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HABRÁ CÁRCEL PARA EL ALCALDE SI HAY HECHOS DE VANDALISMO

HABRÁ CÁRCEL PARA EL ALCALDE SI HAY HECHOS DE VANDALISMO

El voto de un conjuez definió ayer el empate en el Consejo de Estado en torno a los espectáculos musicales en el Campín, puso en una severa encrucijada a la Alcadía Mayor de Bogotá y lanzó una enérgica advertencia a burgomaestres en todo el país. La autorización de conciertos o eventos de ese orden acepta el Consejo es una responsabilidad y una atribución discrecional de alcaldes o en su defecto de funcionarios de rango en los institutos de Recreación y Deporte.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
24 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

Con todo enfatiza el Consejo de Estado la ocurrencia de actos vandálicos o disturbios debe derivar, en el caso concreto de Bogotá, en procesos por desacato a resolución judicial, prevaricato por omisión o por acción y en expedientes por las otras conductas penales a que haya lugar.

El Consejo confirmó por doce votos contra diez la sentencia de tutela que prohibió la realización de espectáculos de rock o similares en El Campín tras el episodio Guns N Roses, la noche del 29 de noviembre de 1992.

El recurso, que elevaron el representante a la Cámara Fernando Castro Caicedo y el párroco del sector, Evelio Gamboa Morales (ya fallecido), dividió a los 22 consejeros y obligó a acudir a un conjuez.

Ayer, el conjuez votó favorablemente la ponencia preparada por el consejero Amado Gutiérrez, y la Corporación decidió tutelar el derecho a la vida de los vecinos de El Campín, amenazado por la impotencia o la negligencia de las autoridades en precaver los peligros que puede originar el desplazamiento por el sector de individuos embrutecidos por el licor o las drogas .

Según la sentencia, antes de otorgar autorizaciones para la realización de espectáculos, es obligación del Alcalde Mayor de Bogotá adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de los habitantes de los sectores aledaños al estadio, pues los riesgos (contra su vida) podrán darse de nuevo, en tanto no se tomen las medidas para precaverlos .

En esa línea, la sentencia señala: Adviértase al señor Alcalde Mayor que de no hacerlo o de incurrir a pesar de ellas en actos similiares a los que originaron la solicitud de tutela, será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 53 del decreto 2591 de 1991 .

La contraparte La norma en mención consignada en la reglamentación de la tutela señala: El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar.

El desacato a resolución judicial es castigado en Colombia con penas de hasta seis meses de arresto y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales. El prevaricato deriva en sanciones de prisión de uno a cinco años.

Ante esa perspectiva, en criterio de los diez consejeros de Estado que salvaron el voto, la decisión mayoritaria ha puesto una verdadera espada de Damoclés sobre el Alcalde de Bogotá y sus homólogos y virtualmente ha pulverizado la perspectiva de otros espectáculos.

En qué instante cuestionó un consejero un Alcalde puede estar seguro de que no ocurrirá disturbio alguno durante un espectáculo o cómo podría predecir si el vandalismo va a presentarse a pesar de que se han tomando la totalidad de medidas de seguridad? .

Por otro lado, a juicio de la minoría, no puede aducirse la amenaza de vandalismo para establecer prohibiciones genéricas en la realización de espectáculos, pues por esa vía se podría llegar hasta el extremo de evitar las actividades gremiales, la protesta sindical, la marcha pacífica ciudadana y hasta las concentraciones políticas .

Ante estas reservas, la mayoría solo enfatiza: El Consejo tuteló solo el derecho a la vida de los habitantes de un sector de la ciudad, pero no se pronunció en modo alguno sobre los derechos a la paz ciudadana, la seguridad pública, la circulación o la protesta ciudadana, que son derechos colectivos.

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