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SÍ HAY TUTELA CONTRA ARBITRARIEDAD JUDICIAL

SÍ HAY TUTELA CONTRA ARBITRARIEDAD JUDICIAL

La Corte Constitucional advirtió ayer que sí se puede interponer una acción de tutela cuando una decisión judicial es arbitraria o ilegal de cualquier juez de la República. Así, en los casos en que es manifiesta la violación de derechos ciudadanos fundamentales, el afectado puede acudir a la tutela y obtener inclusive la revocatoria de una sentencia.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
18 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

El criterio avalado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional es que la tutela procede cuando la decisión del juez es producto de las vías de hecho y no de una actuación en derecho.

La decisión trascendió junto con un comunicado de la Presidencia de la República, que informó que no habrá un nuevo decreto reglamentario de la tutela en materia de prensa.

El principio general sobre la improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales no excluye la interposición del recurso frente a actuaciones arbitrarias o ilegales de cualquier juez de la República.

Así, en los casos en que es manifiesta, palmaria e inexcusable la violación de derechos ciudadanos fundamentales, el afectado puede acudir a la tutela y obtener inclusive la revocatoria de una sentencia judicial en firme.

El criterio dorsal que avalan por igual la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional es que es viable acudir a la tutela cuando el fallo proferido y claramente violatorio de los derechos fundamentales es producto de una actuación de hecho y no de una actuación en derecho.

A ese respecto, la Corte Constitucional enfatizó: a los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, les está vedado actuar por fuera de las funciones atribuidas por la Constitución o la ley.

El Estado social de derecho, los fines sociales del Estado y el principio de igualdad ante la ley constituyen el marco constitucional de la doctrina de las vías de hecho, la cual tiene por objeto proscribir las actuaciones arbitrarias de la autoridad que vulneran derechos fundamentales .

Más aún, en concepto de la Corte, la vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable y obedece a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de las personas, la protección constitucional de esos derechos y la prevalencia del derecho sustancial . Debido Proceso En tales eventos, una vez se comprueba la vulneración de derechos fundamentales, el juez de tutela deberá examinar si la decisión adoptada se encuentra dentro del mundo jurídico o si por el contrario corresponde a un acto de hecho y arbitrario. En el último caso, señaló la Corte, la tutela debe prosperar en defensa de los derechos ciudadanos.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se produjo con base en una ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes, que confirmó una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema concedió la tutela elevada por una mujer que, sin oportunidad alguna, fue condenada a perder la patria potestad sobre su hijo por resolución del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que luego confirmó una sentencia judicial.

El examen del caso por parte de la Corte Suprema evidenció que la defensora de Familia dictó la respectiva resolución sin dar oportunidad alguna de defensa a la madre del menor y sin decretar las pruebas que ésta solicitó para evitar la medida del ICBF.

Posteriormente y a pesar de lo abiertamente irregular del procedimiento de orden administrativo, un juzgado de familia decidió homologar la decisión del Instituto sin ordenar que se subsanaran los vacíos del caso y se respetaran los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa, el acceso a la justicia y la igualdad de condiciones frente a la ley.

Con base en unos y otros hechos, la Corte Suprema concedió la tutela y esa decisión es la que ratificó ayer la Corte Constitucional.

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