CONTABILIDAD Y FINANZAS PÚBLICAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS PÚBLICAS

Las recientes denuncias que señalara el nuevo Ministro de Hacienda sobre la crisis presupuestal que afronta el gobierno que se inicia a más de las irregularidades en el compromiso de vigencias presupuestales futuras y la imposibilidad de determinar tanto la cuantía como los rubros materia del recorte que urge el gasto para afrontar la delicada situación fiscal, pone de manifiesto otro delicado problema que contribuye a agravar la problemática en el manejo de la Hacienda Pública, como es el hecho de que no obstante los ingentes esfuerzos desplegados por la Contaduría General de la Nación, no ha sido posible un manejo técnico y oportuno de la contabilidad oficial.

21 de agosto 1998 , 12:00 a. m.

En efecto, ejemplos preocupantes como la ausencia de registros confiables sobre pasivos pensionales, contingencias originadas en litigios, la relación de bienes, derechos e ingresos que pertenecen a las distintas entidades territoriales y nacionales, entre otros, son una muestra inequívoca de que no se ha implementado oportunamente el sistema de contabilidad oficial, ya no de tipo presupuestal orientada por el principio de caja y limitada a un simple análisis de los rubros de ejecución presupuestal como la venía haciendo la Contraloría General de la República, sino de tipo financiero, al amparo del principio de causación y dedicada al análisis de costos, resultados, indicadores económicos y financieros, que garanticen un claro y oportuno control de gestión.

En días pasados tuvimos la oportunidad de conocer como del proceso de privatización de Corelca, son aún muchas las dudas que sobre el mismo se ciernen, precisamente por la imposibilidad del gobierno para determinar a ciencia cierta, cuáles eran los balances reales de las distintas electrificadoras de la Costa Atlántica, por lo que a la fecha no es posible establecer la verdadera situación económica y financiera de las mismas, lo que se traduce en que nadie sabe si se hizo o no un negocio conveniente en términos estrictamente de valoración.

Creemos que los administradores públicos, contrario a lo que significa la herramienta de trabajo más preciada de que dispone el empresario particular, miran el instrumento de la contabilidad oficial como un estorbo, olvidando que la misma les garantiza contar con una información administrativa, económica, financiera y de gestión confiable, oportuna, técnica y certera, que se traduce en toma de decisiones gerenciales que favorecen el fin del servicio público que la Constitución y la ley les ha confiado.

Sin embargo, el esfuerzo en que viene empeñado el Contador General de la Nación, tiende a verse menoscabo no obstante las directrices impartidas tendientes a consolidar la información sobre la verdadera situación de las finanzas públicas, entre otras cosas por la falta de conciencia de los servidores oficiales sobre las bondades de esta herramienta, la cual al margen de su perentoriedad y obligatoria aplicación, sigue sin ser implementada por buena parte de los mismos, aún cuando la ley prevé sanciones que para desgracia de los administrados, se convierte nuevamente en letra muerta, puesto que en la misma no se contempló el alcance, la forma y los mecanismos para imponerlas.

Así las cosas sólo nos resta confiar en que el nuevo gobierno, primera víctima del hecho que hoy advertimos, fortalezca la institución echando mano de la potestad reglamentaria que le asiste, definiendo los términos para lograr la aplicación efectiva de las sanciones para los funcionarios que incumplan con las directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación y de paso, le haga un reconocimiento al país y al titular de esa entidad quien se ha distinguido por el desarrollo de una gestión tesonera, seria y desinteresada, ratificándolo en el cargo para garantizar una continuidad de tan loable labor.

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