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LA CORTE FRENTE AL SERVICIO MILITAR DE MENORES

LA CORTE FRENTE AL SERVICIO MILITAR DE MENORES

En marzo de 1997, una decisión de la Corte Constitucional le ordenó al Ejército nacional que se abstuviera de llevar soldados menores de 18 años a las zonas del país en medio del conflicto armado.

Este pronunciamiento fue hecho al decidir las tutelas presentadas por 63 padres de familia que buscaban evitar que sus hijos fueran llamados a conformar los contingentes cuya misión era combatir a la guerrilla.

La Corte le dijo a las Fuerzas Militares que en caso de que fuera necesario que prestaran el servicio militar los bachilleres que no hubieran cumplido su mayoría de edad, debía destinarlos a labores administrativas, y que en ningún caso, sería posible vincular a menores de 15 años.

El alto tribunal, con ponencia de los magistrados Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández, se basó en las disposiciones del Protocolo de Ginebra, firmado por Colombia, para indicar que los jóvenes deben gozar de una especial protección del Estado y su vida no debe ser puesta en peligro por los factores armados.

De acuerdo con los magistrados, aunque colaborar con la defensa del país es un deber consagrado en la Constitución, esto no puede terminar por convertirlos en carne de cañón .

Con mayor razón, si se tiene en cuenta que sus condiciones físicas y sicológicas no les permiten enfrentar a la subversión ni ser enviados a zonas de orden público. En su opinión, esa era una exigencia desproporcionada frente a sus capacidades.

La Corte agregó que la situación de orden público que vive el país justifica que los padres se preocupen por la suerte de los hijos que ingresan a las Fuerzas Militares, de modo que el Ejército debe tener un especial cuidado frente a ellos. Por eso, debe realizar una estricta planeación y coordinación para no poner en riesgo su vida.

Frente a los bachilleres mayores de 18 años, la sentencia estableció que podrán participar en combates, siempre y cuando estuvieran preparados desde el punto de vista físico, sicológico y logístico.

La polémica inició a finales de mayo de 1996.

El defensor del Pueblo de ese entonces, Jaime Córdoba Triviño, acusó al Gobierno de violar la ley al permitir que menores de edad fueran reclutados.

Según Córdoba, se estaba desconociendo la firma que hizo el país en 1991 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando manifestó su voluntad de imponer el servicio militar sólo a mayores de 18 años.

Tanto las Fuerzas Militares como el Jefe de Estado le salieron el paso y defendieron el reclutamiento de menores.

Para ese entonces, el país afrontaba una difícil situación de orden público debido al incremento en las acciones de la guerrilla al tiempo que en el sur del país se gestaba una gigantesca marcha de cocaleros para rechazar la fumigación de cultivos ilícitos.

Los padres de familia que tenían sus hijos prestando el servicio militar reaccionaron y comenzaron a interponer acciones de tutela para que sus hijos no fueran enviados a zonas de orden público.

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