NACIÓN DEBE MEJORAR DOTACIÓN DE SOLDADOS

NACIÓN DEBE MEJORAR DOTACIÓN DE SOLDADOS

Las grandes derrotas militares sufridas por las Fuerzas Armadas podrían salirle caras al Estado colombiano si se demuestra que los uniformados que murieron en ellas carecían de lo necesario para enfrentarse a la guerrilla.

09 de septiembre 1998 , 12:00 a.m.

Así se desprende de una decisión del Consejo de Estado, que condenó a la Nación a pagar más de 30 millones de pesos por la muerte de un agente de Policía en un ataque guerrillero a la inspección de Churuyaco, en el municipio de Orito (Putumayo).

El Consejo determinó que cuando un miembro de la Fuerza Pública muera porque sus superiores no lo dotaron de los elementos suficientes para defenderse de un ataque guerrillero, el Estado tendrá que responder patrimonialmente por su muerte.

Los hechos que dieron lugar a la decisión ocurrieron el 7 de noviembre de 1992. En esa oportunidad, los frentes XIII, XVIII y XXXII de las FARC, atacaron el puesto de Policía de la inspección y provocaron la muerte de un suboficial y 25 agentes de Policía, quienes fueron sorprendidos a las 4:30 de la mañana, mientras dormían.

Los uniformados cumplían funciones de vigilancia del Distrito Sur de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), donde se almacenan los crudos que se bombean de los pozos existentes en la zona.

Desde un principio se denunciaron públicamente las condiciones infrahumanas en que vivían los miembros de la Fuerza Pública, además de la falta de construcciones defensivas y elementos para combatir a la subversión.

Al proceso se adjuntó una copia de un artículo publicado por EL TIEMPO el 10 de noviembre de 1992, en el que el propio ministro de Defensa de esa época, Rafael Pardo Rueda, reconocía las circunstancias en que se encontraban los agentes.

Hay evidentes deficiencias en cuanto a la habitabilidad y las condiciones de vida de los agentes y a las obras de protección física. Por esta razón hemos pedido a Ecopetrol que refuerce todos los puntos donde hay protección de la Policía y de la fuerza pública, de manera inmediata y decidida, para que ésta sea efectiva y no esté basada exclusivamente en el heroísmo de agentes de policía sino en obras físicas que son responsabilidad de la empresa , afirmó en esa oportunidad.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, sin embargo, determinó que el Gobierno no podía exigir a Ecopetrol algo que era de su responsabilidad exclusiva, entre otras cosas, porque la Corte Constitucional declaró posteriormente inexequibles los contratos con para la protección especial de determinados lugares.

Con ponencia del magistrado Jesús María Carrillo, la corporación definió que es el Estado el que debe ofrecer condiciones dignas y seguras para que los soldados cumplan con su labor y si no lo hace y como consecuencia de ello se produce la muerte de alguno de ellos, tienen que responder patrimonialmente por eso.

De esta manera, en cada caso particular se tendrá que analizar si la derrota militar que acabó con la vida de uno o varios uniformados fue consecuencia de las deficiencias en la dotación y si es así, podrá aplicarse una sanción al Estado.

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