NO HAY PERLA JURÍDICA

NO HAY PERLA JURÍDICA

15 de septiembre 1998 , 12:00 a.m.

Señor Director: Mi comentario sobre el caso de Alvaro Leyva, contrario a lo que afirma Tsiyuai Róbinson Marín Valderrama en el correo de EL TIEMPO el sábado 5 de septiembre, no contiene perla jurídica alguna. Su apreciación, en cambio, no solo es absurda y contraria a los rudimentos más primitivos del derecho penal, sino que está escrita con evidente mala fe y lesiona seriamente tanto la credibilidad que aspira a tener un comentarista como, en especial, el derecho de los lectores ajenos a temas especializados a estar debidamente informados, con la verdad y sin subterfugios.

La persona acusada de una falta o delito lleva en sí, naturalmente, la presunción de inocencia, pero esta es desvirtuable por quien acusa, de manera que en el trámite del juzgamiento es decir, en medio del debido proceso debe ocurrir una de dos cosas: o quien acusa prueba ante el juez que el sindicado es culpable (es decir, rompe la presunción de inocencia), o el encartado prueba que es inocente, o sea que no se desvirtúa esa presunción.

La certeza de culpabilidad o inocencia, cualquiera que sea, la plasma el juez en la sentencia solo al final del proceso dado que es en el curso del mismo donde pueden las partes (acusador y acusado) pedir pruebas, rebatirlas, preguntar, argumentar, oponerse, tachar, alegar sobre indicios, testimonios, documentos, grabaciones, etcétera, en una palabra defenderse para lograr que prevalezca su punto de vista. Del lado de cuál estaba el derecho, solo se sabrá cuando el juez adopte una decisión que generalmente dice: culpable o inocente.

Nunca dije en mi columna que Alvaro Leyva no tenga a su favor la presunción de inocencia, sino que está en el deber de presentarse ante el juez para probar que esa presunción tiene fundamento, o sea que no la pueda quebrar el ente acusador. Mal pude, por ello, haber desconocido el debido proceso, cuando lo que afirmé fue, justamente, que Leyva debe gozar de todas las garantías procesales existentes para que pueda demostrar, dentro de un debido proceso, que nada debe.

La peregrina tesis del corresponsal Marín Valderrama llevaría a la aberración consistente en que un sindicado debe huir del país prevalido de la presunción de inocencia que le es inherente, y no hacerse presente a defenderse de la acusación que se le formula, mientras el acusador (en este caso la Fiscalía) aporta las pruebas suficientes para lograr la condena del encartado, que no probó su inocencia: si esto no es eliminar de un tajo el derecho de defensa, ignoro qué cosa pueda ser.

Víctor Manuel Ruiz

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