AJUSTE

La perspectiva de un ajuste fiscal en momentos en que el desempleo es el más alto de la historia reciente, y cuando el país necesita invertir en infraestructura y en paz, es inquietante.

18 de julio 1998 , 12:00 a. m.

Al revés de lo que intenta el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso, el ajuste fiscal debería hacerse sin afectar la inversión prioritaria en infraestructura y preservando la inversión en capital humano educación y salud siempre y cuando no se trate de gasto corriente disfrazado. En otras palabras, se podría sugerir que para calcular el déficit fiscal no se tenga en cuenta la inversión productiva del Estado, siempre y cuando dicha inversión se pueda financiar y sea verdaderamente productiva. Ello permitiría llevar a cabo el ajuste sin que recaiga su costo sobre los sectores más pobres y más vulnerables de la población.

La metodología consistiría en sacar de la cuenta una serie de gastos prioritarios, siempre y cuando estos gastos se realicen en proyectos de infraestructura de máxima prioridad y en educación o salud, con la condición de que los que se hagan en estos dos sectores sean enfocados a elevar las posibilidades de acceso de los sectores más pobres de la población a estos servicios, y la calidad de los mismos. El resto del presupuesto se podría recortar sin misericordia, hasta alcanzar el nivel deseado de gasto en relación con el producto interno bruto, dándole prioridad en el recorte a aquellos sectores de la burocracia que no aportan al desarrollo o al buen funcionamiento del Estado.

El primer candidato para ese tipo de recortes sería el servicio diplomático. La mayoría de los puestos oficiales en el exterior restan valor en lugar de añadirlo, con lo cual se podría hablar de que se trata de una lumpen-diplomacia, más que de un servicio público en el extranjero. Otra burocracia igualmente inútil es la del Ministerio de Educación porque se interpone entre la educación y la gente. De la misma manera, si se invierte en la paz y en el progreso, habrá que invertir menos en la guerra.

Para que esta propuesta resulte congruente con las metas de crecimiento de largo plazo y con el propósito permanente de mantener la estabilidad y una economía sin distorsiones mayores, es indispensable que el Gobierno sea recto para escoger la infraestructura y los proyectos en educación y salud que son verdaderamente inversión prioritaria, en el sentido de romper cuellos de botella improductivos, de rebajar costos de producción o de aumentar la competitividad de los colombianos. La pobreza y la ausencia de salud y educación en algunos grupos sociales son factores que no solamente inciden negativamente sobre la equidad en la sociedad y que, por ello mismo, fomentan la violencia y la desesperación, sino que también contribuyen al atraso general e impiden que aumente la productividad.

Adicionalmente, resulta imprescindible que el Gobierno se dé cuenta de que el gasto no es malo en sí mismo, pero que siempre lo es cuando es improductivo. Si la plata se va a utilizar para malgastarla o para financiar corrupción, es mucho mejor no gastarla. Si se hace un inventario del sinnúmero de proyectos de inversión que han quedado a medio construir, de los maestros que reciben sueldo para ir a tomar tinto cerca de las escuelas, o para educar mal a los niños, de los generales que echan barriga en las oficinas, de los médicos que atienden mal a sus pacientes o que los operan de lo que no es, de los burócratas que se pasan la vida creándole obstáculos al progreso, y de todos los parientes de políticos y de otras personas influyentes que medran en la burocracia estatal, hay mucho de dónde recortar sin hacerle daño a la sociedad.

Ese sería un ajuste justo, necesario y productivo: sacar a los lagartos y a las lacras de la burocracia para que los demás podamos respirar y progresar.

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