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Y LOS DESPLAZADOS

Y LOS DESPLAZADOS

Actualmente en Colombia hay más de medio millón de menores desplazados por la violencia, sin incluir los números de ancianos, mujeres y hombres sin trabajo. Este es el retrato de los desplazados, que este año llegaron a ser 500.000 y que en el período 19851996 alcanzaron a sumar 856.781 personas.

Este cuadro de la violencia que azota al país desde Urabá a los Llanos Orientales amenaza con continuar su ritmo ascendente y a que los campesinos sigan abandonando sus tierras como ocurrió en Riosucio (Chocó), de donde huyeron el año pasado cerca de 4.000 labriegos hacia Paravandó.

Una de las regiones más afectadas es la Costa Atlántica, pues recibe la violencia de Urabá, los Montes de María, la Zona Bananera del Magdalena, el sur de Bolívar y las zonas fronterizas con Venezuela y el Magdalena Medio.

En esta región el número de desplazados asciende a unos 300.000. El 75 por ciento de esta población corresponde a menores de edad y el 58 por ciento, al sexo femenino.

Según los últimos estudios, a las ciudades capitales de la Costa llegan diariamente cerca de tres familias desplazadas. En Barranquilla, por ejemplo, se han ubicado unos 55.000 desplazados, mientras en Bolívar se calcula que existen unos 80.000, de los cuales 60.000 se han instalado en Cartagena, El Carmen de Bolívar y San Jacinto. En el Cesar se encuentran 45 mil y en Córdoba, 60.000.

Otra de las capitales afectadas es Medellín, en cuyas laderas se han ubicado aproximadamente 30.000 colombianos que huyeron de la violencia. Según la Oficina de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Medellín, los campesinos desterrados están distribuidos en 37 asentamientos.

Actualmente, están en alerta ante posibles desplazamientos por la violencia Caquetá, Putumayo y Meta, entre otros, en donde los grupos paramilitares han extendido sus dominios.

Aunque es claro que la única solución es que el próximo Gobierno consiga la paz, mientras tanto es necesario que esta población cuente con el apoyo y atención del Estado para que en un futuro no sean los próximos generadores de violencia.

FRONTERAS SIN LEY En los límites con 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, la subversión colombiana se viste de civil, secuestra ganaderos y causa fricción entre los dos países. Esta situación altera también las relaciones comerciales entre los dos países.

Para dirigentes económicos de Cúcuta, ciudad ubicada en la zona fronteriza es necesario que se refuerce la presencia del Estado, dando así garantías de vida y trabajo a lado y lado de la línea. Además, es urgente que la Ley de Fronteras se actualice y reglamente para atraer la inversión a la región.

Para el presidente de Fenalco-Norte de Santander, Rodolfo Mora, la ley es inútil porque a esta hora ya se están cumpliendo los plazos para los beneficios y ni siquiera se reglamentaron .

En la frontera con Ecuador, el problema crítico es el control al cambio, libertad que crea una economía ficticia. Otro aspecto crítico lo constituyen las trabas en el tránsito de personas en el puente de Rumichaca.

Tampoco se debe olvidar la violencia en El Darién, la otra frontera caliente, en donde grupos armados colombianos han entrado a territorio panameño ha sembrar el terror. Estos hechos han suscitado, incluso, peticiones de Panamá para que intervengan en la zona los cascos azules de la ONU.

Los expertos coinciden en que es necesario crear mecanismos de control fronterizo que amparen los derechos del país sin afectar las relaciones comerciales con los vecinos, las cuales, por demás, deben ser paritarias.

METRO DE PROBLEMAS Al nuevo Presidente le corresponderá propiciar una solución en torno a reclamaciones pendientes por 384 millones de dólares con el consorcio que construyó el único metro que hay en el país: el de Medellín.

Esto podría incrementar el costo de 2.000 millones de dólares que tuvo la obra, la cual tiene el aval de la Nación.

Por petición de Samper, hace dos meses los constructores españoles y alemanes se sentaron a la mesa de negociaciones con los delegados presidenciales, la Administración de Medellín y los directivos de la empresa, pero luego de tres días de intensas negociaciones no se llegó a un acuerdo en torno a las reclamaciones, lo que puede llevar la situación a los estrados judiciales.

Otro tema pendiente es el pago de la deuda, pues si bien las administraciones departamental y municipal pignoraron sus rentas del tabaco por 50 años y la población paga un 10 por ciento de sobretasa a la gasolina desde 1990, se debían recaudar 88,8 millones de dólares por valorización, lo que no se ha empezado a hacer.

Este pago quedó condicionado al cumplimiento de una promesa de Samper, quien se comprometió a destinar una cifra similar para hacer inversión social en las comunas de Medellín, lo que se ha dado sólo en parte.

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