MEJOR ESPERAR

Hace unos meses nos referimos al vínculo cercano entre las telecomunicaciones y la democracia: el espectro electromagnético, corazón de esta área económica, es por mandato constitucional un bien público sujeto a la gestión del Estado y el acceso a su utilización debe ser garantizado por éste para todos, evitando prácticas monopolísticas y buscando favorecer la sana competencia.

03 de agosto 1998 , 12:00 a. m.

Por esos días, el Gobierno preparaba dos reglamentaciones críticas para el sector: la ley marco de las telecomunicaciones, y el decreto de los Servicios Personales de Comunicaciones (SPC). Con alguna prisa prepara ahora la reglamentación de un importante servicio que ha pasado inadvertido: LMDS (Local Multipoint Distribution System, un sistema inalámbrico de banda ancha para prestar servicios de voz, datos y video).

Las telecomunicaciones son y serán el medio para que los pueblos se acerquen, las verdaderas autopistas por donde fluye el desarrollo del concierto de las naciones de la aldea global. Favorecer el acceso a ellas es de la esencia del Estado moderno. Su labor debe apuntar a evitar los monopolios y a favorecer la sana competencia.

Como un símil de la situación, imaginemos la construcción de una red de amplias autopistas urbanas que descongestionarían el dantesco tráfico bogotano, atravesando la ciudad y conectándose a otras troncales hacia las afueras. Para accederlas habría una condición, el pago de un alto peaje por kilómetros recorridos. La consecuencia sería evidente: las autopistas serían utilizadas libremente por unos pocos, los demás lo harían únicamente en trayectos cortos o situaciones de emergencia.

Eso es exactamente lo que sucederá si no se promueven reglas transparentes sobre la asignación del espectro y los esquemas de telecomunicaciones. Los peajes, en este caso el precio por minuto del servicio y el canon mensual, serán muy elevados, como sucede hoy. Son unos pocos los beneficiados y se contraviene el mandato constitucional.

El borrador del proyecto de ley marco mencionado solo contiene previsiones vagas sobre el control de las prácticas monopolísticas. Quedan abiertas las puertas para que éstas se den ahora y en el futuro. En Colombia, el espectro gradualmente está quedando en unas pocas manos. Si están dadas las condiciones por qué no se ha hecho? Qué estuvo a punto de suceder con los SPC? En la reglamentación que preparó el Ministerio de Comunicaciones se permitía la participación de los operadores de telefonía celular y se cambiaba inexplicablemente su posición inicial de prohibirlo. Tal cual quedó la norma se favorecía la concentración del espectro en detrimento de las aspiraciones de otros empresarios para accederlo y prestar en franca competencia servicios similares. Por fortuna, y sin saber todavía qué vaya a suceder, el ministro Bautista aplazó el proyecto de decreto que otorgaba posiciones de dominio a los operadores de celular.

Ahora, la licencia de LMDS, una tecnología de ilimitadas posibilidades, es tal vez una de las más valiosas de cuantas se puedan adjudicar. Ad portas de finalizar su mandato, el Gobierno pretee trazar las normas de su adjudicación, sin haberle dado ningún debate de cara a la opinión pública. Sobre un tema tan importante, vale la pena una meditación más profunda y sistemática, integrada a una política sectorial.

Resulta preocupante que en sus últimos días el Gobierno ponga en peligro el futuro de un sector neurálgico para el desarrollo y que, en lugar de promover la democracia y la igualdad de oportunidades en ese frente, deje abiertas las puertas para que se den prácticas monopólicas. En estos temas es peligroso precipitarse, y si no se cuenta con el tiempo suficiente, es mucho mejor esperar.

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