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AUSTERIDAD, PALABRA DE POLÍTICOS

AUSTERIDAD, PALABRA DE POLÍTICOS

Con las uñas es la primera frase de no pocos candidatos vallecaucanos al Congreso de la República ante el interrogante sobre cómo están financiando sus campañas. Todos hablan de no caer en la amarga historia de las elecciones pasadas, que llevó al proceso 8.000.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
09 de febrero 1998 , 12:00 a. m.

Si diez dirigentes políticos de la región son mencionados en ese proceso es, precisamente, por las investigaciones relacionadas con la infiltración de dineros del narcotráfico en las campañas a la Presidencia de la República, al Senado y la Cámara de Representantes. Algunos de ellos han admitido su responsabilidad en ello.

Ahora pocos aceptarían, por ejemplo, la llegada de cajas llenas de camisetas con el número de un candidato, como ocurrió en la campaña de 1994 y que luego se volvió parte del escándalo en Cali. En ese entonces se veía como cualquier otro regalo a pocos días de la jornada electoral en las oficinas de un movimiento político.

La austeridad se convirtió en la palabra más repetida entre los aspirantes por el Valle. Armando Filigrana, del Movimiento Unitario Metapolítico, dice que su candidatura a la Cámara será completamente económica. Por principios no ensuciaré paredes con afiches y solo tendré unos cuantos avisos en los medios. En general, será una campaña puerta a puerta y para recoger algunos fondos se organizarán bingos y otras reuniones .

De las 55 candidaturas a la Cámara, menos de 15 tienen sede identificada, remiten comunicados de prensa o publican avisos en los medios de comunicación. Y eso que ya resta menos de un mes para las elecciones de Congreso el próximo 8 de marzo.

Para muchos las deudas son inevitables. Marino Quintero, del Movimiento Bolivariano, dice que cuento con apoyo de sectores del transporte, cooperativos y sindicalistas, pero toca acudir a un préstamo bancario .

Mario Germán Fernández de Soto, conservador humbertista, también habla de endeudarse. En mi opinión, el país requiere la institucionalización de las campañas políticas .

Somos supremamente pobres para un gran despliegue, pero lo fundamental es que esperamos llegar con propuestas serias y honestas , dice la aspirante a la Cámara Camila Zuleta, la hija de una ex congresista y ex gobernadora de Cundinamarca. Ella representa al Movimiento Nueva Colombia, que recurrirá a la venta de bonos y buscará algún respaldo empresarial.

El candidato liberal y empresario Arnoldo Parra dice que su campaña tampoco puede derrochar. Pero quiero señalar que no buscó ir a la Cámara para ganar dinero e incluso lo primero que haré será donar mi sueldo entre personas de escasos recursos. Yo no estoy metido en esta campaña para ver qué me toca a mí, sino que salgo a buscar lo que le toca al Valle del Cauca .

Mientras tanto, el conservador humbertista Ramiro Varela dijo que ya llenó el formato de candidatos visibles , que promueve la Universidad de los Andes y EL TIEMPO, para que los candidatos enseñen su hoja de vida y sus cuentas para la presente campaña.

Los aspirantes consideran que la publicidad será en definitiva el gasto más oneroso de esta campaña. Usualmente entre el 70 y el 80 por ciento de los ingresos se destina a este rubro. Le siguen los arriendos, el transporte, la nómina de colaboradores y las reuniones políticas.

Pocos superarán topes Los candidatos al Senado pueden invertir en sus campañas hasta cerca de 265 millones de pesos, mientras que para la Cámara el tope es de 200 millones, de acuerdo con el censo electoral de cada departamento.

Pero se estima que en el Valle no más de una veintena de candidatos superará los cien millones. En las elecciones de 1994 los topes eran 100 y 70 millones y hubo más de un exceso.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el tope se incluyen gastos en publicidad, transporte, funcionamiento de sedes, pago de personal y erogaciones en la jornada del 8 de marzo.

El Estado reconocerá, a manera de financiación de campañas políticas, 838 pesos por cada voto válido que se obtenga. En 1994 eran 400 pesos. Es decir, un candidato que haya invertido 200 millones en campaña para recuperarlos necesitaría sacar 238.663 votos, lo que parece casi imposible.

En octubre pasado la Comisión Primera del Senado aprobó que aquellos candidatos que violen las normas relacionadas con fuentes de financiación, topes de gastos, prohibición de recibir recursos por conductos de terceras personas, quedan sujetos a lo que disponga el CNE, según un proyecto que fue presentado por la senadora Claudia Blum.

Sería la primera vez que el aspirante responda por las irregularidades cometidas dentro de su campaña. Con ello se busca llenar el vacío de la ley electoral que quedó en evidencia con el Proceso 8.000.

Está prohibido recibir recursos por conducto de terceras personas, como fundaciones, asociaciones, corporaciones o sociedades de cualquier tipo, distintas a las constituidas para el desarrollo de sus actividades. En cambio, rige un esquema de financiación mixta, con recursos privados y del Estado.

PEDAGOGIA Qué medidas se tomarán para evitar el ingreso de dineros ilícitos en las campañas? El Consejo Nacional Electoral, a través de firmas especializadas, controlará los gastos de cada campaña con seis meses de anticipación a las elecciones y no solo a partir de la inscripción del candidato, como ocurría antes.

Por gastos de campaña se entiende todos aquellos que se produjeron seis meses antes de la elección, y no por el tiempo que la persona sea candidata.

Habrá cruce de cuentas entre las que entreguen esas firmas y las que, por ley, están obligados a rendir los aspirantes ante las autoridades electorales. Así mismo, se tendrá un seguimiento a la publicidad en cuñas y avisos en los medios.

También está fijado un límite de vallas por campaña y no se aceptará como argumento que un candidato asegure que fueron simpatizantes las que le regalan anuncios publicitarios sin que ni siquiera éste se haya enterado. La responsabilidad es del candidato, según el CNE.

Qué hizo José Arlén Carvajal Desde noviembre pasado figura entre los congresistas que impulsan un proyecto de ley para convertir en deuda pública las obligaciones de la Caja de Previsión Social de las Comunicaciones (Caprecom), que ascienden a 120 mil millones de pesos.

Esa ayuda estaría condicionada a que en un plazo de ocho meses esa entidad genere excedentes o alcance su equilibrio financiero. De lo contrario, se procedería a su liquidación.

José Arlén Carvajal Murillo hace parte de la Comisión Tercera de la Cámara y quiere repetir. Ha participado en bloques de congresistas para asegurar el respaldo gubernamental a proyectos como el metro para Cali y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar).

También para el aeropuerto de Farfán en Tuluá, cuya recuperación ha sido lenta.

Figura entre los políticos que más ha intentado la unidad liberal en el Valle del Cauca, sin que ello haya rendido frutos.

Su grupo, Alternativa Popular Liberal, que lidera con la senadora María del Socorro Bustamante de Lengua, estuvo entre los triunfadores de las elecciones del 26 de octubre. Con Esperanza Cifuentes de Arango obtuvo la mayor votación para Asamblea y con Rómulo Salazar y Arcángel Clavijo se ganaron dos curules en el Concejo de Cali.

En su momento, Aymer Arango Murillo, esposo de Cifuentes y hermano materno de Carvajal, renunció a la Alcaldía de Tuluá para no inhabilitarlos.

Con el representante Roy Barreras, con quien compartió la campaña electoral pasada a la Cámara, se ha distanciado en posiciones pues éste ha sido contradictor permanente del presidente Ernesto Samper.

Incluso, a mediados de 1996 Barreras dijo que Samper estaba moviendo hilos para retirarlo de su curul y hacer volver a ella a Carvajal. El entonces ministro de Gobierno Horacio Serpa calificó como absurda la afirmación.

EN LA UNIVERSIDAD Autónoma presentaron sus puntos de vista el conservador humbertista Ramiro Varela y el liberal Roy Barreras, quienes se proponen llegar al Senado y la Cámara, respectivamente. Los dos representantes tuvieron puntos de vista diversos en materia del servicio militar. Varela planteó profesionalizar el servicio social a fin de que los nuevos bachilleres ayuden a sacar al país de la crisis a través de la interacción con la comunidad. Barreras se comprometió a un proyecto de ley que prohiba la prestación del servicio obligatorio y lo remplace por uno social.

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