LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

El problema es sencillo, pero de grave importancia en función de las instituciones y la garantía de los derechos fundamentales que atañen al debido proceso.

16 de septiembre 1998 , 12:00 a.m.

La Constitución, en su artículo 235, le encomienda a la Corte Suprema juzgar al Presidente de la República y a los altos funcionarios del Estado mencionados en el artículo 174 de la misma, cuando el Senado le remita la causa para que conozca de los delitos que haya encontrado después de realizar el juicio que le compete. Esto acontece previa acusación de la Cámara de Representantes, que, para el caso obra como fiscal, de modo que se reparte la misión de la acusación y el juzgamiento.

Igualmente, le encomienda a la Corte Suprema investigar y juzgar a los miembros del Congreso, y esta es la cuestión confundiendo en una sola entidad la misión de acusar y de juzgar.

También le atribuye la Constitución a la Corte Suprema juzgar, mediante acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte Suprema y ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de departamento administrativo, al Contralor General de la República, a los embajadores, a los jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de los tribunales, y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública.

Respecto de estos últimos funcionarios, es claro que se reguló el procedimiento mediante la acusación por parte del Fiscal y el juzgamiento por la Corte Suprema. En estos casos se aplica el procedimiento penal ordinario. Se separan completamente las funciones de acusación y juzgamiento y se da vigencia plena al debido proceso, porque no se confunden en una misma persona la misión de juzgar y acusar.

En el caso de los miembros del Congreso, no existe procedimiento que se haya dictado para regular para ellos el sistema acusatorio, y de esta manera los magistrados de la Corte Suprema se convirtieron en acusadores y jueces, creando para ellos una situación contraria a su dignidad de supremos jueces de la Nación. En efecto, tienen que valerse del procedimiento ordinario y este ordena que después de la investigación procede eventualmente la resolución acusatoria.

En el evento de que en el proceso contra los parlamentarios se procediera de tal manera, veríamos el aberrante caso de que los magistrados de la Corte serían al mismo tiempo acusadores y jueces. El rigor que exige la resolución acusatoria en el Código de Procedimiento Penal haría que los magistrados no pudieran ser imparciales en el juicio, ni en la sentencia que recayera después de practicado. Tendrían los magistrados que en tal caso declararse impedidos para dictar sentencia? Si se compara con el juzgamiento de los demás funcionarios mencionados en el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución, se ve cómo para estos sí se separaron las competencias de acusar y juzgar, salvaguardando la imparcialidad de los magistrados.

Sin entrar en consideraciones respecto de la inviolabilidad consagrada en el artículo 185 de la Constitución y dejándola a salvo, el Congreso debería dictar rápidamente una ley en la cual se determine que en tales casos también debe preceder la acusación por parte de distinto funcionario, trasladándole a este la investigación y la eventual acusación, para evitar el enorme perjuicio que se le causa a la Sala Penal de la Corte Suprema que aparece ante la comunidad internacional como acusador y juez, que es algo que viola el debido proceso, el cual demanda como garantía fundamental la separación entre acusación y juzgamiento.

Es claro que el artículo 235 dispone en su numeral 3 que es atribución de la Corte Suprema de Justicia investigar y juzgar a los miembros del Congreso , pero ello no implica que en cabeza de la Sala Penal deba acumularse la investigación, la eventual acusación, el juicio y la sentencia. De lo contrario, como hoy ocurre, si la Sala Penal pronuncia la acusación, no puede ser imparcial al dictar sentencia. Esto se debe a la manera impropia como se redactó el artículo 235 de la Carta, que además no tiene desarrollo legal, para evitar el absurdo de poner en la misma cabeza la función de acusar y juzgar. Por qué para los funcionarios a los cuales se refiere el numeral 4 del mismo artículo 235 de la Constitución, el juzgamiento por parte de la Corte debe estar precedido de la acusación por parte del Fiscal General de la Nación, y en el caso de los miembros del Congreso, no? Si todas las personas son iguales ante la ley, esa igualdad debe manifestarse, entre otras garantías, en el debido proceso, que requiere separación entre acusación y juzgamiento.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.