ATAQUE FRONTAL A LA IMPUNIDAD

ATAQUE FRONTAL A LA IMPUNIDAD

Siete años después de promulgada la Constitución de 1991, la administración del presidente electo Andrés Pastrana prepara una ofensiva contra la impunidad y la congestión judicial, dos de los problemas que agobian a la justicia colombiana.

29 de julio 1998 , 12:00 a. m.

Los objetivos son introducir nuevas reformas para descongestionar los estrados judiciales, lograr que la justicia sea más eficiente y que todos los colombianos tengan acceso a ella, entre otros.

El anuncio fue hecho por el vicepresidente Gustavo Bell Lemus, en el foro de la Corporación Excelencia a la Justicia, donde recibió de manos de Rafael Santos, presidente ejecutivo de la Corporación, el resumen de un trabajo investigativo denominado Justicia para el nuevo siglo , como aporte a la agenda del entrante gobierno.

Queremos recoger buena parte de los aportes y las contribuciones que ha hecho la Corporación Excelencia a la Justicia, que ha venido trabajado en ese tema desde hace algunos años , dijo Bell en el acto de inauguración del evento, que se lleva a cabo desde ayer en el hotel Holiday Inn, en el norte de Bogotá.

La nueva administración dejó claro que tiene pensado trabajar codo a codo con la Corporación y presentar varias de las propuestas de ésta al Congreso o adoptarlas por decreto.

Tenemos grandes problemas, en cuanto a la congestión de procesos penales, civiles, comerciales, hay mucha impunidad rampante, hay mucha ineficiencia y falta de credibilidad por parte de la ciudadanía frente a la justicia, pero todo es un proceso y lo que se trata es de afinar e introducir nuevas reformas a las cosas que no han funcionado. Que hay surgido una entidad como la Corporación Excelencia de la sociedad civil, es el mejor indicativo de que la justicia está mejorando , explicó Bell.

A su turno, Rafael Santos expresó que sus las recomendaciones al nuevo gobierno se basan en cuatro estrategias concretas para atacar a la impunidad: fortalecimiento de las políticas de prevención, el replanteamiento integral de la política penitenciaria y de rehabilitación, adopción de un sistema procesal penal moderno, eficiente y ágil y la instauración de un mecanismo de coordinación serio y de alto nivel entre las principales instituciones del sistema penal.

Esto podría tener un impacto amplio y a largo plazo en la superación de los problemas que actualmente presenta la justicia, puntualizó Santos.

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