COMERCIO DESLEAL AL POR MAYOR

COMERCIO DESLEAL AL POR MAYOR

La aplicación de las normas sobre comercio en torno a la promoción de competencia y prácticas restrictivas, tiene en apuros a empresarios y comerciantes. La razón: después de más de un año de haber sido promulgado el Decreto 2153 de 1992 que reestructuró la Superintendencia de Sociedades, comenzaron a presentarse demandas y quejas por supuesta competencia desleal, distribución de mercados e irregularidades en los sistemas de ventas.

20 de marzo 1994 , 12:00 a. m.

Sin embargo, del total de solicitudes de investigación presentadas hasta el momento, el 80 por ciento de ellas han sido rechazadas por la Superintendencia debido a que no se ha encontrado mérito para continuar la averiguación, pues por lo general, los demandantes no reúnen las pruebas suficientes para sustentar sus quejas.

Al parecer, en la práctica, centenares de empresas están violando las normas sobre comercio, debido principalmente al desconocimiento que se tiene de ellas, pero las investigaciones no son más voluminosas debido a que no hay quien presente las demandas. También existen dificultades para comprobar las infracciones.

Es más, el Decreto 2153 faculta al Superintendente para que en el curso de la averiguación ordene la clausura de la misma, cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga.

Libertad y restricción Algunas de las restricciones que afectan a los comerciantes, tienen que ver con la distribución de mercados, acuerdos de precios, la prohibición para atar las ventas como argumento de garantía de un producto, y la imposibilidad de efectuar rebajas en precios que tengan como propósito quebrar a sus competidores.

En el caso de la distribución de mercados, la ley no permite que dos o más empresas acuerden exclusividad en la atención de determinadas regiones del país. Según las quejas de algunas empresas, este fenómeno se presenta con alguna regularidad, pero es imposible probar la infracción debido a que las empresas que realizan este tipo de pactos no dejan documento escrito.

Cualquier reclamo en este sentido, es rechazado bajo el criterio de que las industrias son libres de vender donde quieran, siempre y cuando llenen los requisitos que exigen las autoridades de comercio.

Otra de las restricciones consiste en la prohibición que tienen las empresas para atar la venta de varios de sus productos, con el argumento de garantizar la calidad de esos artículos. Por ejemplo, si una persona compra un radio de determinada marca, el empresario solo le responde por la garantía de todo el equipo si el consumidor adquiere los parlantes de esa misma marca o almacén.

Sectores exentos Uno de las inquietudes creadas con las disposiciones en torno a prácticas restrictivas y normas de promoción de competencia, es la exención que se hace para el caso del servicio público de pasajeros.

Aunque las normas no lo señalan de manera textual, se asume que ellas no rigen para el transporte urbano, intermunicipal y aéreo, pues estos servicios son regulados por el Estado de manera distinta.

Pese a que la libre competencia debe ejercerse en Colombia por mandato constitucional, las rutas y los horarios para el transporte intermunicipal y urbano, constituyen un mercado repartido por el propio Estado, bajo criterios técnicos.

La disculpa que el Estado tiene para avalar la regulación del transporte de pasajeros, se basa en la necesidad de obligar a las empresas a viajar a determinadas ciudades o municipios, así haya o no suficiente número de pasajeros. La idea es que los municipios apartados dispongan de una empresa de transporte con rutas y horarios fijos.

Las normas que se aplican para el transporte de pasajeros no rigen para el transportes de carga, pues camiones, tractomulas y furgones tienen libertad para movilizarse a cualquier sector de la ciudad o el país, sin restricciones.

Ventas de maletín De acuerdo con la opinión de los comerciantes, contrario a la creencia de que la libertad elimina restricciones, algunos de los artículos del Decreto 2153 que reestructuró a la Superintendencia de Industria y Comercio, crearon mayores dificultades a los sistemas tradicionales de distribución y mercadeo.

Explican que con la prohibición impuesta para crear sistemas regionales de distribución, los empresarios están obligados a regresar al sistema de vendedores de maletín, para evitar que las agencias distribuidoras sean consideradas como una repartición de mercados.

Para el Gobierno, las críticas que los industriales hacen a las normas de libre competencia, constituyen una forma de expresar el descontento por la oportunidad que se le da a otros sectores de participar en la comercialización y distribución de productos.

Según el artículo 48 sobre actos contrarios a la libre competencia, las normas castigan la influencia de una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajarlos.

Este tipo de conductas, por ejemplo, es difícil comprobarlas, porque no hay manera de afirmar que un empresario actuó de manera intencionar.

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