EN EL AIRE CASA DE 146 MILITARES

EN EL AIRE CASA DE 146 MILITARES

Después de servirle al país por 20 años, Nelson Meneses, un Sargento Primero del Ejército, no tiene casa propia, a pesar de que hace cuatro años la Caja Promotora de Vivienda Militar le descontó de sus ahorros y de las cesantías la plata para la cuota inicial de un apartamento en el norte de Bogotá.

25 de julio 1998 , 12:00 a. m.

Como Nelson, 145 familias más están, literalmente, con la casa en el aire, pues llevan casi tres años exigiendo que les sean entregados los apartamentos en la urbanización San Antonio Norte.

Hoy, cuatro años después de haber firmado la promesa compraventa, en donde se dice que los apartamentos serían entregados el 30 de noviembre de 1995, y de muchos pleitos con la Caja de Vivienda Militar y la Constructora Norclarhé, los beneficiarios del programa de vivienda esperan que alguien les responda por su dinero y sus apartamentos.

Yo tengo mi plata enterrada en ese lote, porque como me retiré hace un año del Ejército solo recibí de liquidación una parte de mis cesantías, correspondientes a los últimos tres años de servicio. Lo de 17 años atrás fue lo que entregué como cuota inicial del apartamento que estoy esperando desde hace tres años , dice Nelson, quien ahora trabaja en transporte escolar y continúa pagando arriendo.

Al igual que él, las 145 familias restantes que se acogieron al programa viven el mismo drama. Son, en un 70 por ciento, suboficiales de las diferentes fuerzas armadas de Colombia afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar, entidad creada para gestionar la vivienda de los funcionarios del Ministerio de Defensa.

La situación es más grave para María* y Esperanza* pues sus esposos, suboficiales del Ejército, que se encuentran en zonas de orden público combatiendo a la guerrilla no están con ellas para dar esta batalla.

Como la mayoría de nosotras somos esposas de suboficiales que están por fuera de Bogotá todo este problema nos ha tocado a las mujeres de los militares, pues ellos ni saben lo que está pasando aquí , dice María.

Tiemblan los cimientos En efecto, para estas 146 familias el calvario comenzó en 1994. En ese entonces, la Caja Promotora de Vivienda les comunicó oficialmente que existía un programa de interés social para compra de apartamento en el norte de Bogotá. Así, se daba cumplimiento a la obligación de la institución de facilitar la adquisición de vivienda propia , como disponen sus estatutos.

Una vez notificados del programa, en noviembre de 1994 los 146 afiliados que tenían derecho a comprar los apartamentos porque llevaban más de 14 años de servicio en sus respectivas fuerzas firmaron las promesas de compraventa, en donde autorizaron a la Caja de Vivienda Militar a entregar como cuota inicial del inmueble 7 860.000 pesos correspondientes a un anticipo de la cesantía, de los ahorros que la Caja les tenía para tal efecto y del mismo subsidio a que tenían derecho a través de la entidad.

Firmadas las promesas, María, Esperanza, Nelson y más de 140 familias empezaron a soñar con los apartamentos situados en la calle 182 con la autopista norte en Bogotá.

Según el vicealmirante Gilberto Roncancio, gerente actual de la Caja, este es un problema que hemos heredado los cuatro gerentes que hemos pasado por aquí . Sin embargo, acepta que el incumplimiento a los afiliados se debe, tal vez, a un mal negocio entre la Caja y la constructora.

Por su parte, Norma Ocampo de Ramírez, gerente de la constructora Norclarhé, afirma que ellos cumplieron con su parte y que a julio de 1995 el proyecto estaba en un 70 por ciento, pero que la Caja les incumplió en los desembolsos de la segunda cuota. También, afirma que la misma Caja no diligenció a tiempo las solicitudes de crédito de sus afiliados ante las corporaciones de ahorro y que por ello Norclarhé no tuvo plata para terminar la obra.

Por lo pronto, existen propuestas de conciliación tanto de la Caja con la Constructora, como con los afiliados.

Según el abogado Jorge Pino, quien actúa desde hace cuatro meses como representante de la Caja para este caso, existe una posibilidad de conciliar con todos los afiliados, a través de un proceso jurídico en donde se les podría reconocer la plata que entregaron, a precios de hoy, para que busquen una nueva solución de vivienda.

Entre tanto, Nelson, María, Esperanza y 143 familias más, esperan, mientras siguen pagando arriendo.

El lío jurídico De acuerdo con la negociación efectuada entre la Caja Promotora de Vivienda Militar y la Constructora Norclarhé, a principios de 1994, la primera se comprometía a entregar más de mil millones de pesos a la segunda, cuando los 146 afiliados, beneficiarios del programa, firmaran sus correspondientes promesas de compraventa.

Hasta allí todo marchaba bien, pues la constructora comenzó la tercera etapa de la urbanización San Antonio, para dar cumplimiento a su compromiso con las familias. Así, los apartamentos deberían ser entregados el 30 de noviembre de 1995.

Sin embargo, cuando se llegó la fecha pactada, los beneficiarios no recibieron el apartamento. Ahí comenzaron los contratiempos para las 146 familias, la Caja y la Constructora.

Según Norclarhé, la Caja no desembolsó todos los dineros requeridos para terminar la obra. Y responsabilizan directamente a dicha entidad de no haber diligenciado a tiempo las solicitudes de crédito de los afiliados con una corporación bancaria. También indican que cumplieron con el requisito de constituir las pólizas de cumplimiento respectivas y no se explican porqué, si ya había demoras en lo pactado, no se hicieron efectivas.

De acuerdo con la Caja Promotora de Vivienda Militar, en este momento no conoce en detalle cuáles fue las condiciones iniciales y las negociaciones que se fueron dando en transcurso de 1994 hasta hace más de un año, cuando asumió el actual gerente. Tampoco sabe por qué no se hicieron efectivas las pólizas de cumplimiento.

Durante varios meses, según dice el actual apoderado de la Caja, abogado Jorge Pino, la oficina jurídica de esa entidad no sabía hasta dónde llegaba su responsabilidad, pues la promesa de venta estaba firmada por constructora y afiliados, en donde supuestamente la Caja solo era una intermediaria.

Después de varios análisis, Pino determinó que la Caja Promotora de Vivienda Militar estaba no solo como intermediaria sino como apoderada de sus afiliados, y por tal motivo, es ella quien les debe responder por sus dineros.

Así, se espera que luego de las consultas respectivas al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se apruebe un presupuesto para que el Ministerio de Hacienda pueda girar los recursos necesarios para devolver, a precio de hoy, los dineros invertidos por las 146 familias.

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