LA PAZ: UNA POLÍTICA DE ESTADO, NO DE UN SOLO CUATRIENIO I

LA PAZ: UNA POLÍTICA DE ESTADO, NO DE UN SOLO CUATRIENIO I

El siguiente es el texto del discurso que pronunció el Presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, al inaugurar ayer las sesiones ordinarias del Congreso de la República.

21 de julio 1998 , 12:00 a. m.

Señores Congresistas: Resulta difícil encontrar un cuatrienio tan lleno de dificultades, sobresaltos y tormentas como el que ahora termina. Durante este tiempo las instituciones colombianas resistieron una de las más duras pruebas de que se tenga noticia en el presente siglo.

Devuelvo esas mismas instituciones intactas y fortalecidas democráticamente con la más alta votación de la historia que hayamos conocido. Como lo prueban los recientes resultados electorales, demostramos ante el mundo que seguimos siendo la democracia más sólida de América Latina.

Los colombianos votaron contra la violencia y a favor de la paz; por tal razón, este será el motivo central de mi mensaje de despedida. La paz no está a la vuelta de la esquina, pero hoy ha renacido la esperanza de que sea posible. Buscarla, conseguirla y mantenerla será un proceso largo y difícil, lleno de dificultades y, por supuesto, no exento de angustias. Lo primero será unirnos todos en su búsqueda. Una sociedad dividida no puede ofrecer a quienes la están combatiendo ninguna alternativa creíble de reconciliación.

Por esta razón, desde hoy anuncio mi voluntad inequívoca de colaborar con el próximo gobierno en el proceso de paz que deberá enfrentar, el que será el más importante reto colombiano para el siglo XXI. Estaré donde sea requerido y haré conocer mis opiniones sin ningún resentimiento ni egoísmo, siempre con intención constructiva.

Mi gobierno, aunque no siempre contó con la comprensión y el apoyo de sus opositores, contribuyó positivamente para abonar el terreno de la paz. Yo espero que otros puedan sembrar y cosechar sus frutos.

Hace cuatro años, cuando asumí la Presidencia, encontré un estado de guerra declarada entre el gobierno y los grupos subversivos del cual solo se podían vaticinar los peores augurios. Así parecían confirmarlo, además, los episodios de orden público que acompañaron los días anteriores a mi posesión.

Desde el primer día, abrimos las puertas al diálogo, convocamos a la sociedad civil, anunciamos una audaz política de inversión social e iniciamos un proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. Creamos un Ministerio de la Cultura que se ha convertido en el Ministerio de la Paz porque nos está reenseñando a vivir en medio de nuestras diferencias y nuestro pluralismo.

Hoy, cuatro años después, tenemos claro el paisaje de la paz y lo que resulta indispensable para conseguirla: Sabemos, por ejemplo, que nadie está ganando esta guerra y que ella nos cuesta mucho más de que lo que podría costar la paz y la defensa de la ida.

Sabemos que, como consecuencia de esta sinsalida, la violencia está alcanzando niveles intolerables de degradación humana por la adopción de métodos terroristas que sustituyeron las viejas formas de lucha.

Sabemos que, como consecuencia de su involucramiento masivo, la sociedad civil no puede ser una convidada de piedra al banquete de la reconciliación, que la violencia ya no es un fenómeno aislado en una provincia y que no amenaza solamente a los de arriba; por el contrario, son los campesinos y los habitantes de los barrios humildes los que están pagando un más alto precio por esta explosión de odios que nos asfixia.

Sabemos también que no podemos insistir en manejar aisladamente del mundo nuestro propio conflicto, pues el nuestro es de los pocos enfrentamientos armados de esta índole que subsisten en el planeta.

Es más, sabemos que ya nadie duda de que el conflicto armado tiene en Colombia una sola puerta de salida, la salida política y que el problema de la paz no puede reducirse de manera simplista al silencio de los fusiles porque está de por medio el modelo de país que queremos los colombianos para nuestra convivencia durante el próximo siglo.

Debemos tener presente que la negociación de la cesación del enfrentamiento armado no puede hacerse a costa del debilitamiento de nuestra fuerza pública o de la entrega de principios que comparten las grandes mayorías pacíficas. A partir de esta nueva conciencia colectiva sobre nuestro irrevocable destino de paz, tenemos que abrir las puertas a una nueva sociedad conviviente y pluralista.

La tarea no es fácil. Llevamos ciento cincuenta años entregados a un proceso fratricida de deprimente tenacidad y escalofriante saña. Nos matamos durante la guerra de la independencia. Nos matamos por la República y nos seguimos matando durante las guerras civiles.

Lo hicimos de nuevo a raíz de nuestros enfrentamientos partidistas y más tarde, como si nos faltaran razones, nos matamos nuevamente a nombre de la guerra fría que dividía al mundo, del enfrentamiento de clases, de la lucha por la tierra, de la disputa por el mercado de las drogas. Nuestra capacidad de autodestrucción parece ser infinita.

Llegó la hora de poner fin a este holocausto entre hermanos. El comienzo del próximo siglo no puede sorprender a los colombianos cobrando cuentas de cobro o reivindicando muertos con más muertos. Es preciso cancelar rencores y ofrecer una nueva oportunidad sincera a la vida. Los niños de hoy, nuestros hijos, tienen derecho a que les entreguemos una patria más justa y más pacífica.

Solamente un gran acto de contricción colectiva, pública y generosa nos permitirá abonar el terreno para la paz que merecemos. Lo primero, lo más importante, será aislar a la población civil inocente de los horrores de la guerra que vivimos, y que ha terminado por involucrar a la ciudadanía inerme hasta niveles nunca antes vistos. Celebro la preocupación que en ese sentido está contenida en los recientes acuerdos de Maguncia.

El inventario es terrible y extenso: masacres, minas quiebrapatas, secuestros, voladura de torres de energía y oleoductos, marchas cocaleras, desplazados por la violencia, es el saldo de unas tácticas de guerra que cada día cobran más y más víctimas.

Conscientes de esta necesidad de acordar un marco ético para la guerra, mientras ella termina, conseguimos la aprobación de los protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra sobre su humanización.

Con esta sanción, el Estado colombiano aceptó, unilateralmente, los compromisos morales en relación con la humanización del conflicto y ha estado solicitando de parte de la guerrilla, como lo reitero en recientes reuniones en Alemania, que la guerrilla haga lo mismo.

Una cosa es que negociemos en medio de la confrontación y otra muy distinta que el tiempo que transcurra en alcanzar y celebrar los acuerdos que nos traerán la paz se mida en vidas de niños, de familias campesinas y de personas retenidas o desarraigadas a la fuerza de sus tierras de origen.

El respeto de todos los derechos humanos es el primer paso para la paz. La defensa y garantía de los derechos humanos no puede verse aisladamente del conflicto que vivimos. Así lo entendimos y así lo ejercimos.

Cuando solicitamos la presencia permanente en Colombia de un Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, figura única en el mundo, lo hicimos pensando en la necesidad de que se entienda a cabalidad nuestra dramática realidad en materia de derechos humanos. Queremos cambiar esa realidad, no la imagen que se tenga de ella en el mundo.

Quienes están violando estos derechos, hasta límites éticamente inauditos, no son los servidores del Estado, como sucedió en el Cono Sur en la feroz época de las dictaduras, sino los agentes de la violencia armada.

Así lo revelan, con contundencia, las cifras contenidas en los informes internacionales donde se demuestra que las violaciones de derechos humanos atribuibles a agentes estatales, ha caído dramáticamente en los últimos años y que los actores armados que militan en la subversión, los grupos de justicia privada o los ejércitos al servicio del narcotráfico, son responsables del 93 por ciento de las violaciones más significativas.

La exigencia de cumplir con este deber moral mínimo con la vida, debe estar, por supuesto, acompañada de un claro compromiso del Estado de respetar, por su parte, el cumplimiento estricto de sus propias obligaciones humanitarias.

Así lo hicimos a lo largo de estos cuatro años cuando avanzamos en esta tarea de legitimar la Fuerza Pública a través del fortalecimiento de su compromiso con los Derechos Humanos.

Se aprobó una ley que obliga al Estado colombiano a resarcir los perjuicios causados por daños masivos a los Derechos Humanos ocasionados por funcionarios públicos. Otra que tipifica el delito de tortura y varias más que defienden los derechos de la mujer violentada, de las minorías negras, de las religiones cristianas no católicas y de los indígenas.

Durante mi administración se crearon 200 oficinas de derechos humanos en las guarniciones militares. Se financiaron nuevas unidades de derechos humanos en la Fiscalía y la Procuraduría y se presentaron proyectos cuyo tránsito dependerá, señoras y señores congresistas, de su empeño en la próximo legislatura, como el Código de Justicia penal Militar y la tipificación de los delitos relacionados con la desaparición forzosa, las masacres y los desplazamientos forzosos y los asesinatos selectivos. En las próximas horas reiteraré los mensajes de urgencia correspondientes para que el trámite de estas normas se agilice.

Somos conscientes de que solamente la adopción de un compromiso firme y decidido en la defensa de los derechos humanos por parte de sus agentes le dará al Estado la autoridad moral suficiente para sentarse en una mesa de negociación para demandar de los grupos alzados en armas una actitud equivalente en relación con el manejo ético de la guerra.

Esta defensa de las víctimas de la violencia llegó también a los 340.000 desplazados. Creamos el Sistema Nacional de Atención a los desplazados e invertimos más de 65 mil millones de pesos en su atención básica, bajo una dirección que se puso a cargo de una Consejería Presidencial.

El desplazamiento forzado se ha convertido en una macabra forma de lucha que utilizan los grupos armados en conflicto para convertir tragedias humanas en motivos de reclamación política. En muchas ocasiones, ante una amenaza, obligan a desplazar la gente de la zona para que proteste en contra de sus enemigos. Forzar el desplazamiento resulta tan criminal como la creación de las condiciones de inseguridad que aterrorizan la población en sus bienes y en sus vidas.

Un segundo elemento de nuestra política de paz tiene que ver con la participación de la sociedad civil en la gigantesca tarea de la reconciliación de Colombia.

En Colombia no funcionan los procesos de paz sin rostro, el país desconfía con razón de esos experimentos de laboratorio, conducidos a través de negociaciones secretas y a espaldas de la opinión, por solícitos mensajeros que andan, como cinematográficos agentes secretos, buscando la paz en parajes desconocidos.

Está demostrado que la presencia de la sociedad civil en la búsqueda de la paz no solo es conveniente sino inevitable. Así quedó demostrado con la utilidad de ciertos organismos y foros como la comisión de conciliación, la Red de Iniciativas por la Paz, el mandato por la Paz, la Asamblea permanente por la Paz, y el Consejo Nacional de Paz, creado por la Ley 434 de 1998, como organismo legal en el cual se podrán encontrar el Estado con la sociedad civil de manera orgánica y permanente.

Con el tiempo, observamos la utilidad de extender este espacio de concertación a todas las autoridades regionales, encabezadas por sus respectivos gobernadores. Autorizamos entonces los diálogos regionales con los grupos armados para crear situaciones particulares de distensión y adelantar gestiones humanitarias.

El carácter nacional de la solución del problema de la paz no implica que se desconozcan las circunstancias locales o regionales de la violencia que tienen que ser tenidas en cuenta. Estas autorizaciones, catorce en total, quedarán en suspenso el próximo 7 de agosto, a la espera de una decisión del próximo Presidente, a quien públicamente le recomiendo que las mantenga.

La comunidad internacional tampoco se puede quedar por fuera. Durante muchos años predicamos que el problema de la violencia era asunto exclusivo de Colombia. Mientras que los grupos armados desarrollaban eficaces acciones internacionales a través de verdaderas cancillerías paralelas, el Estado colombiano siempre estaba a la defensiva interna.

Aunque el problema tendrá que ser resuelto a la colombiana y por los colombianos, resulta indispensable la participación de la comunidad internacional, como lo planteé en las naciones Unidas y más tarde en la Cumbre Iberoamericana en la Isla Margarita, en la facilitación, seguimiento, verificación y amigable composición del proceso.

No le tengamos miedo a compartir nuestro anhelo de paz con otras naciones y experiencias. Así lo pude comprobar en las múltiples visitas que realice a más de 33 países durante estos años como presidente del Movimiento de Países No Alineados, años durante los cuales Colombia ejerció un liderazgo mundial que jamás había tenido.

Participamos en la resolución de los más importantes conflictos, como el del Medio Oriente, los grandes lagos en el Africa o el enfrentamiento de Pakistán y la India. Hoy mismo tenemos la presidencia del Grupo de los Tres, que nos une con México y Venezuela y la de la Comunidad Andina. La voz de Colombia fue oída en las Naciones Unidas, en la Conferencia Islámica, en la Organización Mundial del Comercio, en la FAO, en la Organización Africana, defendiendo la posición de los países del tercer mundo.

Esos países y esos jefes de Estado no son indiferentes a nuestro conflicto. Tenemos muchos amigos para que nos ayuden y debemos aprovechar sus buenos oficios.

El papel que pueden cumplir estos actores indirectos o facilitadores de la paz está determinado y supeditado a la existencia de una iniciativa concreta de paz que responda, simple y sencillamente sobre el cómo, el cuándo, el quién, el dónde y el qué de la paz que queremos. El cómo tiene que ver con las circunstancias mismas de la negociación.

Con la aprobación de la Ley 418 de 1997, conseguida durante mi gobierno, el Presidente de la República queda dotado de todas las facultades legales necesarias para brindar las garantías y adoptar las medidas de aseguramiento necesarias para llevar adelante el proceso.

En desarrollo de estas facultades puede expedir salvoconductos, crear zonas de distensión y suspender órdenes de captura cuando se trate de personas pertenecientes a organizaciones armadas que ya hayan aceptado iniciar el proceso de acuerdo y se trate de delitos relacionados con la acción política militar de sus miembros.

El cuándo de la paz resultará de la evolución de las negociaciones. Aunque no hay tiempo que perder en la búsqueda de los primeros contactos, también debemos estar preparados para que el proceso dure varios años.

En todo caso, sabemos que no será un proceso lineal sino de altibajos. La paz puede requerir la desvelada labor de varios gobiernos. Por ello es recomendable asumirla como una política de Estado y no como de un solo cuatrienio.

El quién hace relación a los llamados a participar. No es posible conseguir un acuerdo de paz permanente y durable, si no están involucrados en su negociación todos los actores armados. Me refiero, por supuesto, a todos los grupos de la subversión y a los mal llamados grupos paramilitares que, como los anteriores, deben ser combatidos con la misma energía pero también ser invitados a participar en lo que podría ser un proceso con dos mesas de negociación simultáneas.

El reconocimiento político de estos agentes de la violencia, permitido en la nueva Ley de orden público, debe quedar supeditado a su compromiso explícito de abstenerse de seguir cometiendo las criminales masacres que han llevado a cabo recientemente como las de Barranca, Mapiripán o la Horqueta.

De hecho, los acercamientos políticos entre mi Gobierno y los dirigentes de las autodefensas quedaron suspendidas cuando insistieron en esta demencial táctica de lucha.

Todo sitio es bueno para hablar de paz siempre que exista una manifestación de voluntad explícita de avanzar en ella. Si las Farc están en la paz que devuelvan, por ejemplo, a los soldados de Patascoy como una muestra de su compromiso con la paz.

Lo que determina la posibilidad de decretar o no el despeje de una zona es que existan en ella condiciones necesarias para garantizar el acceso y la movilización de los negociadores y facilitadores de los acuerdos.

Durante mi gobierno no he aceptado despejar zonas en las cuales se estuvieran desarrollando operaciones militares o de lucha contra las drogas que podrían verse seriamente afectadas por la neutralización militar del área.

Se despeja para hacer la paz pero no para ceder espacios tácticos o estratégicos que faciliten la continuación de la guerra.

Finalmente, la iniciativa de paz debe considerar el que de la paz.

Es decir, ha de tener presente para qué nos sentamos a negociar. La decisión respecto a qué precio estamos dispuestos a pagar por la paz no puede quedar en las manos exclusivas del gobierno de turno, debe ser una decisión compartida colectivamente.

tienen razón las organizaciones alzadas en armas, particularmente el Eln, cuando plantean que el verdadero acuerdo de paz será el que se consiga cuando coincidamos en el modelo de desarrollo que requiere Colombia para que haya una mayor justicia social.

el gran interrogante que tendrá que resolver el acuerdo de paz es cómo repartir mejor los ingresos y bienes del país sin dejar de seguir creciendo. Se trata del gran reto y la gran paradoja del desarrollo latinoamericano.

Cuánto podemos ceder en aras de un país más justo? Hasta dónde podemos llegar en materia de concesiones institucionales? Cuál será el papel de nuestras fuerzas armadas en ese nuevo escenario? Permítanme ofrecer algunas reflexiones alrededor de esas tres inquietudes, las tres grandes inquietudes del proceso de paz que serán las bases del contrato social de paz del siglo XXI.

Mi gobierno convirtió la inversión social en la columna vertebral de su Plan de Desarrollo.

El índice de necesidades básicas insatisfechas muestra que en estos cuatro años la población situada por debajo de este índice, que mide la línea de la pobreza, descendió de 32.7 por ciento en 1993 a 27 por ciento en 1997.

Dicho en otros términos, el número de pobres disminuyó en 1.400.000 personas. A qué se debió este avance sustantivo en la lucha contra la pobreza? A que revertimos la política económica que encontramos, defendimos el peso, volvimos a proteger la agricultura, concertamos la disminución de la inflación e hicimos un ajuste fiscal progresivo, relativamente indoloro en su costo social.

Y por supuesto, a qué invertimos mucho más en los pobres.Mientras que el promedio de participación de la inversión social respecto al Producto Bruto en América Latina es del 9.7 por ciento, nosotros conseguimos subirlo por encima del 15 por ciento.

Los programas que más ayudaron a revertir la tendencia heredada que castigaba a los más pobres, fueron el aumento en la cobertura de servicios públicos, especialmente agua potable; el haber triplicado el número de colombianos cubiertos por la salud hasta llevarlo a 22 millones, la creación de casi millón y medio de nuevos cupos y subsidios escolares y los positivos resultados de la Red de Solidaridad.

Debo declarar con orgullo que esta Red que llevó sus beneficios a tres millones y medio de personas, los más pobres entre los pobres, como los ancianos, las madres cabezas de familia y los jóvenes sin trabajo, ha sido imitada por muchos otros países.

Saldré del gobierno a defender estos programas sociales porque estoy convencido que su continuación y su profundización resultan indispensables para legitimar los acuerdos de paz que se consigan y porque son la razón de ser del proyecto político que me llevó a la Presidencia de República.

Los acuerdos de paz y los recortes fiscales tienen una similaridad y es que ninguno de los dos debe hacerse pisando a los más necesitados.

Faltaría a la consistencia en este análisis si no les dijera a ustedes que cualquier negociación de paz pasa necesariamente por un fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública y la continuación de los éxitos notables que hemos conseguido en la lucha contra el narcotráfico, que hoy financia las distintas formas de violencia que se están enfrentando.

No se trata de volver a caer en el falso dilema represión o diálogo. Se trata de entender que en los procesos de reconciliación armada, tan importante es la fuerza de la razón como la razón que otorga la fuerza.

Conscientes de esta necesidad, iniciamos un proceso de modernización de la fuerza pública cuyos resultados están a la vista.

Con los recursos de los Bonos de Guerra y apropiaciones presupuestales adicionales, invertimos en el reequipamiento de nuestras fuerzas más de 2 billones de pesos.

Se financiaron 25 unidades adicionales, entre brigadas, divisiones y batallones.

Se creó la aviación del Ejército.

La Armada Nacional recuperó su capacidad de vigilancia estratégica de nuestros mares, gracias a ella y en desarrollo de operaciones de lucha contra el narcotráfico, regresamos a posiciones donde no íbamos hace diez años, como nuestras áreas territoriales en el área de la Guajira.

La Fuerza Aérea multiplicó sus unidades, resucitamos Satena y descentralizamos nuestras bases aéreas para hacerlas más eficientes.

Instalamos una moderna red satelital de comunicaciones militares.

Renovamos totalmente a la Policía en su cuerpo y en su alma, sacando a los corruptos.

Creamos un moderno sistema de coordinación de inteligencia y desmontamos la tristemente famosa Brigada XX, para sustituirla por una inteligencia militar operativa subordinada a los mandos regionales.

Como resultado, tenemos hoy unas fuerzas más eficientes, según se demuestra con el restablecimiento del orden en extensas áreas, particularmente en el sur de Colombia.

Son unas fuerzas más inteligentes y mejor administradas gracias al establecimiento de modernos sistemas de planeamiento y estrategia financiera y más legítimas por su compromiso con los Derechos Humanos.

Ojalá en el futuro una buena parte de este presupuesto, grande para los promedios del continente y pequeño para los desafíos de la violencia, pudiera canalizarse hacia la paz; mientras tanto, las armas de la República deberán estar al servicio de que cese la violencia y se garantice el orden, la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos, como lo ordena la Constitución y lo estamos enseñando en los cuarteles, a soldados y policías.

Conscientes de que el fin último de cualquier tratado de paz debe ser el de radicar en el Estado el monopolio legítimo de la fuerza, combatimos todas las formas de subversión y criminalidad organizada con dureza y con justicia.

Jamás permití que se atropellaran los derechos de los combatientes, censuré cualquier forma de guerra sucia, personalmente denuncié los abusos de autoridad de algunos servidores públicos y solicité investigar penal y disciplinariamente a quienes cayeron en conductas al margen de la Ley o de la ética.

Jamás transigí con la corrupción, la denuncié y la perseguí de la mano con el Ministerio Público hasta llevar a sus protagonistas a la cárcel y demandar el resarcimiento económico de sus delitos.

Preferí así enfrentar el escándalo público con fines políticos alrededor de los casos más conocidos que tapar las conductas delictivas o transar de manera cómplice con sus protagonistas.

Apoyé la tarea heroica que viene cumpliendo la actual Fiscalía General e la Nación al investigar los grandes crímenes porque estoy convencido de que es más difícil y riesgoso, así produzca menos publicidad, perseguir capos, líderes guerrilleros y comandantes de autodefensas que encarcelar parlamentarios, periodistas o banqueros.

Las puertas para una salida política del conflicto siempre estuvieron abiertas. Así lo probamos al suscribir los acuerdos para la devolución de los soldados en el Caguán, el retorno de los observadores internacionales de la OEA y el propio Preacuerdo de Viana, precursor de los Acuerdos de Maguncia, que no se frustró por nuestra culpa, como se ha dicho injustamente, sino por la utilización política que de él hicieron los enemigos del Gobierno para evitar que yo mostrara algún suceso en relación con la paz durante mi período de gobierno.

El gobierno se la jugó duro contra el crimen, pero siempre jugó limpio.

Por ello, en este análisis del panorama de la paz, que es la otra cara del paisaje de la violencia, es inevitable una referencia al tema de la droga y la lucha que hemos librado contra ella.

Tal vez ningún Gobierno había logrado hacer tanto en la lucha contra la droga como el que presido.

Destruimos más del 80 por ciento de los cultivos ilícitos erradicados en el mundo entero e iniciamos un revolucionario programa de sustitución social de cultivos, a través del Plante, con inversiones superiores a los 100 millones de dólares.

En estos cuatro años capturamos al cartel de Cali, desmantelamos todos sus cuadros y apresamos 10 mil narcotraficantes que están en las cárceles cumpliendo esperando su sentencia.

En estos cuatro años suscribimos Convenios de interdicción marítima y área que cubren todas nuestras fronteras.

Destruimos en los últimos cuatro años el 60 por ciento de los laboratorios de procesamientos de drogas que han sido eliminados en toda la historia del país y realizamos las mayores incautaciones de insumos químicos y precursores de toda nuestra historia.

Gracias a la patriótica colaboración de este Congreso que termina, aprobamos la legislación más dura que haya dictado cualquier país contra las drogas.

Consagramos figuras como la Extinción del Dominio de todos los bienes provenientes del crimen organizado, el aumento de las penas que lo castigan, la tipificación del delito de lavado de activos y el restablecimiento de la figura de la extradición de nacionales, prohibida en la Constitución de 1991.

Con la autoridad que nos confirieron estos éxitos, demandamos del mundo el cumplimiento de los principios de integralidad y corresponsabilidad en la lucha contra las drogas.

El de integralidad para que la acción se dirija hacia todos los eslabones de la cadena, comenzando por la producción hasta terminar en la reducción de la demanda, el control del lavado de las utilidades y la prohibición de la venta de los insumos industriales.

El de corresponsabilidad para evitar que nos sigan trasladando a los colombianos todo el peso de la lucha contra un mal que compromete a la humanidad entera.

Luchamos también contra el aberrante mecanismo de la certificación que atribuye a un país el derecho inaceptable de juzgar y condenar, sin ninguna fórmula de juicio, la conducta de otro, ofendiendo su dignidad y soberanía.

En la Cumbre de Santiago de Chile se aceptó la propuesta colombiana de que existiera un procedimiento de evaluación hemisférico de los esfuerzos en esta materia. Será sin duda un sistema más justo que abarcará productores y consumidores de estupefacientes.

En la Cumbre de las Naciones Unidas contra la droga, convocada por solicitud de México y Colombia, los Jefes de estado del mundo entero fueron solidarios con Colombia en su causa y en sus aspiraciones.

Luchar contra el narcotráfico es luchar por la paz. No concibo un acuerdo permanente de paz que no tenga en consideración la necesidad de acabar con el narcotráfico y su formidable capacidad para seguir financiando la violencia que nos azota.

Precisamente, si no existiera la presencia de estos dineros en la financiación de armas., marchas campesinas armadas, grupos paramilitares, ejércitos de sicarios, desplazados, milicias populares y rebeliones en las cárceles, es claro que la situación de la violencia sería más manejable y la paz estaría más cercana de donde está hoy en día.

Por las consideraciones anteriores permítanme decirles, señores congresistas, que, para conseguir la paz, resulta indispensable producir, por la vía disuasiva o persuasiva, la ruptura de esta punible alianza entre la droga y la violencia.

Como todas las grandes batallas, ha sido inevitable que la batalla contra la droga no haya dejado secuelas.

El ajuste ético de la economía resultante de la lucha sin cuartel que libramos contra los carteles, deprimió regiones enteras y ésta situación, sumada a los efectos de una apertura indiscriminada de la economía, el desmonte de los aranceles y las aduanas y la concesión de peligrosas y costosas amnistías cambiarias y patrimoniales, que narcotizaron la economía, agudizó la situación fiscal que hoy atravesamos.

Pero yo les pregunto: Acaso en aras del equilibro fiscal o aún del mantenimiento de las tasas de empleo en algunas ciudades, hubiéramos debido aceptar que nuestro destino siguiese amarrado a las utilidades malditas de la droga? Habría sido patriótico, habría sido ético, habría sido conveniente proteger los ingresos y los capitales del narcotráfico a cambio de seguir satanizados y victimizados ante el mundo? Creo que ustedes me acompañan en que ese no podría ser el camino.

Mucho más si tenemos en cuenta que por primera vez vislumbramos una luz al final de este obscuro túnel desde comienzos de la década de los ochenta.

Recordemos que en aquella época el tema de la droga se reducía a unas informaciones anecdóticas que llegaban de la costa respecto a unos extravagantes ricos que enviaban marihuana y traían mariachis en vuelos expresos desde México.

Desde entonces hasta hoy, hemos sufrido el narcoterrorismo y presenciamos de qué manera los dineros de la droga están financiando la violencia y corrompiendo nuestras instituciones.

Quedan, por supuesto, otro tipo de secuelas: las morales.

Durante muchos años fuimos tolerantes con la intromisión de éstos dineros en nuestra sociedad, en la economía, en la política.

Como se sabe, fui víctima de esta invasión en la campaña que me llevó a la Presidencia de la República, así lo confirman las confesiones de quienes la manejaron administrativamente y las propias pesquisas de la justicia.

Cuando me enteré de esta desafortunada circunstancia, puse inmediatamente a disposición de este Congreso, juez natural del Presidente de la República, el juzgamiento de mi conducta.

Lo único que exigí entonces, amenazado como estaba por algunos medios de comunicación con un inminente linchamiento, fue el respeto al debido proceso, garantía jurídica para que cualquier ciudadano pueda ser juzgado de conformidad con la Ley. (VER MAÑANA LA SEGUNDA PARTE)

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