Nos dejó el extraño legado de seis reformas tributarias, y digo extraño porque cada que entraba a operar una el resultado obvio era la mayor parálisis del sector privado y, por supuesto, menos recaudos para las arcas del soberbio Estado colombiano.
Pero también manifestó que los supuestos conspiradores no habían logrado tumbarlo, pero que una recesión sí lo haría. El país estuvo sumido cuatro años en la más horrible recesión que hayamos vivido, pero no se cumplió su premonición. Por el contrario, se fortalecía cada vez más, gracias a su total desprecio por la economía privada y la contratación masiva de personas en el sector público. La nómina oficial aumentó en volumen de gente, pero también, y es lo más grave, en el valor real de los gastos de funcionamiento.
El apoyo cómplice de los sindicatos oficiales (Fecode, Asonal, USO y demás) permitió que los empleados del sector público tuvieran en el último cuatrienio aumentos salariales 30 por ciento superiores a los del sector privado. Las venas rotas del presupuesto nacional están allí, principalmente, y en la deuda irresponsablemente adquirida para financiar la fiesta.
El gran reto de Juan Camilo Restrepo será negociar con dichos sindicatos una salida digna al problema que se hereda: o aumentan los salarios considerablemente por debajo de la inflación, o simplemente se recurre al doloroso procedimiento de recortar la nómina. El proyecto de presupuesto de 1999, que contempla aumentos del 14 por ciento, aún sigue elevado. Si no se logra disminuir dicha cifra al 10 ó 12 por ciento, cualquier intento de ajuste fiscal será más difícil.
Los sindicatos oficiales deben reconocer que llegó la hora de regresar a donde hemos estado el resto de los colombianos que hemos visto cómo nuestros ingresos se deterioran por las incumplidas metas de la inflación y al punto en el cual ellos estaban hace cuatro años cuando sus salarios no distaban tanto de los del resto del país. Deben también aportar a resolver el gran drama de una cuarta parte de la población que hoy vive con menos de un dólar diario por cabeza o de los casi dos millones de hogares sin empleo que necesitan un ingreso para su sustento.
Negar esa oportunidad a los colombianos que no son privilegiados con cargos estatales es condenar la recuperación económica, el proceso de paz y hasta su misma seguridad. Porque les es inútil negar que la ola de violencia y delincuencia común se ha exacerbado en los últimos años por el efecto que produce la concentración del poder y de los salarios en una clase excesivamente amparada.
La responsabilidad moral y ética de los empleados del Estados está a prueba y no deben esperar que el esfuerzo del ajuste recaiga únicamente sobre los demás.
