrimoniales (investigación básica, investigación de desarrollo y el fortalecimiento de los doctorados en ciencias básicas y sociales y humanas).
5 por ciento para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, en Palmira.
5 por ciento para la Biblioteca Departamental ó su centro cultural adscrito.
La Vicerrectoría Administrativa se encargaría de recaudar y garantizar que los recursos se asignen para esos gastos establecidos por las normas legales.
Sobre los docentes
Los profesores nombrados y contratistas cuyo salario no haya sido establecido con base en el escalafón profesoral, deberán someter sus documentos a estudio del Comité de Credenciales para que éste defina la categoría y el salario que les corresponde, según el Decreto 1444 de 1992.
Así mismo, se plantea la desaparición de la categoría de profesor investigador, lo cual significa que todo docente debe cumplir con las actividades contempladas en el Estatuto Profesoral.
Se recomienda que las facultades establezcan un número mínimo de estudiantes para cada promoción. En caso de no alcanzar este número, la iniciación del programa académico se aplazaría para el semestre siguiente.
Se sugiere que el número mínimo de profesores que debe existir por Departamento sea de 7, para que éste se constituya como tal. En caso de aceptarse esta sugerencia, las unidades que no cumplan con este requisito se considerarán como áreas ó secciones pertenecientes a un Departamento.
Ninguna persona que no esté vinculada a la Universidad podrá tener de manera simultánea, más de un contrato. Cualquier modificación de vinculación, de actividad académica ó de otra índole quedará registrada en el contrato único. Los profesores jubilados sólo podrán ser contratados de acuerdo con la normatividad existente.
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