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PROCURADURÍA: EN LA CATEDRAL, SÓLO ERRORES

PROCURADURÍA: EN LA CATEDRAL, SÓLO ERRORES

El primer informe oficial de la Procuraduría General de la Nación sobre la fuga de Pablo Escobar Gaviria es una severa andanada contra las actuaciones del Gobierno. Y, en especial, frente a la actitud de los ministros de Defensa, Rafael Pardo Rueda, y Justicia, Andrés González Díaz. El presidente César Gaviria y los ministros de Defensa y de Justicia, sobre los que no recae responsabilidad disciplinaria, son severamente cuestionados por el organismo fiscalizador.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
22 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

En concepto de la Procuraduría, en la dirección de la fallida operación de traslado de Escobar, Pardo pudo contribuir para evitar el caos, pero no lo hizo, y González solo se limitó a dar órdenes incompletas y poco claras.

Sin embargo, la conclusión de la Procuraduría es que el Gobierno supo siempre que Escobar tenía pleno control del penal y bajo sus órdenes a los guardias de prisiones y a los efectivos de la IV Brigada asignados para custodiarlo.

Ni siquiera el presidente de la República, César Gaviria Trujillo, sale bien librado en el informe preliminar que realizó la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría por la fuga de Pablo Escobar de La Catedral.

El voluminoso documento, conocido completamente y de manera exclusiva por EL TIEMPO, hace una critica enérgica de algunas de las actitudes de altos miembros del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas que participaron la tarde del 21 de julio de 1992 en el Consejo de Seguridad que determinó trasladar al jefe mafioso y a sus hombres a una guarnición militar.

El presidente Gaviria y los ministros de Defensa y de Justicia, Rafael Pardo Rueda y Andrés González Díaz, respectivamente, sobre los que no recae responsabilidad disciplinaria, son severamente cuestionados por el organismo fiscalizador.

El ex ministro de Justicia Jaime Giraldo Angel y el ex comandante del Ejército Manuel Murrillo González, según el informe preliminar, son los directos responsables del descalabro de la política carcelaria y del caos de la operación militar que pretendió el traslado del jefe del cartel de Medellín.

Ni siquiera los medios de comunicación pasaron el examen de responsabilidades realizado por los agentes del Ministerio Público.

La Procuraduría cuestiona al Presidente por haber permitido que la Casa de Nariño divulgara a las 11:30 de la noche del 21 de julio, un comunicado oficial sobre lo que estaba pasando en Envigado.

Ese comunicado fue calificado por el Ministerio Público como ligero e inexacto.

En su declaración certificada ante la Procuraduría, el Presidente dijo que ese comunicado fue expedido por la existencia de toda suerte de informaciones alarmistas e inexactas que se produjeron desde las 8:30 de la noche en las cadenas radiales de Antioquia y que llegaron a las cadenas nacionales cerca de las 9 de la noche .

Con todo, la Procuraduría observa: Aunque no puede desconocerse el papel negativo que jugaron los medios de comunicación en la divulgación de toda suerte de noticias, tampoco es menos cierto que ese comunicado en donde se daba por hecho la toma del control de la cárcel por parte del Ejército, para no incurrir en lo que el propio Presidente denomina informaciones inexactas, antes de ser divulgado al país ha debido ser confirmado .

Según el organismo fiscalizador el informe no era veraz en la medida que aseguraba que el Ejército ya había asumido el control interno del penal. Eso solo fue posible a las 7:15 de la mañana del otro día, cuando las Fuerzas Especiales entraron a La Catedral.

Más reproches A la vez, la Procuraduría hace otros tres cuestionamientos al Gobierno: Primero, que antes de las denuncias del fiscal, Gustavo De Greiff, sobre las irregularidades en Envigado, el Gobierno conocía la situación interna de riesgo de la cárcel, sabían del poder de Escobar e el interior del penal. (Con una guardia municipal que le sería fiel) .

El segundo, que nunca previó todos los riesgos del traslado del capo y su gente: Si el Gobierno había perdido el control de la cárcel debía saber de los riesgos, de las armas, medios de comunicación y rutas de escape .

Y el tercero, que el Gobierno y los encargados de ejecutar la toma de La Catedral, debían deducir del informe del Fiscal sobre la situación de ese lugar que algunos de los miembros de la IV Brigada, encargados de la seguridad externa del penal, estaban comprometidos en las actividades delictivas de Escobar .

El informe dice, también, que si bien es cierto no hay mérito para abrir una investigación disciplinaria contra el Ministro de Defensa, él sí pudo contribuir para evitar el caos que se presentó durante el desarrollo del Consejo de Seguridad y durante la toma de la cárcel.

La Procuraduría dice que encuentra reprochable su actitud (la del ministro Pardo) en lo referente a los hechos acaecidos el día 21 de julio, por cuanto ha podido llamar la atención de sus colegas y subordinados sobre la falta de planeación y la descordinación en la ejecución de la instrucción presidencial (de asumir el control de la cárcel) .

En cuanto al ministro González, la Procuraduría señala que se equivocó al no darle órdenes claras al viceministro Eduardo Mendoza sobre los alcances de su función en Envigado la noche de la fuga y al no tener la iniciativa de poner en contacto a este funcionario con el general Murillo, sobre quien finalmente recaía la responsabilidad de la operación militar.

Ni el general Murillo, en quien el Ministro de Defensa delegó la planeación de la operación, ni el Ministro de Justicia, funcionario en el que el Presidente de la República, confió la tarea de desarrollar las acciones tendientes a restablecer el control de la cárcel de Envigado, tenían claridad sobre la función y la razón de la presencia de los funcionarios del Ministerio de Justicia (Mendoza y Navas) en la cárcel .

La generalidad y la vaguedad de las instrucciones recibidas de sus superiores, tanto por Mendoza como por el general Pardo Ariza, dio lugar a que en el lugar de los hechos se improvisara .

Para el organismo investigador es claro que los funcionarios del Ministerio de Justicia nunca supieron qué significaba realmente la orden de González de ir a Envigado a legalizar la entrega del penal.

Cargos para Giraldo Los reproches más severos de la Oficina de Investigaciones Especiales son para el ex ministro Giraldo Angel, a quien responsabiliza por recibir el penal con graves fallas de seguridad, por no atender la información de la IV Brigada, según la cual La Catedral y los predios aledaños a la misma eran de propiedad de allegados a Escobar.

Informes de la guarnición militar señalaban, según la Procuraduría, que en los predios de la cárcel fueron realizadas en 1990 operaciones tendientes a capturar a importantes miembros del Cartel de Medellín, igualmente, que a finales de la década de los 80 fue incautado en ese lugar un laboratorio para procesar droga.

Es más, en una declaración en el Ministerio Público, el ex comandante de la IV Brigada, general Harold Bedoya Pizarro, aseguró que la zona de La Catedral y territorios aledaños, está sembrada de pinares y tiene varios carreteables o vías de penetración construidas por los narcoterroristas que, de paso, para apoderarse de la región, eliminaron a los habitantes no confiables a sus intereses delictivos .

En su declaración ante la Procuraduría, Giraldo aseguró que nunca se me dijo que ese terreno tuviera algo que ver con narcotráfico .

Sin embargo, Investigaciones Especiales dice que Giraldo debió tomar en cuenta las observaciones de la IV Brigada, y aún más, cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes entidad adscrita al Ministerio de Justicia, había incautado en alguna oportunidad los terrenos aledaños a la cárcel.

En tal orden de ideas dice el informe del organismo fiscalizador, se evidencia un acto presumiblemente negligente del Ministro .

Es más, la Procuraduría asegura que el funcionario no determinó de modo claro en qué modo se realizarían las adecuaciones al penal por parte del municipio de Envigado, dejando abierto todo el paso para que la Alcaldía de esa localidad determinara, casi totalmente, qué obras construía y cuáles no.

Un tercera acusación contra Giraldo es por haber recibido la cárcel con la presencia de graves afecciones para la seguridad del centro de reclusión, toda vez que se omitieron detalles claves, tales como el enrejado perimétrico, evitar la circulación periférica y los accesos en forma directa al exterior de cada celda .

El informe preliminar concluye que es absolutamente claro que no se acataron las normas de seguridad y que la denominada cárcel La Catedral no cumplía los requisitos mínimos de seguridad de una cárcel de máxima seguridad. Más implicados La investigación de la Procuraduría atribuye, además, responsabilidades a cerca de un centenar de funcionarios de los ministerios de Justicia y Defensa, y a los miembros de la guardia nacional y municipal de La Catedral.

Entre los investigados, la mayoría de ellos vinculados ya al proceso con pliego de cargos son, entre otros, el ex ministro de Justicia Fernando Carrillo, a quien responsabilizan de la ejecución, presuntamente irregular, de algunas obras en el penal; a los ex viceministros de esa cartera Francisco Zapata y Eduardo Mendoza.

En cuanto al ex comandante de la IV Brigada, general (r) Gustavo Pardo Ariza, y a una decena de oficiales y suboficiales de esa guarnición militar. Así mismo, a los ex directores del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Darío Echeverri Campos y Rodrigo Escobar Gil, la Procuraduría lo responsabiliza por no ejercer la interventoría sobre los contratos de La Catedral.

Los cargos son también para la cúpula de la Dirección General de Prisiones: los ex directores, Manuel Humberto Cáceres y el coronel (r) Hernando Navas Rubio; los ex directores y ex subdirectores de la cárcel Jorge Pataquiva y coronel (r) Homero José Rodríguez y coronel (r) Jorge Armando Rodríguez González.

A la investigación también están vinculados los alcaldes de Envigado José Mario Rodríguez y Jorge Meza Ramírez.

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