PAZ NO PUEDE LLEVAR ALA IMPUNIDAD : FISCAL

PAZ NO PUEDE LLEVAR ALA IMPUNIDAD : FISCAL

El fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, le advirtió ayer al presidente Andrés Pastrana que el precio de la paz del país no puede ser el de la impunidad, ni el desconocimiento de la autonomía del poder judicial ni la demolición del orden jurídico.

12 de septiembre 1998 , 12:00 a.m.

La advertencia la hizo Gómez Méndez al asegurar que no le puede conferir un trato preferencial al proceso adelantado contra el ex constituyente Alvaro Leyva Durán, investigado bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Leyva se encuentra en Costa Rica.

En una carta al presidente Pastrana, el Fiscal le solicitó al Gobierno que defina su posición frente al caso de Leyva y le indicó que incluso puede pedir la suspensión de la orden de captura contra el sindicado, si en algún momento una organización al margen de la ley incluye a Leyva como su vocero dentro de un proceso de paz.

Al referirse al encuentro sostenido por Pastrana con dos líderes de las Farc antes de su posesión como primer mandatario, Gómez Méndez le preguntó: Es verdad que en el diálogo con la comandancia de las Farc, se planteó como un obstáculo para la paz la existencia de un proceso judicial en curso contra el señor Leyva? De haber sido así, estuvo de acuerdo el señor Presidente con ese planteamiento? .

Le interrogó, además, sobre si es verdad la existencia de una carta enviada por Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo , jefe de las Farc, para que se resuelva lo antes posible el caso de Leyva Durán.

El pronunciamiento de Gómez Méndez se produjo un día después de que la Fiscalía dejó en firme, en segunda instancia, la medida de aseguramiento proferida contra Leyva Durán (ver nota anexa).

Leyva cuya extradición pidió en su momento la Fiscalía está a la espera de que el gobierno de Costa Rica defina si le concede o no asilo. Leyva ha indicado que no pasará ni un momento en la cárcel.

La paz En su misiva, Gómez Méndez aludió, además, a las declaraciones concedidas por Tirofijo a Patricio Echegaray, del semanario Nuestra Propuesta , órgano del Partido Comunista argentino. La versión en la cual el jefe subversivo se refiere a la Fiscalía la publicó el pasado jueves un diario capitalino.

El Fiscal aseguró: No puedo aceptar el hecho de que, mientras actúa como interlocutor del Jefe del Estado, el cabecilla de una organización subversiva me atribuya la condición de enemigo de la paz, porque un fiscal esté adelantando, con total independencia, un proceso penal en el cual figura como sindicado el doctor Alvaro Leyva Durán .

Gómez Méndez advirtió que hasta la fecha ha vinculado a investigaciones por enriquecimiento ilícito a 1.469 personas en muchos casos similares a la del proceso contra Leyva.

Entre los acusados figuran congresistas, políticos, periodistas y banqueros. La mayoría de ellos, en lugar de salir del país, han afrontado sus procesos y ejercido en Colombia el derecho constitucional de defensa , sostuvo.

Mientras permanezca en este cargo, aun a riesgo de incomprensiones, tengo que responderle a Colombia por el cumplimiento de las leyes vigentes, ya que no fui elegido para negociarlas, sino para hacerlas cumplir , concluyó el Fiscal.

Al cierre de esta edición, el presidente Pastrana adelantaba intensos contactos con sus principales asesores para responder a las inquietudes de Gómez Méndez. Tampoco había sido posible localizar a Leyva Durán a fin de conocer su versión.

EL TIEMPO intentó conocer la opinión de Alvaro Leyva Durán sobre lo expresado por el Fiscal en su carta a Pastrana pero, a través de un amigo personal, el político hizo saber que no estaba interesado en comentar el contenido de la comunicación.

GOMEZ DICE QUE NO PUEDE NEGOCIAR LA LEY El siguiente es el texto de la carta enviada por el fiscal Alfonso Gómez Méndez, al presidente de la República, Andrés Pastrana.

Apreciado Señor Presidente: El día jueves 10 de septiembre de 1998, el diario El Espectador publica unas supuestas revelaciones de Manuel Marulanda Vélez, máximo dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a Patricio Echegaray, del semanario Nuestra Propuesta, órgano del Partido Comunista argentino, en las que aparecen algunas referencias a la Fiscalía General de la Nación, en relación con las cuales quisiera llamar la atención del señor Presidente.

En efecto, en la mencionada publicación se atribuyen, entre otras, las siguientes afirmaciones al señor Marulanda Vélez: Al momento de levantarnos de la mesa (se refiere a la reunión sostenida entre el Presidente electo y el estado mayor de las Farc) acordamos que el enlace de la Presidencia sería el señor Alvaro Leyva... .

Yo le mandé una carta al Presidente para que resuelva lo antes posible el caso del señor Leyva. Cómo es posible que el señor Fiscal, en un momento tan crucial como la búsqueda de una salida política al conflicto armado, se oponga a una política de paz tan importante para 40 millones de habitantes? Eso no tiene lógica... .

En relación con estas supuestas afirmaciones, quisiera señor Presidente, con todo respeto, hacerle las siguientes consideraciones: En primer lugar, estimo que el país y el Fiscal General de la Nación tienen derecho a tener respuesta sobre estas dos preguntas: 1a. Es verdad que en el diálogo con la comandancia de las Farc, se planteó como un obstáculo para la paz la existencia de un proceso judicial en curso contra el señor Leyva? De haber sido así, estuvo de acuerdo el señor Presidente con ese planteamiento? 2a. Es verdad, como lo dice el señor Echegaray, que el Jefe del Estado recibió del señor Marulanda la carta a la que se refiere la publicación? Como tuve oportunidad de expresárselo personalmente a usted, un fiscal regional de Bogotá inició contra el doctor Alvaro Leyva Durán, mucho antes de comenzar la fase final del debate electoral, un proceso por el delito de enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico. Al doctor Leyva se le dieron todas las garantías, incluida la de no ser capturado para la indagatoria, como hubiera podido disponerlo el fiscal del caso. Este sumario se halla en una etapa incipiente, y puede terminar en preclusión o en resolución de acusación, según el resultado de la controversia probatoria.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha vinculado a investigaciones por enriquecimiento ilícito a 1.469 personas (de las cuales más de trescientas se encuentran en la cárcel) y en muchos casos se han dictado medidas similares a la que hoy en día cobija al doctor Leyva. Entre los acusados figuran congresistas, políticos, periodistas y banqueros. La mayoría de ellos, en lugar de salir del país, han afrontado sus procesos y ejercido en Colombia el derecho constitucional de defensa.

Bien sabe el señor Presidente que, según la Constitución de 1991, la Fiscalía General de la Nación hace parte del poder judicial y que las decisiones de los fiscales son autónomas. Sabe también que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ni siquiera el Fiscal General puede dar instrucciones a los fiscales, pues estos actúan con la independencia propia de los jueces. En el día de ayer, un fiscal de segunda instancia confirmó la medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación, que se había dictado en primera instancia contra el doctor Leyva Durán.

No puedo aceptar el hecho de que, mientras actúa como interlocutor del Jefe del Estado, el cabecilla de una organización subversiva me atribuya la condición de enemigo de la paz, porque un fiscal esté adelantando, con total independencia, un proceso penal en el cual figura como sindicado el doctor Alvaro Leyva Durán. Si bien, muchos colombianos reconocemos al doctor Leyva Durán sus esfuerzos en la búsqueda de la paz, su proceso no puede recibir un tratamiento privilegiado, ya que con ello se vulneraría el principio constitucional de la igualdad. He afirmado que si en algún momento una organización al margen de la ley lo incluye como su vocero dentro de un proceso de paz en los términos de la Ley 418 de 1997, el sindicado podría verse beneficiado por una suspensión de la orden de captura, si así lo solicita el Primer Magistrado de la Nación.

Como ciudadano, profesor universitario, congresista, Procurador General y Fiscal General siempre he sido un partidario decidido de la negociación política del conflicto armado que padece nuestro país. He sostenido además que cualquier proceso de paz pasa necesariamente por la sanción a las violaciones a los derechos humanos, y he actuado en los distintos cargos públicos de conformidad con ese pensamiento. Estimo sin embargo, y creo que en esto me acompañan no pocos de mis compatriotas, que el precio de la paz no puede ser la impunidad, ni el desconocimiento de la autonomía del poder judicial ni la demolición del orden jurídico.

Considero que mi contribución al necesario proceso de paz está en cumplir la Constitución y la ley, y en no ser inferior al compromiso que adquirí con el país y con la honorable Corte Suprema de Justicia, corporación que me eligió.

Mientras permanezca en este cargo, aun a riesgo de incomprensiones, tengo que responderle a Colombia por el cumplimiento de las leyes vigentes, ya que no fui elegido para negociarlas, sino para hacerlas cumplir.

Del señor Presidente, con todo respeto, Alfonso Gómez Méndez, Fiscal General de la Nación.

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