ASÍ SE CONSTRUYEN LAS CÁRCELES EN EL EXTERIOR

ASÍ SE CONSTRUYEN LAS CÁRCELES EN EL EXTERIOR

FRANCIA Penales en manos del Estado París Las cárceles en Francia dependen del Estado, tanto en lo que respecta al financiamiento de su construcción como en cuanto a su administración interna. Es el Ministerio de la Justicia el encargado de firmar los contratos con las empresas de trabajos públicos (BTP) para que realicen las obras de mejoramiento y de edificación de las prisiones. Mediante una licitación, las ofertas llegan a manos del gobierno el cual compara los precios ofrecidos con su presupuesto anual previsto para las infraestructuras carcelarias, y luego de un análisis, confirma o rechaza su nueva inversión. En materia administrativa, las prisiones cuentan con un personal especializado, el cual se selecciona mediante un concurso estatal. Los guardianes son funcionarios del Estado que dependen de un administrador regional, quien recibe las órdenes directamente del Consejo Superior de la Administración Penitenciaria. Todo este sistema debe rendirle cuentas al

12 de enero 1998 , 12:00 a. m.

ESPAÑA Control oficial a prisiones JUAN CARLOS IRAGORRI Corresponsal de EL TIEMPO Madrid En España, el Estado controla las prisiones. También las construye. Ninguna de ellas funciona bajo manos privadas. No existen proyectos legislativos ni dirigentes políticos que pretendan privatizar los centros de reclusión. El organismo encargado de las cárceles es la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, entidad equivalente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) colombiano. Forma parte del Ministerio del Interior.

El funcionamiento de las 84 cárceles estatales se cumple, a juicio de los expertos, sin mayores problemas. Once de esas prisiones se encuentran en la comunidad autónoma de Cataluña, al Este del país. Dependen del Gobierno catalán en razón de las competencias de esa región.

Según el Gabinete de Prensa de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles españolas se encuentran recluidas hoy 42.680 personas. De ellas, 38.660 son hombres y 4.020, mujeres. El 73.52 por ciento del total lo componen condenados; el 26.48 por ciento, presos preventivos. Los colombianos, con 1.100 reclusos, conforman el segundo grupo de nacionales de un país después de los marroquíes, con 1.800.

En términos generales, el sistema carcelario español resulta flexible. Los presos son recluidos en uno cualquiera de los tres grados penitenciarios que contempla la legislación. El primero impone restricciones severas. Está destinado a los reclusos más peligrosos. El segundo grado agrupa a la mayor parte de los presos. Los sujetos a él tienen acceso al deporte, la educación, la cultura y reciben frecuentemente permisos de salida por seis días. El tercero constituye un régimen de semilibertad: los reclusos sólo van a dormir a la cárcel. Algunos ex miembros de Eta, que han renunciado a los principios de la banda terrorista, se clasifican dentro de este grado.

Según Instituciones Penitenciarias, muy rara vez se fuga un preso mientras disfruta estas facilidades.

Las cárceles españolas son construidas por una entidad estatal llamada Sociedad de Infraestructura y Equipamiento Penitenciario (Siep). La información acerca de las condiciones de seguridad de las cárceles son inasequibles para los medios de comunicación, le dijo a EL TIEMPO un funcionario de Instituciones Penitenciarias.

ESTADOS UNIDOS La industria carcelaria en E.U.

MARCELA SANCHEZ Corresponsal de EL TIEMPO Washington El sistema carcelario de los Estados Unidos comprende prisiones federales, estatales, de condados y locales. El Congreso Nacional se encarga de asignar fondos principalmente públicos para la construcción de cárceles a nivel federal. A otros niveles, las asambleas legislativas estatales o locales se encargan de determinar la construcción de prisiones, las cuales se están edificando cada vez más a través de concesiones a empresas privadas.

La privatización del sistema carcelario en Estados Unidos ha visto un incremento exponencial en los últimos años, pero fundamentalmente a nivel estatal y local. Según la Oficina Federal de Prisiones, el número de prisiones privadas aumentó en casi un 27 por ciento entre 1995 y 1996, de 104 a 132 instalaciones carcelarias. En la actualidad 27 estados de la unión poseen un mínimo de una prisión privada en funcionamiento o bajo construcción. Más de 16 firmas privadas operan en este momento cárceles con niveles de seguridad mínima, mediana o máxima. Actualmente, bajo mandato del Congreso, la Oficina Federal de Prisiones está realizando un programa piloto para privatizar dos cárceles federales recientemente construidas en California. Aunque la administración Clinton había decidido inicialmente privatizar éstas y otras prisiones federales de mínima seguridad, en 1996 el Departamento de Justicia revirtió el proyecto ante las dificultades que encontró en lograr que los guardianes de las cárceles estuvieran limitados en su capacidad de realizar huelgas o protestas. Críticos de la privatización carcelaria expresan además preocupación ante la forma en que esta industria depende de la población carcelaria para sobrevivir. No hay duda, sin embargo, que donde quiera que se construyen, dichas instituciones se convierten en importantes fuentes de trabajo.

ECUADOR Sector privado no construye contros Quito En el Ecuador no existe ninguna posibilidad de que el sector privado se haga cargo de la construcción de las cárceles. El tema ni siquiera ha sido debatido, a pesar de que el problema del hacinamiento es grave: el 60 por ciento de los centros penitenciarios del país se hallan sobrepoblados.

En este país la política carcelaria la maneja la Dirección Nacional de Rehabilitación que tiene un presupuesto que proviene del cobro del 20 por ciento del valor de todos los cheques protestados en el país. Con este dinero la Dirección construye, directamente, a través de su Departamento de Construcciones. Cuando el valor de una construcción excede la capacidad logística de la Dirección, se contrata a una empresa privada para determinada construcción. Si es que se trata de una obra más grande aún, se convoca a un concurso o licitación para ello, y se utilizan partidas del presupuesto nacional.

Las condiciones de seguridad para las nuevas edificaciones son determinadas por la Dirección Nacional de Rehabilitación, que las fija de acuerdo con el lugar donde van a ser realizadas y por el tipo de delincuentes que se va a alojar.

En el Ecuador nadie ha sugerido, tan solo, la posibilidad de que existan concesiones en las prisiones. En este país, las concesiones de carreteas son aún muy discutidas.

VENEZUELA Nuevos penales para 5 mil presos en 1998 MARIA VICTORIA CRISTANCHO Corresponsal de EL TIEMPO Caracas La construcción de nuevos centros penitenciarios en Venezuela fue asignada al Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fondep), instituto autónomo, que planea reducir el hacinamiento carcelario en el país antes de finalizar 1998.

El presidente de Fondo, el general de brigada (r) Juan J. Ferrer, explicó que para este año ese organismo cuenta con un presupuesto de 8.603 millones de bolívares (unos 17 millones de dólares). Recibe también aportes de gobernaciones u otros entes públicos y privados y está en capacidad de enajenar bienes de la nación. Además, cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas que aportan la mano de obra para realizar las obras.

El gobierno del presidente Rafael Caldera creó hace dos años Fondep mediante un acuerdo con el Congreso Nacional para acelerar la construcción de cárceles. En el país hay 25 mil presos recluidos en 32 penales con capacidad para unos 11 mil presos.

Antes era el Ministerio de Desarrollo Urbano el encargado de las edificaciones penales, pero estaba en mora por falta de recursos para financiar las obras. La primera tarea que se fijó Fondep, según su presidente, fue concluir los proyectos atrasados antes de emprender nuevas construcciones.

Las obras que se entregarán son módulos independientes que facilitan las ampliaciones. Entre enero y marzo se inaugurarán cuatro instalaciones en los estados de Bolívar, Zulia, Zulia Lara y Mérida, con capacidad para 3.630 presos. Y se espera que antes de que finalice 1998 se haya reducido el hacinamiento carcelario a su mínima expresión.

Según Ferrer, grupos españoles, canadienses, franceses y mexicanos han ofrecido construir los centros penales que hacen falta en Venezuela y administrarlos en concesión por 30 años. Sin embargo, las leyes restringen esas funciones al estado venezolano y requeriría una modificación legislativa.

Una de las estrategias para reducir el hacinamiento es la venta de las viejas edificaciones ubicadas en centros urbanos y con los recursos que se obtengan se aspira a construir las nuevas en lugares menos poblados.

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