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LOS RETOS DEL NUEVO PRESIDENTE

LOS RETOS DEL NUEVO PRESIDENTE

En materia económica el nuevo Gobierno no alcanzará a disfrutar de una luna de miel. Son tantos los problemas a los cuales debe hacerle frente, en el menor tiempo posible, que la celebración del triunfo no se prolongará por muchos días.

Prácticamente desde esta misma semana tendrá que definir no solo la conformación de su equipo económico sino las estrategias que adelantará para detener el crecimiento del gasto público, incentivar la generación de empleo, bajar las tasas de interés y restablecer la confianza en los mercados internacionales, solo para mencionar algunos problemas.

Los mercados financieros estarán atentos a cualquier decisión que se tome; desde hoy el comportamiento del dólar y los intereses serán los termómetros que medirán el grado de confianza del sector privado en el nuevo Gobierno. Y estarán atentos a cualquier señal. Atrás quedaron las propuestas populistas para conseguir votos porque ahora viene la cruda realidad con decisiones que no siempre van a tener el consenso general.

El nuevo Gobierno deberá despejar los factores de incertidumbre y tratar de encauzar nuevamente el crecimiento de la economía que amenaza ser mediocre debido al duro golpe de las tasas de interés. Mientras a comienzos del año la administración Samper hablaba de un crecimiento entre el 4,0 y el 4,5 por ciento para 1998 analistas privados consideran que la economía no crecerá más allá del 3,0 por ciento.

En este frente tendrá que trabajar coordinadamente con la junta directiva del Banco de la República para aliviar las presiones sobre el costo del dinero, garantizando una adecuada liquidez en el sistema financiero para restablecer el desembolso de créditos. De mantenerse tasas de interés por encima del 45 o 50 por ciento la economía no levantará cabeza, además del riesgo que implicará para la buena salud del sector financiero y de los ahorradores.

Otro de los grandes retos será disminuir el desempleo que podría sobrepasar el 15 por ciento debido al cierre de empresas y a la parálisis en el sector de la construcción.

La tarea no es nada fácil y el desgaste por el contrario puede ser muy alto, pero ese es el precio que se debe pagar por ocupar el primer cargo del país.

El hueco fiscal El nuevo Gobierno tendrá que discutir en el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación para 1999 que deberá ser austero. Aunque la administración Samper anunció que llevará un proyecto muy ajustado será al nuevo Gobierno al que le tocará negociar con los congresistas las partidas regionales que tantas críticas generan.

Deberá presentar un proyecto de ley para introducirle ajuste a las transferencias a los municipios y departamentos. Este es uno de los temas más complejos teniendo en cuenta que cualquier intento de recorte de recursos genera inmediato rechazo de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, se puede avanzar trasladándole a las regiones mayores responsabilidades con el fin de evitar duplicidad en el gasto.

Aunque éste Gobierno insiste en que hay poco espacio para recortar el gasto en burocracia todavía hay mucho camino por recorrer. Se puede avanzar cerrando oficinas y entidades ineficientes, que abundan por todas partes, y recortando aún más gastos de funcionamiento.

En caso de no aumentarse nuevamente los impuestos la nueva administración tendrá que poner en marcha un ambicioso programa para controlar la evasión que ronda el 30 por ciento desde hace muchos años.

La Comisión de Racionalización del Gasto ha planteado la eliminación de los fondos de cofinanciación, el congelamiento de los gastos reales en los sectores de defensa y justicia durante tres años y la modificación de los regímenes especiales privilegiados de Telecom, Ecopetrol y las Fuerzas Militares A bajar intereses y dólar Las altas tasas de interés vigentes hoy en la economía se convierten en un serio dolor de cabeza para el nuevo mandatario de los colombianos. De mantenerse esa tendencia, la economía registrará al final del año un crecimiento mediocre que contrastará con la meta del Gobierno Samper de un aumento de 4,5 por ciento en el PIB para 1998.

El nuevo Gobierno deberá coordinar con la junta directiva del Banco de la República la estrategia que se pondrá en marcha para bajar las tasas de interés. Por lo pronto, si se mantiene el alza del dólar, la autoridad monetaria no cederá en su propósito de mantener alto el costo del dinero para defender la estabilidad cambiaria del país.

La urgencia de bajar los intereses no da espera, especialmente para el sistema financiero, la industria y la construcción que ya comenzaron a sentir los síntomas de una nueva recesión. Sin duda, el banco central le exigirá al nuevo mandatario establecer un plan de ajuste fiscal que permita reducir las presiones alcistas del dólar y, por esa vía, bajar los intereses.

En el mercado bursátil se espera que con la baja de intereses, los precios de las acciones se reactiven. De lo contrario, a los inversionistas no les quedará otro camino que mantener su dinero en opciones de renta fija.

Desempleo, reto mayor Convertida en uno de los temas candentes de la pasada campaña electoral, la elevada tasa de desempleo que presenta el país 15 de cada 100 personas en disposición y capacidad de trabajar carece de ocupación, hará parte del discurso cotidiano del nuevo presidente de Colombia.

En su camino, el nuevo mandatario encontrará, sin embargo, no pocas dificultades.

La más importante de ellas es que la imposibilidad de emplear el gasto público como elemento reactivador del aparato productivo (conforme la fórmula Keynesiana) lo obligará a considerar otro tipo de alternativas.

En el recetario figuran, entonces, como opciones la reducción de la jornada laboral (predicada desde el lado liberal) o la disminución de la tasa impositiva, que fue la bandera del candidato de origen conservador.

Sin embargo, la aplicación de cualesquiera de las dos fórmulas y de otras que surjan al calor de la discusión que se suscitará en el país le exigirá al primer mandatario la búsqueda de consensos con los representantes del capital, así como con los trabajadores.

Telecomunicaciones Al nuevo Gobierno le corresponderá culminar y consolidar el proceso de apertura y competencia de la larga distancia. Aunque ya están definidos dos de los nuevos operadores de este servicio, que hoy solo maneja Telecom, y que según estimativos mueve una suma cercana a los 1.200 millones de dólares (1,6 billones de pesos), son previsibles las presiones por parte del sindicato de la estatal de las telecomunicaciones para frenar el proceso.

Culminar la última fase del plan de telefonía social correspondiente a casi 200 mil líneas telefónicas de las 999.000 planeadas para estrato 1 y 2 en el sector urbano y rural y que maneja recursos cercanos a los 245 millones de dólares.

Durante el nuevo Gobierno se entregarán 41 nuevas licencias para operadores de televisión por suscripción y 58 canales locales en todo el país y la adjudicación de 125 emisoras de frecuencia modulada, que el Ministerio de Comunicaciones dejo de entregar en marzo pasado al declarar, por razones técnicas, desierta la licitación.

Al mandatario elegido le corresponderá el trámite de la ley general de telecomunicaciones que pretende actualizar la normatividad actual del sector y fijar las reglas de juego en esta materia.

Cobijar a más pobres En materia de seguridad social el Gobierno tendrá que trabajar en los siguientes frentes: Afiliar al sistema de salud a los 20 millones de colombianos que aún carecen de esta protección.

Desactivar la bomba financiera de los hospitales públicos que, además de no recibir los dineros esperados de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS), en muchos casos no saben facturar sus servicios.

Decidir si definitivamente deja de girar dineros a los hospitales para pagarles sólo por usuario atendido, tal como está previsto en la Ley 100, o alargan el plazo para que los hospitales aprendan a vivir de su facturación.

Hacer que los recientes decretos que castigan a las EPS y ARS morosas se cumplan y que esas empresas de salud gasten más en su actividad fundamental.

Hacer que el sistema de libre escogencia adoptado por el Seguro Social a finales del 97 funcione eficientemente y clarificar de una vez por todas si hay dinero suficiente para la demanda de los centros adscritos.

Convencer a los sindicatos de la salud que la Reforma de la Salud es una política de Estado y difícilmente va a tener reversa.

Revisar el actual sistema de pensiones, tanto para que el ISS no colapse a la vuelta de 15 o 20 años, como para que las pensiones de los fondos privados sean más jugosas para quienes tienen sueldos bajos.

Desactivar la bomba pensional en los regímenes de entidades como Ecopetrol y Telecom que amenaza con llevarse por delante la viabilidad de esas empresas.

Aclarar el impacto de los bonos pensionales que debe entregar el gobierno tanto al Seguro Social como a los fondos privados, por cuenta de las cotizaciones anteriores de la Ley 100 de 1993, y que pueden representarle al fisco nacional por lo menos 13,5 billones de pesos para los próximos 30 años.

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