PASÓ PENALIZACIÓN DEL ABORTO EN COLOMBIA

PASÓ PENALIZACIÓN DEL ABORTO EN COLOMBIA

Luego de una encendida discusión y por seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional dejó anoche incólume la penalización del aborto en Colombia. La corporación avaló las penas de prisión de uno a tres años para la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause.

18 de marzo 1994 , 12:00 a. m.

A la misma sanción, observó la Corte, estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, incurra en esta clase de conductas al margen de la ley.

A juicio de la corporación, el aborto constituye un delito tipificado en la legislación nacional y va en contra de los derechos fundamentales no sólo de la mujer, sino del hijo que está por nacer.

Para la Corte Constitucional es claro que el derecho a la vida debe protegerse desde el comienzo de la existencia natural de la persona, es decir, desde la concepción y no desde su nacimiento .

Sobre ponencia del magistrado Antonio Barrera, la corporación dijo que el aborto va en contra, incluso, de la protección estatal especial consagrada en la Constitución en favor de la mujer embarazada.

Durante el embarazo y después del parto, la mujer gozará de especial asistencia y protección del Estado , recordó la corporación.

Con estos argumentos, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 343 del Código Penal, que consagra las penas para quienes incurran en aborto.

Los magistrados partidarios de la decisión fueron Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Hernando Herrera Vergara y Antonio Barrera.

A su juicio, existen, a la vez, pactos internacionales, suscritos por Colombia, que también protegen a la persona que está por nacer .

Mientras que los juristas que se apartaron de la determinación de la mayoría fueron Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz.

Otros fallos En otra decisión, la Corte amplió los alcances de la tutela contra los particulares encargados de la prestación de los servicios públicos y dijo que el recurso procede para la protección de todos los derechos esenciales.

Sobre ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo, la corporación señaló que no puede haber limitación para la viabilidad de este recurso cuando se trate de servicios públicos.

Toda vez agregó la Corte que la tutela procede contra particulares encargados de un servicio público, cualquiera que sea el servicio de que se trate. Así mismo, la ley tampoco podía referirse sólo a unos derechos esenciales, con exclusión de los demás .

Así lo precisó al dejar sin piso jurídico apartes relativos a la definición específica de garantías esenciales de los numerales 1 y 2 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, refetentes a la procedencia de la tutela contra acciones u omisiones de particulares.

La Corte respaldó, igualmente, las calidades para ser elegido alcalde. Esto es: ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o haber sido vecino del respectivo municipio o la correspondiente área metropolitana durante el año anterior a la fecha de inscripción como candidato, o durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época.

Este pronunciamiento lo hizo, sobre ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, al declarar la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 49 de 1987.

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