El presidente de Acemi, Oscar Emilio Guerra, afirmó ayer a este diario que las dos demandas presentadas ante el Consejo de Estado que buscan autorizar a las empresas que ofrecen planes voluntarios de salud para aplicar preexistencias a los enfermos de sida no producirán efectos respecto del Plan Obligatorio que ofrecen las Empresas Promotoras de Salud.
Guerra señaló que la decisión sólo cobijaría a las EPS en cuanto a los planes complementarios que ofrecen. Estos son de naturaleza voluntaria y similares a los de las empresas de medicina prepagada.
Según Guerra, los enfermos de sida no tienen de qué preocuparse, pues no serán excluidos de los servicios médicos. Lo que está en discusión es si en los casos en que se contratan planes voluntarios de atención que son contratos de naturaleza comercial es posible considerar al sida como una preexistencia.
La polémica sobre la posibilidad de practicar exámenes a los enfermos de sida se originó el pasado 13 de enero cuando EL TIEMPO reveló la existencia de un proceso ante el Consejo de Estado.
Su objetivo es permitir a las empresas de medicina prepagada y aseguradoras realizar exámenes de sida a quienes quieran afiliarse a ellas.
Esto con miras a excluir al sida de los planes de atención si la enfermedad se contrajo antes de la firma del contrato.
Los demandantes defienden el derecho de las empresas de salud de poder incluir las cláusulas que acuerden libremente las partes, mientras que quienes se oponen a las demandas dicen que sería una forma de discriminar a los enfermos de sida.
De acuerdo con el abogado Germán Rincón Perffeti, la atención médica no es como cualquier otro negocio sino que tiene unas implicaciones especiales: hay un compromiso de proteger a las personas que por más que sea prestado por los particulares no puede desconocerse.
