LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESPLAZADOS EN EL ATLÁNTICO

LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESPLAZADOS EN EL ATLÁNTICO

Nuestro departamento ha sido, en el transcurso de la estrategia de la guerra, una zona de retaguardia que por las características de nuestra topografía, por la condición eminentemente urbana de nuestros asentamientos humanos, y por lo que pudiera denominarse un acuerdo tácito entre los actores del conflicto armado, cumple funciones de corredor de abastecimiento y de zona sanitaria.

08 de junio 1998 , 12:00 a.m.

Sin embargo, en las presentes condiciones este equilibrio precario tiende a romperse, corriéndose el riesgo de que toda nuestra población se vea abocada a padecer los rigores del conflicto armado que, en el espacio de lo urbano, tendría implicaciones y desarrollos en los cuales los civiles seríamos las principales víctimas.

A partir de 1995 confluyen en esta porción del territorio atlánticense dos procesos demográficos de efectos igualmente devastadores. El primero de ellos está asociado con el agotamiento de la tierra urbanizable en Barranquilla y con la crisis del programa de subsidios para lotes con servicios públicos del Inurbe; y el segundo está ligado a la guerra que se libra en la Región Caribe y que se manifiesta en las oleadas sucesivas y crecientes de poblaciones desplazadas por la violencia, que han convertido al Area Metropolitana, y los municipios que la conforman, en zona receptora.

A lo anterior se suman los efectos que en lo regional habrá de tener el manejo que sobre la conducción de las hostilidades y la negociación, hará el gobierno nacional. Escenarios que van desde una actitud sincera entre las partes por cumplir la normatividad internacional sobre conducción de la guerra y las debidas protecciones a los civiles, en tanto se negocia el cese de las hostilidades, hasta el uso de la negociación como instrumento para acumular fuerza, deslegitimar al contrario y así obtener ventajas políticas y electorales.

El Gobierno Departamental considera que la dimensión y el dramatismo de los desplazamientos forzados de poblaciones que terminan asentándose en el Departamento del Atlántico y las razonables expectativas que podemos albergar acerca del final de la guerra y el compromiso de los actores del conflicto armado para proteger a la sociedad civil y suspender los desplazamientos forzados, demandan por parte de la Nación un tratamiento económico y una reconceptualización más allá de lo que ordena la ley internacional.

Los orígenes de los desplazamientos nos llevan a afirmar que su tratamiento debe ser abordado por Organizaciones Civiles Independientes que le provean de garantías a estos miles de compatriotas, a quienes el miedo les impide hacer pública su condición de desplazados, ante quienes de una manera u otra expresan y representan parte de los intereses un juego, en medio del conflicto. Por eso, debemos apoyar Organizaciones no Gubernamentales especializadas, ojalá de carácter internacional, que puedan diferenciar entre las poblaciones desplazadas por razones de conflicto armado interno y quienes hacen delas obligaciones del Estado frente a las víctimas de la guerra, una oportunidad para superar o mitigar la propia marginalidad urbana que viven o para hacer negocios lucrativos.

Ahora, en la perspectiva del retorno a los sitios de expulsión, como debe ser la meta, no resulta apropiado que se plantee la inserción social y la estabilización económica de los desplazados en nuestro territorio; el Estado debe promover y garantizar el retorno. Sin embargo, las circunstancias actuales, políticas, sociales y económicas, no nos hacen ser optimistas sobre el regreso de las poblaciones, grupos e individuos desplazados a los lugares y zonas de expulsión.

De esta manera, pensando en el futuro mediato, hay que hablar del reasentamiento y en la estabilización económica de estas poblaciones. Si el suelo vale menos por lo que en él se produce y más por la calidad de la gente que se asienta en él, en lo que hace a las zonas rurales y a los desplazamientos de origen campesino.

Es necesario considerar la necesidad de una microreforma agraria. En un departamento en el que persisten graves e improductivas estructuras de la propiedad sobre la tierra y en el que la mayoría de los campesinos han sido ajenos o ignorados en los sucesivos intentos de reformas agrarias, la presencia de nuevos contingentes de trabajadores del campo, provenientes de otras regiones del país para ser beneficiarios de crédito, tierra, trabajo, techo y otros beneficios, es potencialmente un generador de conflictos. Por ello proponemos la socialización de los beneficios a los desplazados que se quedarán en nuestro territorio, agenciando una nueva reforma agraria en el Atlántico, que sea adelantada por la Administración Departamental, sin perjudicar o limitar las oportunidades del campesinado Atlanticense. Ello puede lograrse si se tienen atribuciones delegadas por mandato de la ley o mediante convenio, por parte del gobierno Nacional y el Incora.

El Gobierno Nacional debe ser consciente de que el fenómeno no ha sido propicio, motivado o inducido por las áreas receptoras y que por lo mismo debe desarrollar un ordenamiento legal que, en el marco de la guerra interna, permita el trasvase temporal o definitivo según el caso, de los correspondientes recursos del situado fiscal, de cesiones y de participaciones, para prestar una atención seria y oportuna en el cumplimiento de la obligación que el Estado tiene, respecto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Buena parte de los recursos departamentales se gastan atendiendo a las poblaciones desplazadas que generalmente padecen graves problemas de salud, requieren educación, albergue y trabajo, como un mínimo vital que les permita acceder en condiciones de igualdad al disfrute de unos servicios que constituyen la garantía que hace eficaces sus derechos fundamentales y para cuya satisfacción los entes territoriales cuentan con recursos muy limitados, incluso para atender a sus propios habitantes.

Por otra parte, la situación de desplazados hacia el Atlántico es totalmente diferente a la que vive Bolívar, Cesar o Antioquía; a esos Departamentos generalmente llega su misma gente que se desplaza el interior del mismo, de una zona de conflicto a otra relativamente en calma. En conclusión es la misma gente de Bolívar que se va de los Montes de María a Turbaco, ciudadanos que se atienden con el mismo situado fiscal departamental, estén donde estén, dentro de la jurisdicción seccional. Pero el caso del Atlántico es totalmente diferente, aquí no existen desplazados internos, aquí la población que llega viene de otros departamentos, incluidos los Santanderes y Antioquia, y debe ser atendida por el situado fiscal que distribuye la Nación según nuestras porciones de pobreza, demografía NBI etc, calculado sin tener en cuenta este fenómeno.

Ayudando al Atlántico, el Gobierno Nacional le estaría diciendo a Colombia entera: Hagamos de la paz un buen negocio.!

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