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QUÉ HACER CON EL PARAMILITARISMO

El punto 17 de los veinte que constituyen la Política de paz para el cambio , anunciada el 8 de junio por el entonces candidato Andrés Pastrana, propone mano dura con los paramilitares , lo que descarta el reconocimiento de status político al paramilitarismo. Hasta ahora, Pastrana, como presidente electo, ha cumplido los puntos 10 ( diplomacia personal para convocar a naciones, como Francia, para la paz), 8 ( liderazgo presidencial para el proceso de pacificación, como lo probó el encuentro con Tirofijo y Jojoy ) y 5 (establecimiento de zonas de despeje como una prioridad, como lo destacó en su comunicado del 9 de julio). La pregunta es: podrá dar cumplimiento al punto 17?

Juan Gabriel Tokatlián Especial para EL TIEMPOjulio 19 de 1998, 12:00 A.M.

El gobierno de Ernesto Samper escogió la peor táctica imaginable para afrontar el asunto paramilitar: ni los combatió ni los reconoció; los trató como delincuentes, pero les prometió un asiento en una negociación futura; no depuró al Estado de los que han alentado al paramilitarismo, mientras condenó de modo grandilocuente los actos de barbarie de los paramilitares. Como lo corroboran innumerables ejemplos estudiados por la teoría de juegos en el campo de la política, la diplomacia, la economía y la guerra, los comportamientos ambivalentes les sirven a las contrapartes para adoptar decisiones estratégicas: incrementar el uso del recurso más poderoso que tiene en este caso, el ejercicio de la mayor violencia posible para acceder a una posición negociadora fuerte que les permita estar más cerca de su objetivo en este caso, el reconocimiento de status político.

Colombia se debate entre la angustia, la simpatía o la convicción para darle status político al paramilitarismo. Un heterodoxo caleidoscopio de voces influyentes, que aún no constituye un grupo de presión homogéneo y militante, se ha ido expresando tácitamente a favor de ello. Independientemente de la polémica interna sobre la conveniencia de ese reconocimiento y debido a la complejidad de una decisión que involucra factores éticos, políticos y jurídicos, es importante analizar este tema desde una perspectiva más amplia. Hay que detenerse, entonces, en las experiencias y señales internacionales.

Ideológicamente, los casos semejantes comprueban que la ausencia de un proyecto medianamente democrático de grupos armados de derecha hace que más temprano que tarde pierdan su hipotético sentido político y retomen prácticas criminales más afines a su origen. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos creó insurgencias derechistas contra poderes de izquierda. En Afganistán, fueron los talibanes; en Nicaragua, los contras; en Angola, el movimiento Unita y en Mozambique, el Renamo.

Como sucedió en Colombia, una vez creados, financiados y amparados, estos grupos armados reaccionarios adquieren cierta vida propia porque, en últimas, operan bajo un telón de fondo realmente crítico. En aquellos casos, el reconocimiento político fue exógeno; fue garantizado por Washington y con ello la derecha armada logró avances inocultables. Hoy, parcial o totalmente derrotados los proyectos de izquierda en esas naciones, talibanes, contras, unitenses y renamos han demostrado con claridad que, en realidad, nunca fueron una alternativa política pluralista y democrática y, por lo tanto, han retomado conductas violentas y delictivas. Sucederá lo mismo en Colombia?

Fractura territorial?

Políticamente sería difícil convencer a la comunidad mundial, compuesta por países, organizaciones no gubernamentales y entidades supranacionales, de que un reconocimiento de status político al paramilitarismo no es más que el entronizamiento inexorable de la impunidad en Colombia. En ese contexto, y cuando avanza en Roma la constitución de un Tribunal Penal Internacional, no sería descartable que el caso colombiano se llegue a convertir en uno en que la comunidad de naciones decida intervenir para juzgar los crímenes de lesa humanidad que en el país se ocultan, desconocen o se dejan de castigar. Está Colombia consciente de lo que sucede en el mundo respecto a los derechos humanos?

Diplomáticamente es azaroso pensar que el sistema mundial continuara tratando al Estado colombiano como si nada hubiera ocurrido, luego de que este le ofrezca status político al paramilitarismo. Muchos, si no la mayoría de países, se preguntarán para qué seguir interactuando con un Estado que ya les ha dado legitimidad política a las guerrillas y ahora se la brinda a los paramilitares. Sería más útil comunicarse con esas fuerzas no institucionales de modo directo porque, de hecho, poseen, en conjunto, más soberanía geográfica que el gobierno central. Podría ello, a su turno, conducir a una fractura territorial de Colombia?

Por todo lo anterior, entonces, le convendría al gobierno entrante de Andrés Pastrana evaluar con detenimiento qué hacer con el paramilitarismo: asimilar las presiones internas en favor del otorgamiento de status político, o sopesar más la expectativa contraria en el frente internacional. El nuevo presidente, el Estado y el país enfrentan un dilema. Lo único cierto es que la situación en ese terreno no admite nuevas maromas o viejos silencios.

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Juan Gabriel Tokatlián Especial para EL TIEMPOjulio 19 de 1998, 12:00 A.M.