ESTADO, EN DEUDA CON ICBF DEL ATLÁNTICO

ESTADO, EN DEUDA CON ICBF DEL ATLÁNTICO

Cuando se trata de hacerle conejo a la ley, las empresas pertenecientes al sector oficial son expertas.

18 de septiembre 1998 , 12:00 a.m.

A esa situación no ha sido ajeno el grupo de entes territoriales y empresas oficiales, que en anuencia con el sector privado le deben 5.603 millones 503 mil 244 pesos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Atlántico.

Un análisis presentado por la directora seccional de la entidad, Isabel Barrios Sanjuanelo, respecto a la situación de aportes patronales correspondientes al período comprendido entre el primero de enero de 1991 y el 31 de agosto de 1998, demuestra que los deudores morosos más grande están en el sector oficial.

Hay títulos ejecutivos en manos de los juzgados por 3.586 millones 956 mil 098 pesos; de esa suma 3.393 millones 497 mil 783 pesos los deben las empresas del sector oficial, es decir que la morosidad estatal corresponde a más del 90 por ciento de la deuda. El sector privado también debe 193 millones de pesos.

Para cobro vencido y en procesos administrativos pendiente, hay una deuda total de 2.016 millones 547 mil 146 pesos; nuevamente aquí se observa que la mayor deuda es de las entidades oficiales con 1.885 millones 762 mil 940 pesos y las empresas privadas suman en sus cuentas por pagar 130 millones 784 mil 206 pesos.

En términos generales de los 5.603 millones pendientes, el Estado debe 5.279 millones. Además, mientras que las empresas privadas superan los 324 millones de pesos.

Los aportes que deben pagar las empresas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se destinan desde el nivel nacional a los distintos programas que maneja la entidad, tal como lo señala la Ley 89 de 1988, que establece además sanciones disciplinarias para los funcionarios públicos que retarden u obstaculicen las transferencias o el pago.

Esas sanciones están previstas en el parágrafo tercero del artículo primero de la mencionada ley, que califica esos actos como causal de mala conducta, a la que es aplicable la destitución del cargo, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el ordenamiento legal.

Isabel Barrios Sanjuanelo se mostró preocupada por la falta de voluntad del sector oficial. Hay tres formas de recaudo previstas en la ley, puede ser a través de las cajas de compensación, en las oficinas de Caja Agraria o directamente en la pagaduría del Instituto , dijo la funcionario.

Más del 35 por ciento de la población colombiana vive en condiciones de probreza y el 42 por ciento de este grupo corresponde a menores de 18 años, que son quienes se benefician con recursos del ICBF

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