Este hecho, sumado a las conversaciones en Alemania, podría significar un viraje en la posición de las Farc frente a los uniformados, tema que estaba totalmente congelado en su agenda.
La posición original, definida en el pleno del estado mayor efectuado en noviembre del año pasado, había planteado la estrategia de la retención de soldados para negociar su liberación a cambio de presos políticos de esa organización.
Esa estrategia se llevó a la práctica con los ataques a Cerro Patascoy, el 21 de diciembre y al Batallón de Infantería No. 52 en El Billar (Caquetá).
De acuerdo con este plan, la estrategia de las Farc estaría encaminada hacia la retención de al menos cien militares, antes de cualquier negociación.
Esta decisión se adoptó a pesar de las buenas perspectivas de paz que generó la liberación de los soldados de Las Delicias y los infantes de Marina de Juradó (Chocó) hace un año.
Pero el clima se deterioró. Ante la negativa de la administración Samper de acceder al despeje de los 5 municipios (Vista Hermosa, Lejanías, Mesetas, La Uribe y San Vicente del Caguán), las Farc también rompieron los acercamientos y anunciaron su negativa a sentarse a negociar con la administración Samper.
El viraje Los hechos recientes hacen pensar en que la estrategia de las Farc se centra ahora en sus expectativas de negociación con el nuevo Gobierno.
Y no solo por el golpe de opinión que dio el presidente electo, sino por la dinámica que han adquirido las conversaciones del Eln con la sociedad civil, las cuales podrían marcar una pauta a futuros modelos de negociación.
En este panorama, los soldados adquieren un nuevo sentido frente a una eventual negociación: su liberación incondicional les puede dar réditos políticos significativos en este nuevo escenario. El más importante, el gesto de buena voluntad de acceder a sentarse a negociar con Pastrana.
Resulta claro que cualquier negociación con las Farc no se va a iniciar mientras los uniformados estén retenidos. Y el plazo que se fijó para la iniciación de los contactos directos es de 90 días a partir del 7 de agosto. En ese sentido sería factible que la entrega se produzca antes de la instalación de una mesa de negociación.
El primer paso para llegar allá y a juzgar por los indicios, será próximo es el de la divulgación de las pruebas de supervivencia de los uniformados, que podría darse incluso antes de la finalización del actual Gobierno.
La negociación de los aspectos logísticos para la entrega de los soldados será probablemente muy discreta. No sería de extrañar que los contactos para la liberación se conocieran cuando ya estén avanzados.
En este proceso, al igual que en Las Delicias, habrá una activa participación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica.
