LA PIEDRA EN EL ZAPATO

LA PIEDRA EN EL ZAPATO

La carta del fiscal general, Alfonso Gómez, al presidente Andrés Pastrana para que defina la situación del ex constituyente Alvaro Leyva (prófugo de la justicia) en un eventual proceso de paz con las Farc, se convirtió esta semana en el primer impasse serio entre los dos poderes más sobresalientes del país. Y esto, a un mes del nuevo Gobierno, parece confirmar la regla según la cual desde su creación, en 1991, la Fiscalía General se ha convertido en una piedra en el zapato para los gobernantes de turno.

13 de septiembre 1998 , 12:00 a.m.

No podía ser de otra manera. La Carta que rige a los colombianos fue clara al señalar que la Fiscalía, adscrita al poder judicial, ejerce una función independiente del poder Ejecutivo. Esa autonomía es, precisamente, la que ha causado las mayores controversias entre los tres últimos jefes de Estado y los tres fiscales generales que hasta ahora han pasado por la institución. Controversias que, paradógicamente, han girado alrededor de un mismo tema: el narcotráfico.

En los tiempos de Gustavo de Greiff, primer Fiscal General, sus enfrentamientos con el entonces presidente César Gaviria por las declaratorias de conmoción interior obligaron al vicefiscal Francisco Sintura a convertirse en un puente de comunicación entre los dos. Era la única manera como Gaviria y De Greiff podían entenderse.

Un primer roce entre los dos ocurrió cuando, para evitar la salida masiva de presos muchos de ellos sindicados por narcotráfico, el Presidente optó por medidas excepcionales para prorrogar los términos de los procesos penales y conjurar así la crisis. Era la tercera vez que acudía al mismo mecanismo. De Greiff saltó en cólera y dijo que si la justicia no había logrado recaudar evidencias, mal podía prolongarse la situación de los detenidos.

El segundo encontrón entre De Greiff y Gaviria tuvo que ver con la posición debil según el Presidente del Fiscal con abogados del cartel de Cali que pedían negociación de penas y detención domiciliaria para los capos. El Gobierno creía, por el contrario, que los cabecillas tenían que someterse a la justicia, pagar penas altas y entregar todos sus bienes. Al poco tiempo, la discordia entre los dos poderes fue por el sitio de reclusión de los jefes del narcotráfico: De Greiff pedía que fuera en sus lugares de origen, pero Sintura y el Presidente se oponían porque era como permitir que la mafia siguiera delinquiendo.

El último rifirrafe tuvo que ver con una proposición de De Greiff para discutir abiertamente el tema de la legalización de la droga, a lo que siempre se opuso el Gobierno, apoyado por los Estados Unidos.

Valdivieso-Samper Pero los enfrentamientos entre De Greiff y Gaviria fueron un leve ventarrón de posiciones divergentes comparado con el huracán de acusaciones mutuas que mantuvieron el fiscal Alfonso Valdivieso y el presidente Ernesto Samper. Y eso que el primero le agradeció al segundo su colaboración por haberle apoyado en la elección.

Valdivieso, al lado de su polémico vicefiscal Adolfo Salamanca, afrontó la peor crisis institucional del país en los últimos 50 años. Le tocó, en abril de 1995, el destape de los vínculos entre la clase política y el narcotráfico. Y, lo que es peor, la financiación, por parte de la mafia, de una campaña presidencial que llegó al poder. Lejos estaba Valdivieso de imaginar que sus decisiones irían hasta una acusación formal contra el presidente Samper ante el Congreso, el 14 de febrero de 1996.

Los primeros roces de Valdivieso fueron con el Congreso, que llegó a insinuar la posibilidad de cortarle alas a la Fiscalía y dejarla como un organismos adscrito a la Presidencia. No era para menos, el Fiscal había enviado a la cárcel a una docena de congresistas por vínculos con el cartel de Cali. También se enfrentó al entonces procurador Orlando Vásquez (preso); tuvo serios roces con el ex contralor David Turbay (preso); con los abogados del Presidente y con el propio Jefe del Estado.

El silencio de Samper se rompió cuando Valdivieso comenzó sus pesquisas contra tres ministros del gobierno: Horacio Serpa, Juan Manuel Turbay y Rafael Pardo. El Presidente dijo que el Fiscal actuaba a base de chismes y no con pruebas. Valdivieso calificó tal declaración como un lamentable espectáculo por parte del Presidente.

A comienzos de julio de 1997, Samper y Valdivieso se vieron envueltos en una nueva discusión por el tema de la extradición. En una ceremonia militar, el Primer Mandatario dijo que el jefe del organismo investigador había hecho unas declaraciones que desorientaron la posición que sobre el tema tenían los congresistas.

Me parece absolutamente insólito que el Presidente pretenda en forma mal intencionada atribuirme responsabilidades frente al trámite de la extradición tratando de mostrar que por mi culpa no se ha aprobado , respondió el Fiscal.

Gómez-Pastrana De la carta de Gómez a Pastrana hay dos cosas contundentes: la pregunta del Fiscal al Presidente sobre si es cierto que las actuaciones de su despacho frente a Leyva Durán (acusado de enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico) constituyen un obstáculo para la paz, como lo sugieren las Farc; y la frase de que el precio de la paz no puede ser la impunidad . Es decir, para el Fiscal está claro que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Para algunos entendidos, la carta tiene también la intención de pedirle al Presidente que, de una vez por todas, diga públicamente si avala o no a Leyva como interlocutor de la guerrilla. De lo contrario, que actúe en consecuencia, es decir, que presione la extradición del dirigente conservador. Pero para otros, entre ellos Sintura, el Gobierno no puede hacer nada distinto a esperar que sea la guerrilla la que se pronuncie definitivamente.

La Fiscalía y la Presidencia no siempre se enfrentan, pero cuando lo hacen, el país tiembla.

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