Según el texto del proyecto, la administración de Gerardo Toro Duque, pretende captar por lo menos 100 millones de pesos mensuales toda vez que la sobretasa será de l.000 pesos mensuales para las líneas de servicio residencial y oficial; de 2.500 para las líneas comerciales y 3.000 pesos para la línea de servicio industrial.
El proyecto señala que el l5 por ciento de estos recursos se asignarán al Instituto de Desarrollo de Cartago (Indecar) creado por el actual alcalde para fomentar el desarrollo microempresarial. El diez por ciento será destinado para los programas de seguridad ciudadana que se adelantarán a través de la Secretaria de Gobierno Municipal. Mientras que el 40 por ciento se asignará al Instituto Cartageño del Deporte (Incader).
También se contempla la asignación del 20 por ciento de estos recursos para la financiación de un bono escolar que permita subsidiar los estudios de niños de escasos recursos económicos, mientras que el 15 por ciento restante será de libre destinación.
El Alcalde presenta este proyecto a consideración del Concejo con el argumento de que la antigua ley 84 de 1915 en su artículo primero, faculta a los municipios para crear libremente los impuestos y contribuciones previstas en la ley 97 de 1913 , así como para organizar su cobro y darles el destino que juzguen más conveniente para atender los servicios municipales.
Es necesario darles un impulso al deporte, al empleo y a la inversión social en los sectores más desposeídos, requiriéndose obtener nuevos recursos para ello , dijo Toro Duque en un mensaje al Concejo en el cual justifica y sustenta la creación del impuesto al servicio telefónico.
A quienes no les ha gustado la iniciativa ha sido a los abonados del servicio. Amanda Torres, ama de casa del barrio Guayacanes, dijo a EL TIEMPO-Cali Valle que a lo costoso del servicio, ahora lo van a incrementar con un impuesto. Entre los concejales las posiciones son encontradas, sin embargo no fijarán su posición hasta tanto no estudien a fondo los alcances de la propuesta.
Entre tanto, los directivos de la ERT, Telecom y Teléfonos de Cartago las tres firmas que prestan el servicio realizan las consultas jurídicas para establecer la viabilidad de la iniciativa del ejecutivo y la repercusión negativa que tendrá sobre los intereses de los abonados.
Gremios como la Cámara de Comercio preparan un documento en el que se pronunciarán al respecto, según dijo la directora ejecutiva, Patricia Ramírez Gutiérrez.
