CAE RESTRICCIÓN EN L INGRESO DE TAXIS

CAE RESTRICCIÓN EN L INGRESO DE TAXIS

Las restricciones fijadas por el alcalde Jaime Castro, en octubre de 1993, para el ingreso de nuevos taxis a Bogotá, sufrieron ayer un revés en los estrados de la Justicia. El Consejo de Estado dio vía libre al ingreso de taxis al parque automotor de la capital del país.

18 de marzo 1994 , 12:00 a. m.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo dejó sin vigencia temporal las normas a través de las cuales la administración del Distrito Capital limitó el acceso de vehículos, tipo taxi, al servicio público.

En criterio de la corporación, los alcaldes no están facultados para adoptar normas a través de las cuales se prohiba el ingreso de esta clase de vehículos en el país.

A juicio del Consejo de Estado, el alcalde Castro excedió las disposiciones consagradas en el decreto 236 de 1991, en el cual se estipuló la libertad de ingreso de vehículos tipo taxi al servicio público en el territorio.

Así lo determinó ayer la Sección Primera, sobre ponencia del magistrado Yesid Rojas Serrano, al decretar la suspensión provisional del decreto 613, expedido el 14 de octubre de 1993.

En el decreto 613 se consagró, en esencia, las reglas de juego sobre la reposición del equipo automotor y se reglamentó el acceso de taxis al servicio público. Criterios El Consejo de Estado explicó que las restricciones impuestas por la administración del Distrito Capital para el ingreso de estos automotores a la capital son abiertamente contrarias a la legislación.

El fudamento legal que le hubiese podido servir a esta restricción ya fue derogado en 1991, cuando se abolieron los decretos 80 de 1987 y el decreto 493 de 1900 , explicó ayer un magistrado a este diario.

La derogatoria, observó la corporación, se produjo a través del decreto 236 de 1991, en cuyo artículo primero se dispuso la libertad de ingreso de los vehículos tipo taxi en el país.

No hay una norma que prohiba directamente el ingreso de esta clase de automotores al servicio público y por lo tanto no se pueden imponer restricciones para el efecto , explicó el jurista.

La corporación consideró, a la vez, que el alcalde se excedió en las facultades de delegación contenidas en la Ley 15 de 1959, en la cual se le permite a los burgomaestres regular la forma de prestación del servicio de transporte público.

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